Revueltos, pero no juntos

Sobran, por dar un ejemplo, vehículos oficiales de jerarcas cuya función no amerita que se los asignemos. Sólo el exministro de Defensa, Javier García, comprometió al país con unos 300 millones de dólares entre aviones Hércules, aviones de guerra Tucano, metralletas y patrullas transoceánicas, por ahora en stand by y en medio de otra negociación cuestionable. Algunos de estos gastos son necesarios; pero no más importantes que volcar todos los esfuerzos a la infancia vulnerable.

Si la plata no nos da para todo, por lo menos debemos redistribuirla de otra manera, y no solo de manera humanitaria, sino también inteligente. Por eso no hablamos de recortar el gasto público, sino de hacerlo de manera más eficiente.

Chocándonos desordenadamente

Solo por dar algunos ejemplos de reparticiones que se dedican a cosas similares sin una coordinación centralizada, citemos estos casos.

Control de adicciones:

• Junta Nacional de Drogas (JND): Encargada de la estrategia nacional de drogas.
• Ministerio de Salud Pública (MSP): Trata la adicción como un problema de salud.
• Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU): Aborda el consumo en adolescentes.
• Ministerio del Interior: Relacionado con el tratamiento de adicciones en cárceles.
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES): En programas de reinserción y apoyo social.

A esta lista habría que sumar las reparticiones que abordan esta problemática desde los gobiernos departamentales y las ONGs. Por supuesto que es más que loable la función de cada una; pero una acción coordinada sería mucho más económica y efectiva.

Población vulnerable:

• MIDES: Tiene programas como el Mides Cerca, Plan de Equidad y Uruguay Trabaja.
• Banco de Previsión Social (BPS): Asistencia a jubilados y personas con discapacidad.
• Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT): Programas de vivienda social.
• Ministerio de Educación y Cultura (MEC): Apoyo a jóvenes en situación de vulnerabilidad a través de programas educativos.

Discriminación e inclusión:

• Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA): Apoyo a adolescentes en conflicto con la ley.
• Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de Discriminación.
• MIDES: Áreas especializadas en discriminación y promoción de igualdad.
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS): Políticas de inserción laboral y antidiscriminación en el trabajo.

Inserción social y laboral:

• MIDES: Programa Uruguay Trabaja, que apunta a la reinserción laboral.
• MTSS: Programas de empleo, formación laboral y reinserción.
• INAU: Para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

La falta de una coordinación sólida entre estas reparticiones genera duplicación de esfuerzos y, en ocasiones, dificultad para los beneficiarios de acceder a los recursos adecuados. Algunos organismos han intentado mejorar la articulación, pero el desafío sigue siendo significativo.

Infancia desprotegida o vulnerable:

Es una locura. Más allá de las buenas intenciones, de tanto atacar el problema por separado, la realidad ha demostrado que los resultados se diluyen.

• Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU):
  • Principal entidad encargada de la protección de la infancia y adolescencia.
  • Programas de apoyo a niños en situación de vulnerabilidad, hogares y centros de atención.
• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES):
  • Programa Uruguay Crece Contigo: Apoyo a la primera infancia en situación vulnerable.
  • Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS): Atención especial para niños con discapacidades.
  • Diversos programas de apoyo a familias vulnerables.
• Ministerio de Salud Pública (MSP):
  • Atención médica y psicosocial a niños en situación de riesgo.
  • Policlínicas barriales: Para la atención integral de la salud infantil.
• Ministerio de Educación y Cultura (MEC):
  • Programas educativos para jóvenes en situación vulnerable.
  • Coordinación con Plan CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia), aunque este programa depende del INAU.
• Administración Nacional de Educación Pública (ANEP):
  • Apoyo a estudiantes en situación vulnerable a través de becas y programas de inclusión educativa.

Madres solteras:

• MIDES:
  • Tarjeta Uruguay Social y otros programas que ofrecen apoyo económico a madres solteras.
  • Programas de capacitación laboral y oportunidades de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad.
• Banco de Previsión Social (BPS):
  • Apoyo económico a madres solteras a través de asignaciones familiares y subsidios.
  • Programas específicos de protección social para madres con hijos a cargo.
• Intendencias departamentales:
  • Algunas intendencias tienen programas locales de apoyo a madres solteras, aunque varía según el departamento. Estos programas incluyen viviendas, guarderías y ayudas directas.

