Uruguay: ¿Cuánto más bajo podemos caer?

Aunque este repaso solo abarca los hechos irregulares de los últimos días, no es completo, ya que siempre superan con sus acciones nuestra disponibilidad de tiempo y espacio para detallarlos todos.

Así nos ven afuera

El 3 de febrero de 2013 el medio británico The Economist volvió a destacar a Uruguay como país líder en democracia plena a nivel mundial. Gobernaba entonces el Frente Amplio. Otros estudios y organizaciones consideraron a nuestro país como el de mayor transparencia (menor corrupción) de la región, compartiendo el podio con Chile. También con los gobiernos del Frente Amplio llegó a ser el país con menos pobreza e indigencia y el Salario Mínimo Nacional más alto de América Latina y El Caribe. Fueron 15 años de crecimiento consecutivo y aumentos de salarios y pasividades por encima de la inflación. De hecho, las jubilaciones se triplicaron en dicho período.

The Economist continúa hoy elogiando y considerando a Uruguay “un país modelo”, destacando que “más del 95% de su electricidad proviene del sol, el viento, el agua y los biocombustibles. Las parejas del mismo sexo pueden casarse. Los residentes pueden comprar cannabis en las farmacias”. Todos logros del Frente Amplio.

Sin embargo, el análisis destaca “un aumento del crimen que hace temblar al país” y que, debido a los hechos de corrupción, “Uruguay está perdiendo su reputación como caso de éxito en América Latina”.

Las cifras son elocuentes: luego de tres años con una tasa promedio de crecimiento del PIB de 3% (4,9 en 2022) el resultado es que tenemos 42.000 personas más en la pobreza con respecto a 2019, según el informe anual del Instituto Nacional de Estadística. Tenemos a 350.000 personas por debajo de la línea de pobreza.

Si el crecimiento se dio pese a la pandemia, no se puede justificar con ella el aumento de la pobreza. Lo único que la explica son las prioridades del gobierno. Lacalle Pou no fue elegido por las familias más pudientes para que terminara beneficiando a las más humildes. Lo llevaron al poder para que bajara el salario real de los trabajadores, cosa que logró con éxito, y la pandemia le cayó como anillo al dedo para justificar sus políticas neoliberales.

Sinvergüenzas

El objetivo ahora es que la gente trabaje más años y termine cobrando menos o, en el mejor de los casos, lo mismo. De recortar los privilegios del sector agropecuario exportador, las grandes empresas o la clase política, ni hablemos. De controlar el dinero que sale de las arcas del Estado para que las intendencia blancas vendan obras, cargos y favores a cambio del voto, menos.

Los dirigentes de Cabildo Abierto no tienen vergüenza. Primero se mostraron tan en contra de la reforma de la seguridad social que el proyecto parecía condenado al fracaso; pero Lacalle Pou aceptó el chantaje del partido militar y todo sigue adelante, pese a los berrinches intrascendentes del ignorado Partido Colorado. El chantaje consistió en aprobar la reforma a cambio de que la coalición votase la reparación a las víctimas de la violencia política y la prisión domiciliaria para los terroristas de Estado mayores de 65 años.

Parece que a los 65 años estás en perfectas condiciones para continuar trabajando; pero no para estar en la cárcel tras haber violado, torturado o asesinado en los calabozos de la dictadura blanquicoloradamilitar.

Con el cambio de cálculo que se busca, las jubilaciones que están entre 40.000 y 70.000 pesos tendrán, promedialmente, un 5% de mejora; pero las más bajas no subirán por encima del 1,5%.

Cabildo Abierto, que tanto critica a las corporaciones, no ha hecho más que buscar el beneficio para sus camaradas de armas, los cuales trabajarán menos y cobrarán más. Lacalle Pou le da lo que pide, porque sin el voto de la ultraderecha no puede ni soñar con competir nuevamente por la presidencia luego del lapso intermedio que exige la Constitución.

Mientras tanto, las familias gobernantes saben que tienen que hacer la mayor cantidad de dinero de urgencia y acomodar o beneficiar a todos los correligionarios y familiares que puedan porque les queda cada vez menos tiempo para meter mano a las arcas del Estado.

Mientras que el presidente ya acomodó a sus cuñados, el Ministerio de Turismo contrató publicidad en forma directa a la empresa de Juan Santiago Acuña Argimón, hijo de la vicepresidenta Beatriz Argimón y socio de Antonio y Martín Rupenian, de la revista Caras Uruguay (Timoty SRL). Juan Santiago Acuña Argimón fue socio también de Fernando Cristino, el cual llamó a su madre reclamando extorsivamente el pago de una deuda y recibiendo amenazas al mejor estilo Corleone por parte de la vicepresidenta.

Pese al incumplimiento de la revista Caras con el BPS, el 29 de diciembre de 2020 el entonces ministro Germán Cardoso le adjudicó en forma directa $ 488.000. El 2 de diciembre de 2021, el ministro interino de la misma cartera, Remo Monzeglio, le adjudicó, también en forma directa, $ 240.000, y el 11 de octubre de 2022 le benefició con otros $ 351.360.

No criticamos que el gobierno destine dinero a publicidad; pero es inmoral que lo haga para beneficiar al hijo de la vicepresidenta de la República.

Y de lo turbio pasamos a lo sórdido

Si bien hay que tomar con pinzas cada palabra pronunciada por la militante nacionalista Romina Celeste, las pintadas en los muros de su casa fueron captadas por una cámara de videovigilancia y arrojaron un manto de sombra lúgubre al caso Penadés.

Pocos días después, el 17 de abril, Sebastián Barbieri Franco, de 17 años, fue asesinado en las calles Antonio Díaz y Versalles del barrio Sayago. La Policía halló en el lugar 24 vainas calibre 9 mm y un auto Ford con 13 impactos de bala. La cantidad de disparos es elocuente. Romina Celeste comentó a Caras y Caretas que lo conocía desde 2021 y le contó que había sido víctima de Gustavo Penadés y pensaba atestiguar.

Esperemos que en los próximos días la investigación logre establecer el móvil del homicidio y despejar especulaciones. Lo que afirma Romina puede ser cierto o no. Lo que sí es real es que una tercera víctima declaró esta semana en contra del senador del Partido Nacional. En este caso, no está representada por el Consultorio Jurídico de la Udelar.

Por otra parte, Alejandro Astesiano fue denunciado por un empresario que le habría entregado US$ 150.000 para que empresas -entre las que figura Vertical Skies- se presentaran a licitaciones públicas. Esta empresa es la que ordenó el espionaje contra los senadores Mario Bergara y Charles Carrera para extorsionarlos. Carrera exige que la UTE detenga el proceso de compra de un dron mientras se investiga el sobreprecio, ya que “el dron que vende Vertical Skies es de la empresa española Alpha; ahora bien, resulta que la armada de Grecia compró 5 drones por un millón de euros, mientras que UTE por uno solo pagó US$ 750.000”.

Paralelamente, reapareció la fiscal Gabriela Fossati y dijo que “quienes van presos son los más desgraciados” y a los poderosos les “alcanza con presionar para ni siquiera ser investigados”.

A confesión de parte, relevo de pruebas. Esto explica por qué pactó con Astesiano sin tocar a sus superiores.

Por donde se busque, todo indica que estamos peor que ayer y mejor que mañana.