Julia vivía sola en una cabaña sin luz eléctrica y tomaba agua de la vertiente de la montaña. Tenía animales: perros, caballos, cerdos y vacunos. Conversaba con ellos y discutía con sus vecinos por defenderlos. Tras su desaparición, varios de esos animales fueron asesinados: a un caballo lo quemaron con agua caliente y lo balearon, y a un cerdo lo apuñalaron.
Su desaparición motivó una búsqueda inmediata de la que llegaron a participar hasta doscientas personas, entre bomberos y voluntarios, que estuvieron un mes buscándola. En ese entonces, se le informó a la Policía de Investigaciones (PDI) que Julia Chuñil era víctima de hostigamiento y amenazas por parte de un empresario forestal. Éste la acosaba: la llamaba continuamente, intentó atropellarla y le pagaba a vecinos para que le quemaran la casa. Todo porque Julia se negaba a aceptar millones por vender su tierra ancestral. Ella no quería dinero; su misión era proteger el bosque. Pero le advirtió a su familia: "Si algo me pasa, ya saben quién fue".
El conflicto por la tierra: un antecedente clave
El contexto de la disputa territorial se remonta años atrás. En 2011, la comunidad indígena Blanco Lepin intentaba comprar un terreno de 925 hectáreas. Sin embargo, el empresario Juan Carlos Morstadt lo compró primero al Banco Scotiabank, excluyendo estratégicamente los derechos de agua de la venta. Luego, Morstadt vendió el mismo terreno a CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) para que se lo asignara a la comunidad. CONADI pagó $1.114 millones, un precio muy superior a los $799 millones que Morstadt había desembolsado. El contrato obligaba a Morstadt a cercar todo el terreno antes de recibir el pago, pero él no completó el 13 % de la cerca. A pesar de este incumplimiento, que según el contrato podía anularlo automáticamente, CONADI le pagó de todas formas.
En 2013, la comunidad Blanco Lepin demandó a Morstadt, al banco y a la propia CONADI. En 2015, un tribunal dejó sin efecto el contrato y ordenó que Morstadt devolviera el dinero y que la propiedad fuera restituida. Gracias a esta sentencia, la comunidad Putreguel —a la que pertenece Julia— pudo recuperar las tierras y asumir su defensa y cuidado.
La comunidad y la impunidad
En abril de 2024, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) reconoció a 4.743 comunidades indígenas, de las cuales 4.270 corresponden al pueblo Mapuche, uno de los once pueblos reconocidos por el Estado de Chile. Específicamente, en la región de Los Ríos, habitan 585 comunidades conformadas por 11.476 familias. Putreguel es una de ellas desde 2014 y agrupa a 13 familias: los Chuñil, Trecano, Tripai, Almonacid, Huechunpan y los Huenulef. Julia Chuñil era su presidenta, ya que fue ella quien decidió formarla en su comuna, Máfil, yendo casa por casa a preguntar quiénes querían conformar la comunidad, argumentando que "antiguamente todo eso era indígena, parte del Wallmapu".
A casi un año de su desaparición, una interceptación telefónica al principal sospechoso, el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, revela que éste afirmó que a la defensora mapuche "la quemaron". Esta impactante evidencia, conocida por la Fiscalía, contrasta con la acusación de la familia y sus abogadas de que el Ministerio Público ha desatendido deliberadamente esta línea de investigación. En su lugar, habría centrado sus esfuerzos en un presunto montaje para inculpar a los propios hijos de la víctima, generando una grave doble victimización y vulnerando el debido proceso.
Pese a la gravedad de esta revelación, las acciones de la Fiscalía se han dirigido a criminalizar a la familia, utilizando testigos con identidad reservada en su contra, una estrategia que ya había sido denunciada masivamente tras los apremios ilegítimos sufridos por la hija de Julia, Jeannette Troncoso.
En julio de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Chile que redoblara los esfuerzos para determinar la situación y paradero de Julia Chuñil Catricura, e informara sobre las acciones adelantadas para investigar los hechos y evitar su repetición, manteniendo informada a la familia.
Un riesgo global, una deuda local
En el mundo, ser activista ambiental es un riesgo de vida: solo en 2024 murieron 146 personas por defender su territorio. Desde el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) se emitió un comunicado señalando que "resulta inaceptable que, tras tantos meses, no se conozca aún el paradero de Julia, lo que constituye una grave vulneración de los derechos humanos, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y una evidente desprotección a defensores y defensoras ambientales". Además, se sostuvo que "recordamos que la desaparición de Julia se enmarca en un contexto de violencia estructural hacia las mujeres indígenas y defensoras del territorio, lo que exige un compromiso real de la institucionalidad".
En Chile no se encuentra establecida la figura del "defensor ambiental", por ende no existen protocolos de búsqueda o procesos judiciales específicos. Existe un vacío tanto educativo como legislativo.
Ser mapuche, ser mujer activista, ser defensora de la selva no puede ser un riesgo de vida. Cuidar la vida no puede quitártela. Desde el 1 de octubre, cuando se conoció el audio de Morstadt, todo Chile tiene una sola pregunta, y en ella nos hacemos eco: ¿Dónde está Julia Chuñil?
