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Columnas de opinión | historia | verdad | Dictadura

Marcha del silencio

La historia no absuelve asesinos ni traidores

Por más que sigan prostituyendo la verdad y, con inmoral hipocresía, intenten apropiarse de nuestras banderas, la historia no los absolverá.

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Caras y Caretas Diario

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Nuevamente, como desde 1996, durante el segundo año del gobierno de coalición blanqui-colorado del esperpento Julio María Sanguinetti arquitecto de la impunidad de los delitos de lesa humanidad perpetrados por la dictadura cívico-militar, miles de uruguayas y uruguayos de todas las edades desparramaron pasión y militancia por verdad y justicia, en una nueva edición de la Marcha del Silencio, bajo la consigna “Todos somos familiares”.

La muchedumbre, que recorrió a pie el trayecto que une el monumento a los detenidos desaparecidos con la plaza Cagancha, homenajeó a los que ya no están, en una fecha que evoca los asesinatos acaecidos en 1976, en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor, del senador frenteamplista Zelmar Michelini, del diputado nacionalista Héctor Gutiérrez Ruiz y de los militantes de izquierda Rosario Barredo y William Whitelaw.

Esta auténtica marea humana que exhaló rebeldía sobre la geografía urbana capitalina a 51 años del golpe de Estado y del comienzo del criminal gobierno autoritario se materializó con las pautas habituales: silencio sepulcral, pancartas que reproducen los rostros de los héroes desaparecidos y lectura de los nombres de las víctimas del terrorismo de Estado.

En esta oportunidad, esta movilización, que fue replicada con otras sesenta marchas en el interior, coincide con un año crucial para el futuro todos los uruguayos, que el 27 de octubre concurrirán a las urnas para emitir su voto y elegir al futuro gobierno que conducirá los destinos del país durante el quinquenio 2025-2030.

Por la singular coyuntura política, esta nueva pueblada es un acto militante, que denuncia las aberraciones y felonías de los militares, que hace 51 años deshonraron su uniforme arrasando las instituciones, pero también a los cómplices civiles que fueron funcionales a la tiranía y a la denominada Doctrina de la Seguridad Nacional impartida desde la Casa Blanca y el Pentágono, quienes, no por casualidad, eran todos referentes blancos y colorados.

En ese contexto, es indispensable recordar, y naturalmente no olvidar, que más de dos centenares de civiles que mancillaron el emblemático legado de referentes republicanos como José Batlle y Ordóñez, Luis Batlle Berres, Aparicio Saravia y Wilson Ferreira Aldunate, ocuparon numerosos cargos ejecutivos en el criminal gobierno dictatorial, en ministerios, gobiernos departamentales, empresas públicas y en el ilegal Consejo de Estado que usurpó al disuelto Poder Legislativo, corroborando su vocación golpista.

Incluso, de los cuatro dictadores que encabezaron este proceso que colmó de lodo nuestra tradición democrática, dos eran colorados, Juan María Bordaberry y Alberto Demichelli, uno era blanco, Aparicio Méndez, quien fue dos veces ministro de gobiernos nacionalistas colegiados y uno militar, Gregorio Álvarez, que también era de extracción blanca.

A ellos se sumó el general Mario Aguerrondo, candidato a la presidencia de la República por el ala herrerista del Partido Nacional en las elecciones de 1971 y uno de los cabecillas de la ruptura institucional.

La sombra de esta ominosa mancha histórica, por la cual nunca los partidos tradicionales le pidieron perdón a los uruguayos, planeó en el horizonte durante estos cuatro años, en el marco del gobierno de la coalición multicolor, que integra, además de a blancos y colorados, a Cabildo Abierto, un partido de origen militar nostálgico de la dictadura, cuyo líder es el senador general Guido Manini Ríos, quien integró, durante siete años, las filas de las Fuerzas Armadas golpistas.

