Todo parece indicar que la génesis del siniestro fue un brasa de la estufa que tomó una alfombra, lo cual motivó que el fuego se expandiera rápidamente por toda la edificación, que devino en una trampa mortal. Realmente no parece prudente que un espacio compartido de estas características sea calefaccionado con fuego. Lo recomendable sería aire acondicionado, aunque es bien sabido que tiene un costo muy elevado por el valor de la tarifa eléctrica. Sin embargo, si un empresario está dispuesto a encarar este negocio, debe invertir lo necesario en confort y, naturalmente, en seguridad.
Es decir, más allá de meras investigaciones y de las eventuales responsabilidades de los propietarios del local, la responsabilidad del Estado es incuestionable. Hay responsabilidad institucional pero también penal, porque se perdieron diez vidas, por omisión o negligencia, que ya no se podrán recuperar.
Este es el más grave accidente registrado en un residencial en la historia del país y no sucedió por casualidad. Sucedió por causalidad. La causalidad puede ser que únicamente una joven acompañaba a los diez ancianos residentes, quien, pese a sus esfuerzos, no pudo salvar a nadie. Sin embargo, la verdadera causalidad es la rampante desregulación que existe en este lucrativo negocio y la vista gorda del Gobierno que en este, como en otros tantos temas, revela una superlativa insensibilidad.
Incluso, admite que apenas el 20 % de estos establecimientos tienen habilitación, de un total de 1.260 registradas en todo el territorio nacional. Es decir, el otro 80 % carece de ella o está en trámite de obtenerla. Hay, incluso, 187 residenciales que no completaron el trámite de registro, primer paso para la habilitación. Realmente, la situación es escandalosa.
El proceso de habilitación de un residencial consta de tres etapas. En efecto, tras recibir la documentación y realizar una primera evaluación, el MSP emite un certificado de registro. Luego, el establecimiento debe pasar por el filtro del Ministerio de Desarrollo Social y de la Dirección Nacional de Bomberos, antes de acceder a la habilitación definitiva.
Como se recordará, hace menos de un mes murieron otras dos personas a causa de un incendio que estalló en un residencial psiquiátrico de Melo, que también carecía de habilitación gubernamental. Es decir, este año ya son doce las víctimas fatales de la improvisación y la negligencia del Gobierno que, aunque afirma que fiscaliza esos lugares, o no lo hace o lo hace mal y sin el rigor profesional requerido.
Aunque se trata de un tema de larga data no sólo imputable a esta administración, en nuestro país la asistencia a los adultos mayores adolece de graves carencias, atribuibles, en algunos casos, a los recortes presupuestales practicados durante estos cuatro años y medio de gestión del presidente blanco Luis Lacalle Pou.
En este caso, la clave es la política en materias de cuidados, que en este quinquenio quedó virtualmente en una suerte de limbo, por falta de inversión y por el rechazo visceral a las políticas sociales implementadas durante las tres administraciones progresistas que se iniciaron en 2005 con la creación, durante la primera presidencia de Tabaré Vázquez, del Ministerio de Desarrollo Social.
Antes, con una pobreza que llegó a trepar al 40 % a consecuencia de la crisis que eclosionó en 2002, no había herramientas asistenciales adecuadas para atender a los uruguayos en situación de vulnerabilidad que en 2004 sumaban 1.200.000.
En la primera etapa se creó el Panes (Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social), a los efectos de amparar a miles de familias que padecían hambre y privaciones, mediante diversas transferencias monetarias. Luego, la estrategia mutó en el denominado Plan de Equidad, que también incluyó dinero y otros programas inclusivos de neto corte social.
Por supuesto, antes de los gobiernos frenteamplistas, como no existía el Mides, tampoco había refugios destinados a acoger a las personas en situación de calle.
La tercera herramienta, que se puso en marcha durante el tercer gobierno progresista encabezado por segunda vez por Tabaré Vázquez, fue el Sistema Nacional de Cuidados, cuyo propósito es atender a las familias pobres con niños a su cargo, además de a los ancianos que viven en contextos de precariedad.
Esta unidad ejecutora, a la cual se le quitó presupuesto, fue eliminada como sistema por el Gobierno de Luis Lacalle Pou y subsumida en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, bajo la égida del Mides, lo cual le restó autonomía de gestión.
Cuando se tomó la decisión, el por entonces subsecretario del Mides y hoy ministro de Defensa Nacional, Armando Castaingdebat, afirmó que “el Sistema de Cuidados es un buen programa de países ricos”, con el propósito de justificar los brutales recortes presupuestales del Gobierno. El problema es que Uruguay es un país con muchas personas pobres por ingreso, que suman 350.000 50.000 más que en 2019 según el último reporte de la Dirección Nacional de Estadística, que da cuenta de que la miseria afecta al 10,1 % de la población. Obviamente, la pobreza de niños y adolescentes, que es la que más preocupa, trepa al 20,1 %, tres puntos porcentuales más que hace cinco años.
En ese marco, se debilitó su institucionalidad y se frenó la cobertura, tal cual lo afirmó el hoy candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, quien se comprometió, en caso de llegar a la presidencia, a repotenciar este proyecto inclusivo, que es de vanguardia.
En efecto, esta compleja situación devino en un estancamiento, lo cual corrobora claramente que este Gobierno, que dilapidó 21 millones de dólares en la compra de dos aviones Hércules españoles que son mera chatarra y están más en reparaciones que en vuelo, ahora otros 100 millones de dólares en seis aviones de guerra y que pagó sobrecostos en la adquisición de drones, le restó recursos a las políticas sociales.
Esa suerte de motosierra se aplicó por primera vez en 2020, cuando se ordenó a las diversas dependencias del Estado que dejaran de ejecutar el 15 % de sus respectivos presupuestos, lo cual afectó las políticas sociales direccionadas a la atención de las personas. Una de las consecuencias fue la congelación del Sistema de Cuidados, que supuso un impacto directo sobre los derechos de los adultos mayores, en un país longevo.
Cuando el Estado está ausente y omiso, el sector privado hace negocio y lucra con la vejez de la peor manera. La tragedia acaecida en Treinta y Tres, que no debería quedar impune, es, invocando a la célebre novela del Premio Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, la “Crónica de una muerte anunciada”.
