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Columnas de opinión | Pluna | Lacalle |

Asumir el error

Blancos son responsables por la ruina de Pluna

Si bien desde la salida de la dictadura liberticida se reclamaban soluciones para un negocio que era deficitario, fue Lacalle Herrera el que perpetró el desaguisado de acordar una asociación con una línea aérea brasileña que ya tenía dificultades.

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El responsable de la pérdida del juicio internacional en un tribunal de Nueva York, entablado por la empresa panameña accionista de la clausurada compañía de navegación aérea de bandera uruguaya Pluna, es, desde su origen, el Partido Nacional, porque en 1993 el presidente Luis Alberto Lacalle Herrera privatizó el ente estatal y este Gobierno, presidido coincidentemente por su hijo, perdió el contencioso, por ineptitud o deliberadamente, para obtener réditos políticos.

Cuando en 2012 el Gobierno del presidente José Mujica resolvió el cierre de Pluna, no existía otra alternativa, ya que ésta daba pérdidas y la quiebra de la brasileña Varig, que detentaba la mayoría del paquete accionario del consorcio binacional, la precipitó también al abismo. “Una cosa es cargar con los clavos de Pluna y otra con los clavos de Varig”, aseveró el por entonces jefe de Estado.

En efecto, en el período en el cual Pluna funcionó como una asociación público privada, el Estado perdió 350 millones de dólares, incluyendo el lapso en el cual estuvo asociada con la aerolínea brasileña y en su sociedad con Leadgate. Tal vez el error de los gobiernos del Frente Amplio fue no haber reestatizado dicho ente estatal pese a las pérdidas, acorde con la necesidad de seguir contando con una línea aérea de bandera nacional.

Desde su fundación, que data de 1936, Pluna siempre fue una empresa deficitaria y que afrontó diversos problemas financieros para funcionar. En ese contexto, la compañía, que era privada, se asoció en 1940 con el Estado durante la presidencia del colorado Alfredo Baldomir y, en 1951, fue estatizada por el Gobierno del batllista Andrés Martínez Trueba.

Así funcionó hasta 1993, cuando la administración encabezada por el herrerista Luis Alberto Lacalle Herrera la privatizó parcialmente, mediante una asociación con la brasileña Varig, que en lo sucesivo detentó la mayoría del paquete accionario.

El resto de la historia es bien conocida, con la quiebra de la empresa norteña como punto de inflexión y comienzo del fin.

Pese a que los balances demostraban que Varig era inviable, para la jurisprudencia brasileña Pluna era parte del conjunto económico y, por ende, debía hacerse cargo de las deudas y el pasivo de ésta. En consecuencia, los reclamos judiciales serían planteados ante el Estado uruguayo, en calidad de corresponsable por las obligaciones contraídas por la asociación binacional. Incluso, la delicada situación ponía en peligro a los propios aviones de propiedad de la línea aérea uruguaya, que podían ser secuestrados como garantía.

Si bien desde la salida de la dictadura liberticida se reclamaban soluciones para un negocio que era deficitario, fue Lacalle Herrera –quien quería privatizar hasta los tornillos– el que perpetró el desaguisado de acordar una asociación con una línea aérea brasileña que ya tenía dificultades.

Esa es la verdadera génesis del desastre, lo cual inhabilita al Partido Nacional a criticar a José Mujica por haber tomado la decisión del cierre. En efecto, ya el primer Gobierno del Frente Amplio encabezado por Tabaré Vázquez heredó un clavo ardiente, pese a lo cual se intentaron múltiples estrategias para salvar de la debacle a la única línea aérea uruguaya estatal.

Tras varios años consecutivos de pérdidas millonarias, en los años 2009 y 2010 la aerolínea tuvo balances operativos positivos de 5 y 6 millones de dólares, respectivamente.

Incluso, en 2010 la compañía anunció que continuaría su proceso de crecimiento. En ese contexto incorporó 3 nuevos aparatos CRJ 900 NextGen y proyectó una capitalización de 20 millones de dólares, en la que podrían participar nuevos inversores.

