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Mundo

Torturadores

Militares argentinos condenados a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas

Delitos de lesa humanidad: el tribunal consideró probada la privación ilegal de la libertad agravada y torturas por parte de los militares.

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La justicia argentina volvió a dictar una sentencia relevante en materia de derechos humanos al condenar a cuatro militares de la Fuerza Aérea por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar. El fallo fue emitido por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín, que impuso penas de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad contra 111 víctimas.

Los condenados —un exteniente primero, un excapitán y dos excabos— actuaron en centros clandestinos de detención ubicados en la zona oeste del conurbano bonaerense. Entre los sitios mencionados en la causa figura la Mansión Seré, símbolo del aparato represivo, que fue destruida hacia el final del régimen tras la fuga de detenidos.

Condenas por crímenes de lesa humanidad en Argentina

El tribunal consideró probados delitos de privación ilegal de la libertad agravada, torturas, abusos, violaciones y coacciones, y reafirmó su carácter imprescriptible al calificarlos como crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, rechazó planteos de las defensas que buscaban evitar las condenas por el paso del tiempo.

El proceso, iniciado en agosto de 2024, incluyó además una ampliación de la acusación para incorporar delitos sexuales, que no habían sido contemplados inicialmente. Un quinto imputado, exagente de inteligencia, falleció antes de conocerse la sentencia.

Jueces argentinos

Además de las penas de prisión, los jueces ordenaron medidas complementarias como la exoneración de los condenados, la suspensión de beneficios previsionales y el secuestro de sus armas registradas. También dispusieron la reparación del legajo laboral de un médico que fue perseguido y obligado al exilio.

El caso aporta nuevos elementos sobre el funcionamiento del circuito represivo en la denominada Subzona Militar 16, donde operaron múltiples centros clandestinos. La sentencia refuerza el proceso de memoria, verdad y justicia en Argentina, al tiempo que incorpora hechos y responsabilidades que no habían sido juzgados hasta ahora.