Luego de dejar bien claro (con hechos y palabras) que no estaba dispuesta a ir hasta el hueso en la causa Astesiano, sacando las castañas del fuego al gobierno con un trato incomprensible, la fiscal Gabriela Fossati la emprende contra tres caras visibles de la izquierda: Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, Gustavo Leal (referente del mismo partido en materia de seguridad) y Alberto Grille, director de Caras & Caretas.
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Mas, por las dudas y para que todos los que opinan desde las redes sociales pongan las barbas en remojo, también denunció a tres usuarios cuya identidad desconocemos. A ellos no los puedo defender porque ignoro lo que publicaron.
Antes de continuar debo señalar que me hago absolutamente responsable por cada palabra de esta columna de opinión, pudiendo o no coincidir con la dirección de Caras & Caretas. Aunque todo este circo de la fiscal termine donde tiene que terminar (en el fondo de una papelera) la situación es gravísima, porque no se trata de Alberto, ni de Fernando, ni de Gustavo. Lo que está en juego es el deterioro de nuestra institucionalidad. La fiscal usa su poder para intentar amedrentar a quien ose cuestionarla, algo que la saca de las casillas. O te bloquea o te demanda. Pues, se tendrá que ir acostumbrando a la idea de que todos podemos ser criticados; políticos, periodistas, analistas, jueces, fiscales y presidentes.
Si bien en varias oportunidades se ha expresado con mesura y conceptos que apoyamos, en muchas otras (demasiadas) no ha podido mantener a raya una personalidad realmente complicada. Su costumbre de ventilar conflictos internos de la Fiscalía y exponer ante la opinión pública sus problemas y entredichos con el fiscal de Corte Juan Gómez es una falta tremenda de profesionalismo. De hecho, trató de justificar su pésimo manejo del caso con la desdichada frase de que no tenía ni recursos ni tiempo para afrontar un juicio oral, lo que obligó a Gómez a desmentirla.
En junio de 2021 renunció a la Asociación de Fiscales del Uruguay por discrepancias con William Rosa, presidente de la organización. Tras las diferencias de opiniones, argumentó que estaba siendo víctima de violencia de género, extremo que no fue respaldado por sus colegas mujeres.
En cuanto al personaje que dio lugar a este aquelarre, Gabriela Fossati hizo más por Alejandro Astesiano que su propio abogado defensor. Hechos y palabras. No lo llevó a juicio oral para no “cosificarlo”. En el programa En la Mira expresó: “Llevar a juicio a Astesiano hubiese sido una manera de cosificarlo y de usarlo como herramienta para dar un mensaje. En lo personal creo que Astesiano no es el monstruo ni la persona que hay que seleccionar como ejemplo de lo que está peor en Uruguay”. Lo que decimos no es que la pena debería ser mayor (aunque la multa por 150.000 pesos suene a tomada de pelo); sino que este acuerdo blinda a terceros, no formalmente, pero sí en los hechos. Quizá el punto sea que un juicio oral hubiera expuesto no a Astesiano, sino a ministros, jerarcas con cargos de confianza y al propio presidente de la República.
Quedando los verdaderos responsables libres de culpa y pena, la pretensión parece ser poner al Frente Amplio en este mar de excremento; y es que a la derecha le sirve de mucho aquello de “son todos iguales”; una frase sumamente funcional a los partidos conservadores, ya que quienes la sostienen siempre terminan votando lo mismo. En principio pasó a Leal de testigo a indagado sin explicarle el motivo. Tuvieron que pasar muchos días y un reclamo del abogado del sociólogo para que, finalmente, diera una explicación a medias. Por lo menos, ahora sabemos que lo investiga por encubrimiento, aunque tampoco ha dado argumentos sólidos para ello. Su decisión de indagarlo es porque la fiscal supone que Leal pudo haber tenido la intención de obstruir la investigación. Vamos. A esta altura queda claro que quienes obstruyeron la investigación fueron otros. ¿O acaso olvidamos que cuando Astesiano fue detenido el gobierno puso como condición, para entregar su celular, que no se analizaran los chats con el presidente “para preservar su investidura”? ¿Y qué pasó con los otros celulares del exjefe de la guardia presidencial? Bien, gracias; por ahí andarán. ¿Quién dio la orden de no registrar en Torre Ejecutiva a las personas que visitaban a Astesiano? Leal se reunió con una persona que no está imputada, que no participa ni directa ni indirectamente en el caso; la charla se realizó fuera del país, fuera de la jurisdicción de Fossati y lo contado por Astesiano fue desmentido por su propia familia.
A Fernando Pereira se le acusa por cuestionar sus resoluciones y se menciona una frase que supuestamente dijo; pero que ni él ni nosotros hemos podido encontrar en ningún medio. Todos sabemos que el presidente del Frente Amplio no usa jamás descalificativos personales. Puede y debe denunciar hechos de corrupción, errores políticos o judiciales, y en ese marco critica las acciones, pero no etiqueta a las personas.
En cuanto a demandar a Alberto Grille por dar su opinión en una columna editorial, implica un grave retroceso de la libertad de expresión, retroceso que comenzó cuando Luis Lacalle Pou alcanzó el máximo poder. Cuando la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) dio a conocer su informe anual sobre la libertad de prensa en el mundo, Uruguay, que en 2021 se encontraba en el lugar 18 de su clasificación mundial, bajó estrepitosamente 26 posiciones en 2022, quedando en el lugar 44. El informe señaló que “se han registrado varios casos de presiones políticas contra periodistas que cubrían asuntos sensibles, al implicar a miembros de la presidencia de la República”. “En los últimos años, y a pesar de un contexto favorable, varios periodistas de investigación han sido objeto de amenazas, intimidaciones y presiones judiciales”. ¿En qué puesto quedaremos luego de esto que, según mi juicio personal, es un claro abuso de poder?
Cuando me premiaron con dos Libros de Oro por Las Reglas de la Mafia y El Pozo de Pandora, una periodista me preguntó si creía en la Justicia de mi país y respondí rápidamente que la pregunta estaba mal formulada. Nuestro ordenamiento jurídico, aunque tiene mucho por corregir, es de los mejores del mundo; pero los encargados de aplicar la ley son personas. Entre los fiscales y jueces hay una mayoría a los que aplaudo su integridad, su vocación por la justicia, su imparcialidad y su coraje… pero decir que todos tienen tales virtudes sería un acto de hipocresía. Si alguien piensa que Fossati representa estas cualidades, tiene todo el derecho de escribirlo, decirlo o gritarlo. Quienes pensamos diferente, también. La fiscal dio señales, de todos los modos posibles, de que jamás llegaría hasta el fondo, o mejor decir, hasta la cumbre. Me convenció. Por eso tengo derecho a creer en el título de esta nota.