Bolivia: el regreso de los golpistas

El 11 de noviembre fueron atacadas en Santa Cruz, en el oriente boliviano, la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos, que resultó incendiada, y la Central Obrera Departamental. Ocurrió en el contexto del “paro cívico” que, para ese día, ya llevaba tres semanas. Exactamente tres años atrás, el 11 de noviembre de 2019, Evo Morales y Álvaro García Linera partían en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana desde la región del Chapara hacia el exilio: acaba entonces de triunfar el golpe de Estado.

Al frente de aquellos episodios de 2019 y de los que están actualmente en curso se encuentran algunos mismos dirigentes de la derecha cruceña. Uno en particular: Luis Fernando Camacho, quien durante el pasado golpe encabezó la escalada violenta que llegó hasta el centro del poder político en La Paz, y ahora también se encuentra al frente de las acciones. Esta vez, sin embargo, es el gobernador del estado, electo en 2021. Junto a él están otros dirigentes claves y conocidos, como el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo.

Camacho y Calvo comenzaron esta vez las acciones de protestas callejeras para oponerse a la decisión del gobierno nacional de Luis Arce de realizar el censo nacional en 2023. Crearon el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo Nacional junto a otros actores, como la dirección de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y el 22 de octubre iniciaron el paro que anunciaron por tiempo “indefinido”, con el objetivo de que el gobierno decrete el censo para 2023 en lugar de 2024.

Comenzaron entonces los bloqueos en Santa Cruz que escalaron hasta los hechos de violencia del 11 de noviembre, sumado a cuatro muertos, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal, y “enormes daños a la economía” como afirmó el gobierno encabezado por Luis Arce. Durante esas semanas el intento cruceño de irradiar el conflicto al resto del país no dio resultado, y el 12 de noviembre el mandatario anunció la fecha definitiva para el censo en marzo de 2024, dando lugar a una reorientación de la estrategia cruceña.

Del censo al separatismo

“Un acto técnico como es un censo en ningún otro país se ha convertido en un pretexto político para desestabilizar a un gobierno y confrontar a la población”, afirmó Arce durante su esperada alocución del 12 de noviembre. “Convoco a todas las corrientes democráticas de nuestro país, y las que existen dentro del Comité Interinstitucional a cerrar el paso a la violencia y a los intentos de ruptura del orden constitucional que algunas de sus fracciones están llevando adelante, invocamos al retorno de la calma, la paz y la normalidad en el departamento de Santa Cruz”, dijo ese mismo día.

La dirigencia de la derecha cruceña centró la importancia del censo en dos de sus aspectos claves: la distribución de recursos de coparticipación y la cantidad de escaños en el Congreso que derivan del resultado. Según su argumento, la decisión del gobierno de realizarlo en 2024 se debería a su intención de no reconocer la totalidad de curules cruceños para las próximas elecciones, fijadas en 2025, y retardar la nueva cantidad de recursos que deberían ir a Santa Cruz, una región que ha crecido poblacionalmente con una fuerte migración procedente de otros departamentos.

Arce anunció el día 12 que la distribución de recursos derivada del resultado iniciará en setiembre de 2024 y, según los tiempos, los resultados estarán disponibles para calcular el nuevo de escaños para las elecciones de 2025. “Técnicamente se ha demostrado que no es posible” para 2023, anunció en un clima marcado por una muy elevada tensión.

La respuesta de Santa Cruz se dio a conocer el domingo en la noche en el marco de un gran cabildo donde se tomaron varias decisiones, como exigir la liberación de quienes fueron detenidos, que el decreto de censo sea elevado a ley, y el gobierno garantice que los resultados sean aplicados antes de las próximas elecciones. A esas demandas se sumó una que retrotrajo al país a los acontecimientos de 2008: “Revisar la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano”, para lo cual se formará una “comisión constitucional”, y se elaborará “un nuevo modelo administrativo de autogobierno”.

Un golpismo crónico

14 años atrás, en setiembre de 2008, tuvo lugar la Masacre de Porvenir, en el departamento de Pando, donde trece campesinos y dos funcionarios de la Prefectura resultaron asesinados. La investigación realizada entonces por la Unión de Naciones Suramericanas indicó que se trató de una “masacre planificada”. El hecho ocurrió durante el intento de golpe contra el gobierno de Evo Morales que llevaba dos años en el poder y a puertas del referéndum para la votación del nuevo texto constitucional de Bolivia, aprobado en enero de 2009, que decretó, entre otras cosas, el carácter “plurinacional” del Estado boliviano.

