El informe de la discordia

En agosto de 2018, días antes de que Bachelet asumiera su nuevo cargo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Involuntarias, basado en denuncias de grupos de la sociedad civil relativas a la desaparición de miembros de esas minorías étnicas musulmanas, reportó un aumento “dramático” en Xinjiang “con la introducción de campos de reeducación por parte del gobierno de China”.

Desde entonces la jefa de derechos humanos de la ONU fue testigo y depositaria de un crescendo de negociaciones entre las partes interesadas, decenas de informes, declaraciones, resoluciones de asambleas, acusaciones al gobierno chino tan virulentas como sus defensas otro tanto categóricas, duras condenas de países occidentales y apoyos incondicionales de decenas de países en desarrollo, que desbordaron el marco institucional de los derechos humanos y convirtieron la “cuestión Uigur” en una bandera política, izada muy especialmente por Estados Unidos para atacar al gobierno de la República Popular.

Xinjiang, situada al noroeste, es la región más grande de China, una sexta parte de su territorio total, y tiene una población de 25 millones y el hecho que comparta fronteras exteriores con Afganistán, India, Kazajistán, Kirguistán, Mongolia, Pakistán, la Federación Rusa y Tayikistán es para Beijing de una importancia estratégica para su megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda, ya que permite la conexión con Asia central.

Casi la mitad de su población pertenece a la etnia Uigur -uno de los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente por el gobierno de Beijing-, principalmente musulmana y de lengua túrquica y una escritura modificada persa del alfabeto árabe, lo que explica su cercanía cultural y religiosa con los países de Asia central.

Desde el comienzo de la campaña el gobierno chino ha negado categóricamente todas y cada una de las acusaciones de represión y abusos en Xinjiang y ha presentado pruebas y testimonios de que se trata de campos "de reeducación" construidos en la zona donde se brinda "formación vocacional", en el marco de la lucha contra el "terrorismo, extremismo y separatismo” liderado por el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental (ETIM por sus siglas en inglés), que ha utilizado la violencia armada y actos terroristas para promover su objetivo de establecer un denominado "Turkestán oriental" independiente dentro de China.

Según las Naciones Unidas en 2011 el ETIM -listado como organización terrorista por el Consejo de Seguridad de la ONU (y también por EE.UU hasta que Trump revocara la decisión)- “ha establecido bases fuera de China para entrenar terroristas y ha enviado a sus miembros fuera del país para planear y ejecutar actos terroristas, incluidos bombardeos de autobuses, cines, grandes almacenes, mercados y hoteles”.

El informe póstumo de Bachelet de 48 páginas y el más duro contra China que se ha publicado con el sello de la ONU concluye que “en Xinjiang se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en el contexto de la aplicación por parte del gobierno de estrategias de lucha contra el terrorismo y el extremismo”.

No obstante, el documento de la Acnudh, al juzgar el tratamiento a los uigures en ningún momento lo califica como “genocidio”, ignorando la principal acusación de Washington, el primer país occidental en definir como tal la situación de Xinjiang, que -desde finales de la presidencia de Donald Trump- ha sido uno de los temas de mayor fricción y confrontación entre Beijing y Washington y uno de los condimentos principales de la remozada versión de la guerra fría entre ambas potencias.

Días antes de su publicación, Bachelet reconoció que había recibido presiones tanto por parte de los partidarios de publicar el informe, liderados por EEUU, como de los que se opusieron, como China y los más de 60 países que firmaron una carta solicitando a la dos veces presidenta de Chile que no publicara los resultados de la investigación y denunciaron que su oficina había comenzado la investigación hace más de dos años y sin la debida autorización del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Tanto la prensa china, que descalificó el informe como “papel usado”, como medios extranjeros señalaron que el hecho que el informe se iniciara en 2019 demuestra que el mismo no tuvo en cuenta los resultados de la visita de Bachelet a Xinjiang en mayo pasado.

La misión de Bachelet a China -la primera de un alto comisionado en 17 años- se estuvo preparando desde que en 2018, apenas asumido el cargo, la funcionaria internacional expresó su deseo de viajar a Xinjiang ante las “preocupantes” denuncias que llegaban sobre los campos de reeducación. Desde entonces China extendió reiteradas invitaciones con la única condición de que la misma se hiciera sin “prejuicios” ni con “fines políticos”.

En la conferencia de prensa ofrecida al finalizar su visita, Bachelet reconoció que pudo entablar conversaciones con personas de diferentes sectores, incluidos altos funcionarios de Xinjiang, representantes de las minorías étnicas locales, académicos, líderes religiosos y subrayó

que todas las reuniones fueron "sin supervisión" y “organizadas por nosotros” y según la agenda propuesta por su oficina.

Una de las tantas críticas de Beijing al informe es que sus conclusiones son “completamente contradictorias” con esas declaraciones que emitió la alta comisionada al término de su misión.