Conociendo esta espuria historia, no es casualidad que esta alianza haya detentado el poder durante el actual quinquenio de gobierno. Por supuesto, el mayor reproche corresponde al Partido Nacional, porque uno de sus referentes, el exdiputado Héctor Gutiérrez Ruiz, fue uno de los dos asesinados por la dictadura, precisamente el 20 de mayo de 1976, y su último caudillo, Wilson Ferreira Aldunate, fue encarcelado por el régimen, cuando Manini Ríos ya estaba en funciones.

Como es notorio, las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos, junto al movimiento sindical, otras organizaciones sociales y la izquierda, en su militancia por verdad y justicia, colisionaron con la impunidad consagrada en 1986 por blancos y colorados que aprobaron, el 22 de diciembre de ese año, la Ley de Caducidad 15.858, lo cual devino en la congelación de los juicios por delitos de lesa humanidad durante veinte largos años, hasta que en 2005 el primer Gobierno frenteamplista, encabezado por Tabaré Vázquez, reabrió las causas penales y le desató las manos a la Justicia.

Como es notorio, esta norma inconstitucional, que no fue propiamente una amnistía, que sí está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, fue un perdón ciego a los militares que perpetraron torturas, asesinatos, desapariciones y otras deleznables fechorías en el transcurso del gobierno autoritario.

Esa suerte de inmoral conjura, que fue un acto groseramente antidemocrático, contrario a derecho y violatorio de compromisos internacionales en materia de derechos humanos, culminó en el referéndum celebrado el 16 de abril de 1989, con la ratificación de la ley por parte de una atemorizada mayoría del electorado.

Obviamente, el corolario de esta consulta, impulsada por partidos de izquierda, organizaciones sociales y hasta algunos referentes blancos y colorados, fue el resultado de una campaña de miedo montada salvo excepciones por los partidos tradicionales, con el apoyo explícito de medios obsecuentes.

Por supuesto, el auténtico arquitecto de la impunidad fue el hoy expresidente de la República colorado Julio María Sanguinetti, por entonces en ejercicio del gobierno, quien acordó esta aberración jurídica con la mayoría del Partido Nacional.

Este impresentable adefesio archivó transitoriamente, y durante dos décadas, todas las causas judiciales por violaciones a los derechos humanos, maniatando literalmente al Poder Judicial.

Naturalmente, el contubernio blanqui-colorado se remonta en el tiempo a julio de 1972, cuando los denominados partidos fundacionales aprobaron la Ley de Seguridad del Estado 14.068, que entregó literalmente el poder a los militares y aceleró un año antes el tránsito a la dictadura. Fue la primera fase del golpe de Estado, en este caso en el ámbito parlamentario.

A este episodio luctuoso le siguió el acto de insubordinación militar de febrero de 1973, y el denominado Pacto de Boiso Lanza, en el marco del cual el por entonces mandatario títere Juan María Bordaberry cedió a las presiones de los mandos castrenses y acordó la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), desde donde los militares digitaron todas las políticas y las medidas de gobierno, hasta el golpe de Estado del 27 de junio que disolvió el Parlamento nacional e instauró la dictadura.

En este año electoral, la Marcha del Silencio, que, como siempre, reclamó verdad y justicia, no fue, en el fuero íntimo del pueblo uruguayo, solo un repudio a los autores materiales de los crímenes, que fueron los militares, sino también a sus cómplices civiles, pertenecientes a partidos políticos que hoy gobiernan en coalición, junto a una colectividad de génesis castrense e ideología autoritaria.

Como desde 1996, en otra gélida noche otoñal regada de muchedumbre y de los retratos de dos centenares de desaparecidos y asesinados, el silencio mutó en un apasionado e incontenible alarido, que denunció a los criminales y a los delitos impunes, pero también a sus aliados civiles y a los falsarios que se maquillan y se disfrazan de demócratas.

Por más que sigan prostituyendo la verdad y, con inmoral hipocresía, intenten apropiarse de nuestras banderas, la historia no los absolverá. Su destino es el noveno círculo del infierno reservado a los traidores, que concibió el emblemático poeta florentino Dante Alighieri, en su obra cumbre “La Divina Comedia”.

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