El centro de la conspiración provino de Santa Cruz y varios departamentos del oriente del país, donde los dirigentes de las acciones levantaron las banderas de la separación territorial de la conocida como “media luna” oriental. Hubo entonces ataques y tomas de instituciones públicas, aeropuertos, actos de violencia contra indígenas, cortes de ruta, grupos organizados de choque, una oleada de violencia como parte de un repertorio golpista que volvió a ser aplicado en 2019, esa vez con éxito por, entre otras causas, lograr llegar hasta La Paz y sumar a las Fuerzas Armadas.

La bandera separatista quedó fuera de agenda luego del fracaso del golpe de 2008 que abrió las puertas al período de mayor estabilidad y crecimiento del país. La reaparición en este 2022 de una idea como “revisar la relación de Santa Cruz con el Estado boliviano” volvió a poner sobre la mesa los recuerdos de la estrategia de 2008, sin significar, por lo tanto, que efectivamente la dirigencia cruceña tenga la fuerza para empujar una hoja de ruta de esa naturaleza. El anuncio sí dejó claro que la demanda por el censo fue centralmente un punto de apoyo para desencadenar un proceso de escalada y confrontación encabezada por dirigentes con antecedentes golpistas.

¿Cuál será el próximo paso? Camacho anunció el lunes en la noche que presentará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que el censo tenga lugar en 2023, a pesar de que se trate de “una competencia privativa del presidente”, como afirmó Evo Morales. Carlos Mesa, expresidente, parte del golpe de 2019 y luego candidato presidencial en 2020 al igual que Camacho, difundió a su vez un proyecto de ley para que el censo se realice en octubre de 2023.

Una ofensiva en medio de fragilidades

Una observación de la cuenta de Twitter de Evo evidencia la situación de tensiones dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS), que se traducen a su vez dentro del gobierno. Antes del anuncio del censo, el expresidente había afirmado que “no decidir -la fecha- es prestarse al juego de la derecha”. Días más tarde escribió: “Luego de la traición al MAS-IPSP en Diputados, los infiltrados aliados de los golpistas pretenden derechizar a nuestro gobierno presidido por el hermano Luis Arce y defenestrar al MAS-IPSP y su dirigencia”.

El tono de Evo evidenció una situación de tensiones que han crecido a lo interno del proceso de cambio. Las disputas emergieron en medio de “los afanes separatistas y sediciosos de la oligarquía de Santa Cruz que cuestiona la integridad del Estado”, como definió Evo la agenda cruceña. Las mismas venían desde antes y parecen haberse acrecentado en las últimas semanas.

“Han comenzado a presentarse fracturas al interior de los niveles dirigenciales del bloque nacional popular y eso es complicado, porque se ha adelantado el debate de quién será el candidato el año 2025, falta mucho, pero ese debate se ha adelantado. Si bien todavía es un tema que está siendo abordado dentro de las élites campesinas, plebeyas, populares, pero élites, y aún no ha logrado fisurar el bloque popular; hay riesgos de que estas peleas y disputas eminentemente electorales vayan a repercutir en la base social, eso sería muy peligroso”, afirmó al respecto el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera.

El gobierno de Arce lleva dos años desde su victoria con 55% de votos en primera vuelta, dentro una arquitectura compleja como es que el principal dirigente político-social del proceso de cambio, es decir Evo, esté fuera del gobierno. “La unidad es fundamental, nos van a querer dividir, de una u otra manera, hablándonos al oído, calentándonos la oreja a algunos de nuestros dirigentes, prometiendo una y otra cosa”, afirmó Arce el lunes 14 durante el acto a 241 años del descuartizamiento de Tupak Katari.

La tensión creciente puede ofrecer un terreno más fértil para los intentos de desestabilización de dirigentes conocidos por sus estrategias golpistas, que se han mantenido hasta ahora en la impunidad. “Se debe encontrar a los responsables intelectuales, materiales, y sancionarlos, que no pase como en el golpe de Estado de 2019, que muchos, como el señor Camacho, Calvo, y otros, siguen libres”, afirmó en una rueda de prensa Flora Aguilar, de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolinas Sisa.

Hasta ahora 15 de los arrestados por los destrozos del 11 de noviembre fueron liberados con medidas sustitutivas, y dos resultaron sentenciados a cuatro años de cárcel por delitos de robo agravado y asociación delictuosa. ¿Resultará suficiente para que termine el paro? Tal vez por estos días, también marcado por el casi mes de protestas y su consecuente desgaste, pero resulta claro que un sector de la dirigencia cruceña tiene una agenda anti-democrática, reivindica sus acciones golpistas de 2008, 2019, y ha vuelto a poner en marcha en un plan de confrontación callejera.