Además, el 4 de octubre de 2011, mediante un comunicado de prensa, la aerolínea anunció el inicio de vuelos regulares dentro de Chile en el primer trimestre de 2012, desde la ciudad de Santiago a Antofagasta, Calama (norte) y Concepción (sur).

Sin embargo, un año después, concretamente el jueves 5 de julio de 2012, mediante un informe de prensa, el directorio de la aerolínea consignó que Pluna suspendía indefinidamente sus operaciones debido a la compleja situación económico-financiera de la empresa, luego de la abrupta salida del inversor privado, Leadgate Investment.

Posteriormente, el 9 de julio de ese año, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley para la liquidación de Pluna, debido a su situación de “insuficiencia patrimonial”, la imposibilidad de la aerolínea de acceder a la liquidez y la carencia de financiamiento. Fue, naturalmente, la crónica de una muerte anunciada.

Uruguay, como país, con gobiernos de los partidos tradicionales y del Frente Amplio, jamás asumió que la única estrategia que permitía mantener operativa una compañía aérea de bandera nacional era subsidiarla y trabajar a pérdida, porque, por razones de escala y en una actividad de fuerte competencia comercial, no era un negocio rentable.

En este tema, que siempre le costó dinero al país, nadie tiene derecho a reprochar, porque todos los partidos políticos que gobernaron tuvieron responsabilidad en lo que sucedió.

Sin embargo, la coalición multicolor, integrada por dos fuerzas políticas que mucho tienen que ver en este proceso, ya que en la década del cincuenta el Partido Colorado –cuando aún era batllista– estatizó la compañía y en la década del noventa el Partido Nacional la privatizó, fueron actores protagónicos.

Sin embargo, apostando a la desmemoria de los uruguayos, ahora, como es de costumbre, responsabilizan de todo al Frente Amplio –que gestionó el país apenas durante 15 años–, pese a que ellos gobernaron o cogobernaron durante bastante más de un siglo y perpetraron todas las crisis de nuestra historia.

En ese marco, los senadores Graciela Bianchi y Sebastián Da Silva, los dos mastines del Partido Nacional, lanzaron una auténtica andanada de denuestos contra el progresismo.

Por supuesto, en las declaraciones de ambos hay una explícita mala intención y una actitud de encubrimiento con un gobierno, el de la coalición republicana encabezada por su propio partido, que no supo o no quiso defender con eficiencia los intereses del país en los tribunales neoyorquinos.

El senador del Movimiento de Participación Popular, Daniel Caggiani, recordó la responsabilidad del Partido Nacional en la aventura privatizadora de Pluna, para que nadie la olvide.

Incluso, el propio precandidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, acusó a los gobiernos frenteamplistas de “hacer negocios ruinosos”, afirmando que la indemnización reclamada por los demandantes era bastante mayor.

Realmente, negocios ruinosos para el Estado son, por ejemplo, pagar sospechosos sobreprecios por la compra de vacunas para inmunizar a los uruguayos contra el covid-19, la adquisición de dos aviones españoles chatarra, la compra de drones a precios superiores a su valor de mercado, la adjudicación oligopólica del servicio de contenedores del Puerto de Montevideo a una multinacional belga hasta 2060, los 19 millones de dólares que el Gobierno le perdonó a los canales de televisión y las radios que son permisionarios y no propietarios, por la explotación del espectro radioeléctrico desde 2020, y los seis puntos de PBI exonerados a los “malla” oro a cambio no sabemos de qué, que equivalen a la friolera de 3.600 millones de dólares anuales.

Realmente, como lo afirmó la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial, Carolina Cosse, resulta sospechoso que este fallo judicial adverso a los intereses del país se conozca en año electoral y cuando la derecha está desesperada porque ya no sabe cómo arreglar los entuertos perpetrados durante estos cuatro años: congelación salarial y de jubilaciones, aumento de la pobreza y la indigencia, estrepitoso fracaso de las políticas de seguridad con récord de homicidios y corrupción a granel.

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