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Columnas de opinión | presos | cárceles | inseguridad

El sistema no resiste

¡Liberar a los presos!

En el 2019 había 95.1 presos por cada 100 plazas. En el 2022 se registraron 126 presos por cada 100 plazas. Claro, el discurso tenía que verificarse con más ‘pichis’ en las cárceles. ¿Se alivió la inseguridad? Ni cerca

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Módulo 8 del Comcar. Siete presos en una celda de 6 metros cuadrados. Mugre en las paredes, mugre por todos lados. Se acomodan para dormir y hasta se turnan para usar las cuchetas y colchones en el piso. Están casi sin recreo, 24 x 24 en la misma celda. La comida es una porquería y en el mejor de los casos les sirven dos platos por día. Cuando salen al patio, explota toda la bronca acumulada. Los clanes –una obra de ingeniería social como para cubrirse y sobrevivir– se enfrentan. Le rompen la boca a uno. Vuelan los dientes y, en esas pocas horas en que es atendido, es el único alivio que siente en más de 5 meses de reclusión. Allí, mientras le cosen la boca y las encías y le acomodan los pocos dientes que le quedan, planea su venganza.

Unidad 5 de la cárcel de mujeres. Hay 450 plazas; en la actualidad hay 750 detenidas en el mismo espacio.

Asunción de la barbarie

Miércoles 1° de mayo de 2024. El canciller Omar Paganini asumió ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas las dificultades de Uruguay para solucionar el hacinamiento en cárceles y sostuvo que la aplicación de programas que favorezcan la reinserción social y disminuyan la reincidencia es “prácticamente imposible”.

No podía hacerse el distraído: la organización mundial había sido enfáticamente crítica con Uruguay por el hacinamiento en las cárceles. Pero surfeó en la realidad: el sistema carcelario tiene una “realidad heterogénea”, pero, más allá de eso, destacó que el país cuenta con “cárceles de buen diseño, con variedad de actividades educativas, programas de capacitación y rehabilitación en varias unidades penitenciarias del país”. Sin embargo, estas condiciones no han permitido superar el hacinamiento, principalmente en grandes centros penales del área metropolitana, según descubrió.

Y dijo más: en materia de género, Paganini reconoció los efectos negativos del artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) que “generó un aumento desproporcionado del número de mujeres condenadas por el llamado microtráfico de estupefacientes”.

¿Qué dice el Sistema de Naciones Unidas sobre el tratamiento de las personas privadas de libertad? Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos. No existirá discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otros factores.

En diciembre de 2015, la ONU aprobó un pronunciamiento –“Reglas Nelson Mandela”– que establece criterios mínimos para el tratamiento de los reclusos. Aquí nada se cumple.

Pero como en otros casos, lo interesante de la ONU –una organización burocrática que lava las culpas de los gobiernos y no posee fuerza alguna para detener genocidios como los de Gaza– es que deja al desnudo las miserias de los sistemas más allá de regímenes políticos.

La palabra del comisionado

Así como la ONU tira sal en la herida expuesta, en Uruguay existe la figura del Comisionado Parlamentario Penitenciario. El doctor Juan Miguel Petit es su titular y, junto a un mínimo equipo, anda de cárcel en cárcel tratando de solucionar miles de problemas. Todos los días. Pero las granadas le revientan en la cara el sistema. Petit hace informes. Reclama, empuja, y la realidad punitivista le pasa por arriba.

Observemos este dato, que contempla esa pulsión punitivista que existe en la sociedad, que impulsan sectores políticos de diversos signo, amplificados por los medios de comunicación que se alimentan de sangre: en el 2019 había 95.1 presos por cada 100 plazas. En el 2022 se registraron 126 presos por cada 100 plazas. Claro, el discurso –amparado en el “se terminó el recreo”– tenía que verificarse con más “pichis” en las cárceles. ¿Se alivió la inseguridad? Ni cerca. La demagogia barata e infame, como los datos de hacinamiento y violencia intracarcelaria, quedó al desnudo.

Veamos este otro dato: por día salen de las cárceles unas 25 personas. Familias rotas, sin casa, adictos, sin formación, pobres, violentos. “¡A la calle!”, les grita el sistema. “¡Disfruten de la libertad!”, proclaman los liberales de pacotilla.

Tanto Amnistía Internacional como la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronuncian cada tanto sobre el punto. Nada mueve la aguja. El pacto de convivencia se ha roto; lo sustituye otro más violento y perverso. Y el sistema lo alimenta todos los días, a golpe de ademanes demagógicos.

La solución, ¿qué solución?

Desde una perspectiva humanista, ¿cuál es la solución para atacar el hacinamiento? ¿Hacer más cárceles, hasta el infinito? No parece ser la solución. Me parece necesario explorar otros caminos que tienen alcance legislativo. Se necesitan leyes y valentía.

  • Penas alternativas. Desde distintos ámbitos se ha planteado la necesidad de generar penas alternativas a la prisión, que tengan en cuenta la gravedad de la falta o delito. Es necesario profundizar ese concepto y llevarlo a la realidad legislativa. Paralelamente, parece ser sensato e inteligente tratar a los privados de libertad según antecedentes. Es estúpido mezclar detenidos sin antecedentes con los que poseen diversas entradas en el sistema carcelario. La “Universidad del delito” de parabienes.
  • Liberar a los presos. Hace pocos días, Petit planteó, desde el periódico La Diaria, la siguiente pregunta: ¿Quiénes violan los derechos humanos? ”Hace poco se volvió a plantear si las violaciones de los derechos humanos son cuestión solamente de los Estados, siendo estos los obligados a respetarlos, o si también los individuos, las personas, ya sea organizadas en forma de empresas, organizaciones políticas, sindicales o religiosas, están obligadas a respetarlos. Parece obvio que sí, que respetar los derechos humanos es algo que toca a todos los integrantes de la especie humana, pero cada tanto se sostiene que ‘los que violan los derechos humanos son los Estados’, mientras que los particulares cuando cometen daños lo que hacen es perpetrar ‘delitos’”. Interesante mirada.

Yo agrego y subrayo: el Estado viola sistemáticamente esos derechos, con su función punitoria y el monopolio del ejercicio de la fuerza. No es lo mismo la violencia de un “privado” que la acción del Estado.

“El Estado infringe, vulnera, quebranta o viola los derechos humanos cuando no despliega todos los recursos posibles según cada tiempo histórico (…), cuando no alcanza los estándares de protección previstos en las diversas convenciones internacionales que ratificó”, escribió Petit.

Ese es uno de los argumentos centrales para que los presos, hacinados en condiciones infrahumanas, caso a caso, soliciten la libertad anticipada. “Por cada año de reclusión en esas condiciones, se le computará dos años de condena”, podría decir una futura ley. Esto debe ir acompañado de un sistema de vigilancia y contención.

Los legisladores, la Suprema Corte de Justicia, los fiscales, los jueces, los abogados privados y los defensores de oficio tienen la palabra. (Ya hay antecedentes sobre esta solución: en 1985, la Ley de Amnistía para los presos políticos contempló las condiciones de reclusión y así fueron muchos fueron liberados).

Nota: Otro día escribiré sobre la justicia para pobres y para ricos y sobre los “misterios” que encierra el sistema, que determina que unos privados de libertad van al Comcar o Libertad y otros, criterio definido por Cristo y los apóstoles, van a las chacras, al aire libre, con todos los servicios.

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