No es menor conocer la verdad en esto en tanto existe la imposibilidad manifiesta de ser postulante para adoptar cuando se poseen antecedentes penales (mucho más en este caso en que existía una condena firme). Entonces, la duda razonable que nos surge es saber si esto fue un error administrativo o existió algún incentivo que propició la gestión en desmedro de otros postulantes que no fueron tenidos en cuenta.
Es cierto que la Ley de Urgente Consideración (LUC) agilizó los trámites y permitió que fuera la Justicia la que determinara la designación final sin participación del INAU, pero esa misma Justicia debió indagar sobre los antecedentes de los adoptantes y es necesario saber si lo hizo y, en caso negativo, por qué omitió hacerlo.
Express passport
En el aire (y en las redes) sobrevuela la sospecha sobre las razones que llevaron a semejante determinación. La misma que quedó en el ambiente nacional cuando se le otorgó de forma exprés un pasaporte a Sebastián Marset estando preso en una cárcel de Dubái.
En aquel momento fue sugestiva la presencia del expresidente Lacalle Pou y su comitiva en Dubái lo que agrandó la sospecha de una posible implicancia. Sospechas a la que luego se le sumaron otras como aquella partida de pescado congelado “para comer” (Lacalle Pou, dixit), los audios y chats de Astesiano que hacían referencia a un paquete a retirar que venía con aquellos, y la posterior sucesión de eventos que terminaron con la destitución de toda la cúpula del Ministerio del Interior encabezada por Luis Alberto Heber (la destrucción de documentos públicos, mentiras en el Parlamento, etc.).
Esos casos fueron la punta de lanza de una gestión signada por hechos en los que perdió el erario público y ganaron los malla oro, negocios que eran profundamente inconvenientes para el interés general de todos los uruguayos. Así lo reseñan los pésimos negocios sobre Casa de Galicia, entregada al Círculo Católico cuando bien podría haber sido cedida a ASSE y hoy tendríamos servicios de calidad en la zona oeste de la capital; modificaciones a la política antitabaco promovida por el extinto Tabaré Vázquez y que fuera un estandarte mundial enfrentando de forma victoriosa a una multinacional (Philip Morris International-PMI). Con la confesión presidencial mediante de que no se le había pedido ninguna “fábrica de chicles”, en clara y directa alusión al grupo Montepaz.
Tampoco pareció de buenos administradores la firma de negocios absolutamente inconvenientes y sumamente onerosos para los intereses nacionales como el Proyecto Neptuno, sin respetar la opinión del Gobierno entrante y a días de entregar el mandato. Un negocio que fue rescindido como una de las primeras medidas de Yamandú, pero que debió negociarse para evitar las consecuencias de algún reclamo de los inversores.
Y no me quiero olvidar de la entrega del principal negocio portuario por 12 períodos de gobierno sin una contraprestación que lo justifique, a una multinacional belga (Katoen Natie), en franca violación de la ley de puertos. Tampoco de un espionaje inadmisible a dos senadores de la oposición que precisamente, por denunciar esa escandalosa entrega, fueron víctimas de pesquisa y armado de carpetas que fue comprobado y condenado por la Justicia, sin que sepamos aún quién fue el mandante de semejante acto.
El caso Minetti–Cipriani se suma a ese cúmulo de actos reprochables de una administración que dejó muchas dudas en su gestión, generando un efecto de ambiguo cuestionamiento. En efecto, si bien es necesario confirmar la regularidad del acto también es cierto que la situación del menor nos lleva a pensar que afortunadamente tuvo la oportunidad de ser atendida gracias a la posibilidad de los adoptantes. Es claro que, dada la gravedad de su afección, le hubiera sido muy difícil acceder a los tratamientos que accedió sin la participación del matrimonio en cuestión. Que ello haya servido como coartada para un indulto es lo que empaña la acción, sin perjuicio de reconocer que esa circunstancia mejoró notoriamente la calidad de vida del menor.
La investigación está en curso, tanto en Uruguay como también en Italia, donde se sigue con mucha atención (quizás más que en nuestro propio país) el desarrollo de este caso.
Las dudas están planteadas, resta conocer las respuestas para disiparlas y confirmar si esto es parte de una forma de ejercer el poder o de una sucesión de errores cometidos por quienes gobiernan cada 30 años.
