El espejismo argentino con Luis Lacalle Pou

Y es que Lacalle es mucho más que Luis, ese joven que compra verduras en un mercadito, que acompaña a su hija a una tienda, que abraza negritos en el Congo, que surfea, que a nadie niega una selfie y la saca él mismo, que le arranca aplausos a Cala cuando dice que a su mamá siempre le atiende las llamadas, que le cumple el sueño a una chica y asiste a su fiesta cuando cumple 15 años, o se come una húngara en La Pasiva, aparentemente a solas, como cualquier mortal.

El problema es que, al analizar a Lacalle, hay que considerar que es también el que beneficia a una tabacalera -que aportó dinero para su campaña- con dos decretos, uno que le permite acceder a beneficios tributarios (lo cual estaba negado por la política antitabaco de Tabaré Vázquez) y otro que acaba de ser tumbado por la Justicia.

Es Heber entregando el servicio portuario a la empresa Katoen Natie de una manera turbia que ahora la Justicia está investigando.

Es el gatillo fácil, es el regreso del amiguismo, el tarjetazo, el nepotismo y el tráfico de influencias.

Es la fundación blanca A Ganar, a la cual se le han dado millones de dólares ignorando los gritos del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) y la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Es el presidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande (Ctmsg), Carlos Albisu, dando más de 4 millones de pesos (solo en 2022) a la fundación A Ganar y a las gremiales rurales de Salto y Paysandú, aparte de dar cargos a varios miembros de la coalición, saltándose concursos y hasta creando cargos con nombre y apellido.

Es Enrique Montagno jactándose de haber metido a 135 personas a dedo en ASSE.

Es el subdirector de la Policía, Héctor Ferreira negándose a declarar en el juzgado en torno al caso Astesiano.

Es el prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, mintiendo descaradamente en el Senado y negando el cargo de Astesiano, aun cuando el mismo Lacalle se refería a él como su jefe de Seguridad Presidencial.

Es la mentira de no saber que Astesiano estuvo preso mientras trabajaba para Lacalle.

Es la mentira de no saber quién era Marset.

Es Néstor Bergougnoux, director de la Escuela Nacional de Policía, imputado por violencia privada y lesiones contra un cadete, por pensar que con Lacalle volvía el tiempo en que se podía atropellar a cualquier persona como en la dictadura.

Es el Uruguay que crece mientras crece la pobreza, con 78.000 pobres más que en 2019.

Es el 16,5% de compatriotas que viven en hogares que sufren inseguridad alimentaria. Es el 22,5 % de pobreza infantil.

Es Martín Lema criminalizando a las familias que organizan ollas populares.

Es la vicecanciller, Carolina Ache Batlle, reuniéndose con el abogado del narcotraficante Sebastián Marset pocos días antes de que se le diera un pasaporte para que pudiera salir de una cárcel de Dubái.

Es Marset entrando y saliendo de Uruguay tranquilamente.

Es José Ramiro Reyes Segade, encargado de comercio en la Embajada de Argentina, cobrando más de 18.000 dólares por mes, sin haber terminado la secundaria, pasando por arriba a miles de egresados de la universidad, aunque con la experiencia de haber sido contrabandista.

Es el jefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, condenado por abuso de funciones agravado y revelación de secreto agravado.

Es el senador Juan Sartori, peleando con uñas y dientes para ocultar la fortuna de su esposa ante la Jutep.

Es el que exige personería jurídica a los sindicatos, pero vuelca fortunas en Uruguay Adelante, que no la tiene.

Es la imposición de la creencia de que tu plata se la llevan los de abajo y no los de arriba.

Es el “durambarbismo” en su máxima expresión.

Es la fantasmada de llamar “ciudad universitaria” a un hogar estudiantil de los blancos.

Es el diputado Omar Estévez, argumentando en una sesión de la cámara a favor de un fondo citrícola que lo beneficia como productor, lo cual está prohibido.

Es cada delirio de la senadora Graciela Bianchi. Es cada insulto del senador Sebastián Da Silva.

Es Álvaro Delgado apretando a una periodista.

Es la bajada del puesto 18 al 44 en el ranking de respeto a la libertad de expresión realizado por Reporteros Sin Fronteras sobre 2021.

Es Manini Ríos, dando su palabra de que no se amparará en sus fueros si la Justicia lo convoca y luego se aferra a su impunidad parlamentaria.

Es la pareja del ministro de Educación y Cultura, acorralada por la Justicia panameña en la causa Odebrecht.

Es Betingo, el hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, involucrado en la misma causa. Es Julio Luis, el hijo de Sanguinetti, a quien da un alto cargo en la UTE por ser hijo de Sanguinetti, sin más carta de presentación que el escándalo del Cangrejo Rojo.

Es la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dando beneficios a la empresa del director de la OPP, Isaac Alfie, los que tuvo que anular cuando estalló el escándalo.

Es el mismo director de la OPP viajando a Estados Unidos para ayudar a una multinacional en el intento de quitar a su propio país 3.536 millones de dólares.

Es la milanesa más cara del mundo.

Es el “si pasa, pasa”.

Es el ministro Javier García despilfarrando 25 millones de dólares en aviones destinados a chatarra.

Es la vicepresidenta Beatriz Argimón amenazando al publicista Fernando Cristino con su famosa frase “cuidate, sos muy joven, cuidate”.

Es el senador Gandini criticando a la fiscal porque descubre muy rápido los hechos de corrupción del Partido Nacional.

Es la yegua criolla regalada a un tirano.

Es el récord histórico de muertes en las cárceles. Es el recorte de dos millones al presupuesto de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado.

Es el presidente que nos dio el triste récord de haber sido el país que menos invirtió, en relación con su PIB, para contrarrestar los efectos de la pandemia en la población más vulnerable.

Es la motosierra a full contra el dinero destinado a los más débiles.

Es la auditoría cuya principal hazaña fue hallar café vencido.

Es El País, atacando con saña a los trabajadores organizados y a los derechos constitucionales de paro, referéndum y plebiscito, añorando una población sumisa ante los abusos del poder.

Es la pérdida del poder de compra de los hogares uruguayos.

Es la promesa de volcar 550 millones de dólares a la educación y luego quitarle 130 millones en dos años.

Es la promesa de hacerse cargo de todo y luego no hacerse cargo de nada.

Es el récord de promesas electorales incumplidas.

Es todo lo que Uruguay no debe volver a ser, por el bien de nuestros hijos y los hijos de nuestros adversarios.