Ecuador: una crisis con esperanzas y alertas

La crisis de Ecuador dio un giro radical el pasado 17 de mayo. Ocurrió en la mañana, cuando el presidente Guillermo Lasso emitió el mensaje en cadena nacional, previamente grabado, decretando la “muerte cruzada”, una figura constitucional que permite al presidente disolver la Asamblea Nacional (AN) y llamar a elecciones legislativas y presidenciales adelantadas.

El video del mandatario fue seguido por otra cadena nacional, esta vez del alto mando militar, que se adjudicó la facultad de reconocer la constitucionalidad de la decisión del presidente, y anunció o amenazó con “actuar con firmeza” en caso de existir “intentos de alterar el orden constitucional”. El respaldo público militar y luego policial se dio cuando la AN ya estaba rodeada de fuerzas de seguridad que garantizaron su cierre, y mostraron que el presidente contaba con el respaldo imprescindible para tomar una medida que fue rápidamente cuestionada.

La impugnación a la decisión del presidente emergió por la faltante de causales para decretar la “muerte cruzada”, una figura inscripta en la Constitución redactada en 2008. Lasso apeló, para justificar su decisión, a la existencia de un estado de “conmoción interna” que, señalaron en las filas opositoras, nunca ocurrió. “Esto es un golpe de Estado -no hay causales-, pero es también el último clavo de su propio ataúd político”, escribió el expresidente Rafael Correa al conocerse el decreto.

La decisión de disolver la AN y adelantar las elecciones habría sido, en cambio- se señaló desde diferentes voces-, para evitar un desenlace del juicio político en marcha en el Poder Legislativo que podría haberle sido desfavorable. Una huida hacia adelante entonces, para no ser destituido y poder gobernar por decreto durante cerca de seis meses.

El presidente acorralado

Lasso decretó la “muerte cruzada” al día siguiente de haber comparecido ante su juicio político en marcha en la AN. Allí habló solamente cuarenta y cinco minutos de las tres horas que tenía, negó los cargos de peculado impugnados, acusó a la AN de incumplir con su rol, y se retiró sin anticipar lo que estaba por realizar.

¿Pensaba entonces que las fuerzas opositoras podían reunir los 93 votos necesarios para cesarlo del poder? El presidente no esperó a saber el resultado que debía darse a los cuatro días y decidió evitar el escenario que comenzaba a perfilarse: su salida de la presidencia y su remplazo en el cargo por el vicepresidente, Alfredo Borrero, que lo habría remplazado hasta terminar el mandato en 2026.

El decreto de “muerte cruzada”, utilizado por primera vez desde su inscripción en la carta magna, fue entonces leído como una forma de evitar una destitución a puertas de ocurrir. Lasso explicó luego que su decisión se debía a la existencia de “un macabro plan desde lo político” de su adversarios para “tomarse el control de las instituciones del Estado para producir impunidad y viabilizar el retorno de un presidente que ha sido sentenciado por corrupción”, es decir, Correa.

Así como no dio fundamentos de la “conmoción interna”, tampoco los dio para explicar el “macabro plan”. Lasso quedó en los hechos al mando del país sin contrapeso del Poder Legislativo y con la facultad de tomar decretos en materia económica hasta que asuma el próximo presidente, que, según los tiempos anunciados por el CNE, debería ser en seis meses en caso de que exista una segunda vuelta.

Una carrera sin preparación

Lasso se había referido en algunas oportunidades a la “muerte cruzada”, pero su decisión tomó por sorpresa al arco político: desde sus antiguos aliados del Partido Social Cristiano (PSC), la Revolución Ciudadana (RC) liderada por Correa, el movimiento indígena, hasta formaciones de menor envergadura como Izquierda Democrática (ID). Ninguna de las fuerzas políticas tenía diseñado un plan para una contienda presidencial que deberá organizarse en un tiempo récord.

Ese escenario adverso por lo inesperado se dio a su vez con una diferencia en el punto de partido. En efecto, el mapa de las elecciones regionales realizadas en el mes de febrero dio cuenta de una cartografía de fuerzas electorales favorable en primer lugar a la RC, que en esa contienda logró alcaldías y gobernaciones claves, tanto en la sierra con Quito y Pichincha por ejemplo, como en la costa con Guayaquil y Guayas, históricos bastiones del PSC.

En segundo lugar se ubicó entonces el movimiento indígena a través del partido Pachakutik (PK), seguido del PSC, quien acusó a su alianza con el gobierno como responsable de su mal desempeño con la pérdida de sus plazas fuertes. En cuanto a Lasso su derrota fue nítida en vista no solamente del mapa regional, sino del rechazo a la consulta popular que promovía personalmente, lo que significó otro golpe a su ya muy cuestionada imagen y baja popularidad.

¿Cómo será la traducción de ese mapa de febrero para las presidenciales del 20 de agosto? Aún deben verse quiénes serán los candidatos de cada fuerza, cómo podría intentar situarse una figura de tipo outsider, cómo se posicionará el excandidato de PK Yaku Pérez, ahora fuera de su antiguo partido, o cómo podrían articularse alianzas electorales. Otra variable será qué podría ocurrir en un escenario donde la RC ha venido enfrentando numerosos episodios de persecución política: “Algo estarán tramando (la derecha)” afirmó Correa.

Un país en crisis

“La percepción de que Ecuador va por el camino correcto se ubicó en 54% a inicio de la gestión del gobierno, ahora es apenas del 4%” señala un estudio hecho en Quito y Guayaquil por la encuestadora Perfiles de Opinión. Ese dato o el 6% de “expectativas optimistas en torno a la situación política” y el 5% que “percibe que la situación económica va a mejor” grafican la crisis en la cual se encuentra Ecuador.

Los números dan cuenta de un proceso de deterioro iniciado a partir del gobierno de Lenin Moreno (2017-2021), quien volvió a aplicar un modelo neoliberal que Lasso, banquero, profundizó. Ambos enfrentaron paros nacionales, levantamientos indígenas, una fuerte inestabilidad política y alta desaprobación en vista del regreso de políticas que la RC, con un programa posneoliberal, había dejado atrás.

Lo acontecido en este mes de mayo, a menos de dos años de iniciada la presidencia de Lasso, aparece entonces como el corolario del gran retroceso experimentado por Ecuador a partir de la traición política de Moreno. La “muerte cruzada” abrió en ese contexto, y con todos sus peligros, una posibilidad para que las fuerzas progresistas puedan intentar un regreso al poder luego de la derrota de 2021 frente a Lasso.

Quienes sean electos, tanto en la AN como en la presidencia, tendrán un mandato corto hasta 2026. Será un gobierno y legislativo de transición que asumirá un país en profunda crisis, en el que Lasso habrá seguramente hecho uso de sus poderes especiales para decretar nuevas medidas de carácter neoliberal. Ecuador, entonces, será centro de las miradas durante los próximos meses, con la posibilidad de dejar atrás un retroceso que arrojó al país a una inestabilidad e incertidumbre que parecía haber dejado atrás hace solo unos años atrás.