Apenas conocido, el ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular rechazó todas las acusaciones de violaciones de derechos humanos y afirmó que el “informe” (Beijing siempre lo escribe entre comillas para subrayar su dudoso valor) "es completamente ilegal e inválido”, “un amasijo de desinformación y una herramienta política al servicio de la estrategia de Estados Unidos y de Occidente” y que "socava la credibilidad" de la oficina de Bachelet.

Según la Misión Permanente de la República Popular China ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, “la llamada valoración va en contra del mandato del alto organismo e ignora los logros de los derechos humanos alcanzados en conjunto por las poblaciones de todos los grupos étnicos en la región autónoma de Xinjiang”.

“El gobierno de la región ha tomado medidas para luchar contra el terrorismo y el extremismo de conformidad con la ley, frenando de manera efectiva las frecuentes ocurrencias de actividades terroristas”, agrega el comunicado.

La República Popular desde siempre ha sostenido que los derechos humanos son universales por naturaleza y sus principios básicos deben respetarse por todos los países, pero tienen connotaciones específicas dependiendo de “los diferentes niveles de desarrollo económico, diferentes sistemas sociales, diferentes tradiciones y valores culturales y diferentes creencias religiosas” de los distintos países.

"Todos sabemos que la llamada cuestión de Xinjiang es una mentira completamente fabricada con motivos políticos y su fin es minar la estabilidad de China y obstruir su desarrollo”, subrayó por su parte el embajador de China ante la ONU, Zhang Jun, y advirtió que el informe podría erosionar las relaciones entre las Naciones Unidas y China.

Es evidente que el hecho que el informe no mencione en ningún momento la palabra “genocidio” por un lado es un revés para Estados Unidos y otros países y organizaciones que han hecho de los derechos humanos en Xinjiang uno de los temas principales de sus ataques a China y, por otro, refuerza la posición de Beijing que siempre ha negado esa acusación.

Al otro día de publicado el informe de la Acnudh, sir Geoffrey Nice, presidente del Tribunal Uigur, dijo que sus conclusiones eran “un llamado a la comunidad internacional a no hacer nada” y calificó de “sorprendente” que el genocidio no se mencione en el informe, dado que Estados Unidos y varios legisladores democráticos de todo el mundo han denunciado las acciones de China como genocidio.

“Bachelet al no decir nada (sobre el genocidio) facilita que los Estados digan que el asunto no está probado y que, por lo tanto, no es necesario hacer nada” agregó el jurista británico.

“Este informe podría ser peligroso a largo plazo si permite que los países que preferirían no actuar con respecto a los abusos de los derechos humanos de la República Popular China digan algo como ‘aunque las cosas en Xinjiang son menos que ideales, no han alcanzado un nivel requerido para una intervención internacional’”, dijo Nice.

“Esos Estados podrían entonces no hacer nada, expresando esperanza o incluso creencia de que la República Popular China habría tomado nota del informe y comenzaría a actuar con más respeto por los derechos humanos”.

El Tribunal Uigur es un organismo independiente y no oficial con sede en Londres y fue creado en setiembre de 2020 a solicitud del Congreso Mundial Uigur para juzgar lo que esa organización consideraba crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En diciembre del año pasado el Tribunal concluyó que los uigures que viven en la provincia de Xinjiang han sido objeto de crímenes de lesa humanidad dirigidos por el Estado chino que equivalen a un acto de genocidio.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular, el Tribunal -que no cuenta con el respaldo del gobierno y por lo tanto, sus conclusiones no son vinculantes- es una “máquina que produce mentiras” y el portavoz del gobierno regional de Xinjiang acusó al Tribunal de estar controlado por grupos terroristas representados por el Congreso Mundial Uigur y de ser “una herramienta para que las fuerzas occidentales anti-China logren sus objetivos políticos”.

Contradiciendo la opinión del Tribunal, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, indicó que su gobierno “acoge con beneplácito” el “importante” informe de Bachelet, la misma que fue duramente criticada por su visita a China, que, según la Casa Blanca, sería orquestada por Beijing como propaganda de su política de derechos humanos.

“Este informe refuerza y reafirma nuestra grave preocupación por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad que las autoridades gubernamentales de la República Popular China están cometiendo contra los uigures”, indicó el jefe de la diplomacia norteamericana, ignorando que el documento ni “refuerza” ni “reafirma” el genocidio, sino que lo descarta.

La grosera interpretación que hace Washington elogiando el informe como su descalificación por parte del Tribunal Uigur no solo le resta credibilidad a su contenido y alcance a sus recomendaciones, sino que es una demostración de que en este caso la Acnudh ha aportado poco o nada para que la comunidad internacional conozca, interprete y juzgue lo que realmente está sucediendo en Xinjiang, sino todo lo contrario.