Violencia doméstica:

• Ministerio del Interior:
  • División de Violencia Doméstica y de Género: Brinda asistencia a víctimas de violencia doméstica.
  • Comisaría de la Mujer: Oficinas especializadas en violencia de género en todo el país.
• Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES, MIDES):
  • Implementación de políticas de género y programas de apoyo a víctimas de violencia doméstica.
  • Refugios y asistencia psicosocial para mujeres y sus hijos.
• Ministerio de Salud Pública (MSP):
  • Atención a víctimas de violencia doméstica en el sistema de salud, con programas de prevención y asistencia.
• Poder Judicial:
  • Implementación de las Oficinas de Violencia Doméstica que reciben denuncias y facilitan el acceso a medidas de protección.
• Intendencias:
  • Varias intendencias (como la de Montevideo y Canelones) tienen programas específicos de atención a la violencia de género, que incluyen refugios temporales y asesoramiento legal y psicológico.

Coordinación nacional:

• Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica: Espacio de coordinación de políticas entre varias instituciones del Estado.
• Sistema de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV): Red de organismos que se ocupan de la violencia infantil, liderada por INAU y otros actores nacionales.

En resumen, hay muchas entidades involucradas tanto a nivel nacional como departamental, pero la coordinación entre todas ellas no siempre es eficaz. La multiplicidad de programas puede dificultar el acceso a los recursos adecuados para las personas afectadas.

Discapacidad:

• Ministerio de Desarrollo Social (MIDES):
  • Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS): Es el principal programa encargado de desarrollar políticas públicas para las personas con discapacidad. Ofrece ayudas técnicas (como prótesis y sillas de ruedas), programas de accesibilidad, capacitación laboral y servicios de orientación para las personas con discapacidad y sus familias.
  • Uruguay Trabaja: Un programa que también contempla a personas con discapacidad para facilitar su inserción en el mercado laboral.
• Banco de Previsión Social (BPS):
  • Gestiona asignaciones y beneficios para personas con discapacidad, tanto niños como adultos. Además, administra programas de rehabilitación, prótesis y subsidios a quienes no pueden trabajar.
  • Centro de Referencia Nacional en Rehabilitación (CRNR): Ofrece atención médica y rehabilitación integral para personas con discapacidad física.
• Ministerio de Salud Pública (MSP):
  • Provee atención médica a personas con discapacidades físicas y mentales a través del Sistema Nacional Integrado de Salud.
  • Centros de rehabilitación en hospitales públicos.
  • Control y provisión de medicamentos para personas con enfermedades mentales o discapacidades.
• Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS):
  • Dirección Nacional de Empleo (DINAE): Programas de inserción laboral para personas con discapacidad, promoviendo su inclusión en el ámbito laboral.
• Administración Nacional de Educación Pública (ANEP):
  • Programa de Educación Especial: Brinda educación adaptada a niños y jóvenes con discapacidades, tanto en escuelas especiales como en centros de educación regular con apoyo especializado.
  • Plan Ceibal: Proporciona tecnologías y herramientas de accesibilidad para estudiantes con discapacidades.
• Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU):
  • Programas de apoyo a niños y adolescentes con discapacidades físicas o mentales, brindando atención y apoyo a las familias a través de centros de cuidado especializados.
• Poder Judicial:
  • Defensoría de la Niñez y Adolescencia y de Personas con Discapacidad: Protege los derechos de las personas con discapacidad, garantizando su acceso a la Justicia.

Coordinación y redes:

• Consejo Nacional Honorario de la Discapacidad (CONADIS):
  • Un organismo que coordina las políticas públicas sobre discapacidad entre varias entidades del Estado.
• Sistema Nacional Integrado de Cuidados:
  • Ofrece asistencia a personas con discapacidad severa que requieren cuidados permanentes, con programas de asistencia personal y centros diurnos.

Organismos internacionales con presencia en Uruguay:

• Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Organización de las Naciones Unidas (ONU):
  • Colaboran con el Gobierno en proyectos de inclusión y derechos para personas con discapacidad.

Conclusión

En Uruguay, al menos 8 reparticiones nacionales abordan de manera directa los problemas de la discapacidad física y mental, con distintos enfoques. Además, las intendencias departamentales también tienen programas específicos que refuerzan la atención en esta área. Sin embargo, la falta de una mayor coordinación entre todas estas instituciones puede ser un desafío para garantizar una atención integral.

Afortunadamente, el Senado acaba de aprobar por unanimidad una ley que obliga al Estado a coordinar todas las políticas y recursos que atienden a la primera infancia y a los niños más vulnerables. El proyecto fue presentado por el Frente Amplio en el gobierno pasado, pero no alcanzó los votos necesarios. La diputada Cristina Lustemberg (FA) volvió a presentarlo y consiguió el apoyo de todos los partidos para su aprobación, cuando faltan pocos días para que finalice el plazo constitucional. Supongo que cuando esta nota sea publicada, la Cámara de Diputados también lo haya aprobado.

Ahora, la pregunta, cuya respuesta la tendrá la próxima legislatura, es: ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el resto y unificamos esfuerzos con una coordinación centralizada?