Continúan mintiendo

Dijeron que salió del juzgado por la puerta trasera para evitar a la prensa; pero resulta que la Fiscalía no tiene puerta trasera.

Circuló la noticia de que Leal presentó una grabación en la audiencia; pero ni él ni nadie lo hicieron.

El gobierno está dando manotazos de ahogado e intenta salpicar de alguna manera a alguna figura identificada con el Frente Amplio. Como bien ha dicho Fernando Pereira, con lo de Leal se busca tapar un hecho de corrupción en la Torre Ejecutiva.

Lo más patético es ver a Álvaro Delgado exigiendo explicaciones a Leal, cuando es él quien debería explicar por qué habilitó el ingreso de dos ciudadanos rusos. Es el presidente el que tiene que explicar por qué quienes iban a visitar a su hombre de confianza no quedaban registrados, como se hace con absolutamente todas las personas que ingresan a la Torre Ejecutiva. Es el presidente el que debe aclarar por qué contrató y calificó de intachable a una persona cuyos antecedentes conocía todo el país. Es el ministro del Interior quien debe explicar por qué toda la Policía Nacional le daba a Astesiano cualquier información que pidiera, por más reservada que fuera, y por qué se le permitía usar recursos materiales y humanos para su actividad delictiva. Es el gobierno el que debe explicar por qué se le facilitó todo para que tuviera la posibilidad de espiar a legisladores (a efectos de extorsionarlos posteriormente), a un dirigente sindical y a estudiantes de 15 y 16 años y docentes del liceo 41.

Flanqueándolos, está la fiscal Gabriela Fossati, que con un acuerdo incomprensible con el acusado le sacó las castañas del fuego al gobierno. Desde el minuto 0 la fiscal expresó con toda claridad que no quería agarrar ese fierro caliente y lo dijo de todas las maneras, en francés, cantonés y lunfardo. En varias ocasiones parecía más la abogada defensora de Luis Lacalle Pou que una fiscal. Este final (porque, por más que diga lo contrario, le puso sello y candado a la investigación de fondo) era más que previsible y deja varias preguntas en el aire.

¿Por qué el abogado de Astesiano aceptó un trato por cuatro años y medio cuando la condena más alta que le esperaba a su defendido era de cinco? ¿Por qué no recusó a la fiscal con el argumento de que las filtraciones demostraban que no había sido capaz de preservar los derechos del acusado? Lo que no tiene sentido preguntarse es por qué, cuando se planteó la sustitución de Fossati, Lacalle se mostró contrario a esa medida. Era obvio que con ella como fiscal los principales responsables de estos hechos delictivos jamás caerían.

Alberto Grille, en la nota titulada “Entre la cobardía de una fiscal y la hipocresía del Poder Judicial”, realizó un recuento de algunas frases de Fossati que auguraban este desenlace:

• “No se puede investigar nada porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación.”
• “Todos los nombrados son amigos y ponen piedras a la indagatoria”, “embarran la cancha y quieren tapar todo”, “tendría que citar a declarar a todos los funcionarios de jerarquía del gobierno y de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior porque todos están nombrados en los diálogos del celular de Astesiano”.
• “Es un escándalo de proporciones institucionales y lejos de procurar corregir los eventuales errores que se cometieron en las distintas instituciones, de lo que se preocupan los jerarcas es de reducir los daños y tapar lo más comprometedor”.
• “A nadie le interesa la justicia”.

Fossati reclamaba ser cambiada a otra fiscalía y ventiló por Twitter sus diferencias con el fiscal de Corte ventilando conflictos internos al mejor estilo del fiscal Raúl Iglesias. Justificó el acuerdo con Astesiano diciendo que no tenía “ni tiempo ni recursos” para el juicio oral, lo cual fue desmentido por el propio Juan Gómez. Lo que no tenía era ganas, con lo cual todo el Partido Nacional respiró tranquilo porque un juicio oral hubiera permitido a toda la ciudadanía enterarse de cosas que los herreristas preferirían sepultar sin ceremonias.

Así las cosas, Astesiano integraba una asociación para delinquir unipersonal.

Que un hermano de la fiscal, Guillermo Fossati, sea militante del Partido Nacional y tenga un cargo de confianza en la ANEP no da para prejuzgar la labor de la funcionaria; pero suma elementos a la desconfianza generalizada sobre su imparcialidad.

Que citara a Gustavo Leal como testigo, por la reunión que tuvo con el padre de Astesiano, fue motivo de alegría en tiendas blancas; pero que lo pasara de testigo a indagado fue motivo de euforia y aplausos. La gran pregunta es con qué va a fundamentar que Leal haya querido entorpecer la investigación. ¿Qué ley prohibía a estas personas conversar? ¿Por qué Asuntos Internos de la Policía indaga a particulares? ¿Por qué indaga una reunión ocurrida del lado brasileño? ¿Por qué se le cambia la condición de testigo a indagado y, por lo menos hasta el momento de enviar esta nota, no se le explica el motivo?

Fossati está en problemas, porque cuando tenga que concluir con el caso Leal por no tener nada en su contra, habrá protagonizado un verdadero papelón.

No le criticamos el juicio abreviado porque es una prerrogativa legal; pero no una obligación. Lo cuestionable es que no viera nada para investigar en la intervención de Astesiano en algunas licitaciones y no se analice el contenido de los dispositivos electrónicos de otros implicados en las maniobras. Astesiano no hacía favores gratis, por lo que todos los que le ofrecieron y/o pagaron dinero por su intervención deberían ser indagados y condenados como partícipes de esta trama de corrupción. Los egresos e ingresos de las respectivas cuentas bancarias aportarían información valiosa; pero la voluntad de llegar al fondo brilla por su ausencia.

¿Por qué declaró reservados los interrogatorios a Lacalle, Álvaro Delgado y Rodrigo Ferrés y por todo el tiempo que le resultó posible? ¿Cuándo nos enteraremos de lo preguntado y respondido?

Por lo pronto la joda sigue a lo largo y ancho del país. Mientras el 60% de los trabajadores privados sigue con pérdida de salario real, lo del intendente de Artigas, Pablo Caram, sobrepasa los límites del abuso y hasta Guido Manini Ríos le exige explicaciones.

Por otra parte, ya están buscando excusas para privatizar la distribución de medicamentos. El presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, manifestó públicamente en estos días esa posibilidad. De llegarse a eso, y conociendo a los blancos… ¿Cuánto apostamos a que la empresa designada será propiedad de la pareja de, hijo/a de, socio/a de o de un miembro activo o aportante de la campaña?

El semanario Crónicas del Este ha denunciado que el INAU llevó a cabo, en 2021, una licitación para el arrendamiento de un inmueble en Montevideo, con el objetivo de utilizarlo como instalaciones administrativas. La licitación fue otorgada a Lanafil, cuyo gerente es el químico Juan José Alzugaray Viejo, esposo de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. El presidente del INAU firmó el contrato por $ 2.800.000 pese a los cuestionamientos del Tribunal de Cuentas, organismo que, como se sabe, está pintado.

Nada de esto importa.

El culpable es Gustavo Leal.