Culminadas las fanfarrias de la victoria, nuestro Gobierno pareció, por momentos, gobernar con piloto automático los destinos del país, construyendo un envejecimiento precoz de la izquierda, más allá de sus buenas intenciones y la pérfida herencia recibida por la corrupción multicolor.
No soy de los frenteamplistas que creen que en estos 18 meses de gobierno no se ha hecho nada. No puedo ignorar que este Gobierno se enfocó en las 62 prioridades, que ya lleva avanzadas muchas de ellas, que sacó de la pobreza a varias decenas de miles de uruguayos, que fabricó 33 mil nuevos puestos de trabajo, que aumentó un 7,5 % las jubilaciones más atrasadas y además envió un proyecto de ley para crear una causal que habilite la jubilación anticipada a los 60 años sin afectar la estabilidad de la seguridad social, que batió el récord de bonos escolares y de becas estudiantiles, que se reservó 700 millones de dólares para eliminar los asentamientos, cifra que dobla las reservas prometidas por Lacalle Pou, y muchas otras resoluciones. Pero la mujer del César no solo debe ser honrada sino parecerlo, y este Gobierno es de izquierda pero no lo parece. Por falta de comunicación eficiente de sus avances pero también por errores en sus declaraciones conciliadoras u omisiones en declaraciones de izquierda que son de rigor, o en gestos aplaudidos por la derecha vernácula. Y el resultado ha sido el enojo constante de gran parte de sus votantes y la deserción de la militancia.
El FA era programa y pasión, razón y emoción. El programa fue herido por el realismo político.
El programa del FA no es socialista, no es anticapitalista, pero se dirige hacia un nuevo sistema, un nuevo paradigma. Pasa por una etapa de capitalismo de Estado–neodesarrollista de izquierda.
Es cierto que en este siglo XXI se va desdibujando la antítesis izquierda y derecha. Surgen nuevos laboratorios donde a los dirigentes y líderes no se los puede definir más como de izquierda o de derecha. Por derecha son los casos de Trump y Milei y Bolsonaro, que son, más que derechistas, tecnopopulistas que reniegan de la democracia representativa que fue la gran bandera de la derecha moderada. No creen en los partidos ni en los sindicatos, ni en las iglesias ni en ninguna representación. Y por izquierda tenemos el caso de Orsi, que no levanta las banderas de la izquierda sino de un pragmatismo que subordina toda ideología al crecimiento económico para beneficiar a los más desposeídos. Son nuevos laboratorios donde se construyen nuevas propuestas difíciles de definir como de izquierda o de derecha. Este congreso debe descifrar esta incógnita y resolver la contradicción.
Pero ningún gobierno de izquierda puede desconocer que el clivaje uruguayo es Frente Amplio versus anti Frente Amplio, así como el clivaje brasileño es PT versus anti PT, y el clivaje argentino, peronismo versus antiperonismo.
Tal certeza sociológicamente comprobada parece no tenerla en cuenta nuestro gobierno progresista.
Por eso este octavo congreso puede, y debe, convertirse en una herramienta refundadora.
La intención de este artículo, no es pronunciarse sobre las centenares de resoluciones que recaerán sobre las neuronas de los congresales. Esa tarea la llevó a cabo mi hermano Emilio Cafassi Mertens en un informe que distribuyó a decenas de dirigentes y congresales. Posiciones que también serán defendidas en el Congreso por mi hermano Carlos Fasano Mertens, quien participará como congresista.
Mi intención es llamar la atención sólo sobre cuatro decisiones que se me antojan imprescindibles para recuperar la razón y la pasión de los genes frentistas, procurando identificar y separar las contradicciones principales de las contradicciones secundarias que pueden nublar el entendimiento de los congresales.
Este congreso debe orientarse a establecer políticas que impidan que nos transformemos en ser todo aquello contra lo que luchamos a los 20 años. Es hora de enterrar ese gualicho que afirma que el poder es como el violín, se toma con la izquierda y se ejecuta con la derecha.
Las cuatro contradicciones que a mi entender deberá resolver indirectamente el congreso son las siguientes: 1) resolver la contradicción entre partido y Gobierno; 2) resolver la contradicción geopolítica entre relaciones necesarias con gobiernos ideológicamente hostiles y principios innegociables como el caso del genocidio israelí en Gaza; 3) resolver la contradicción entre la creciente inseguridad pública, derecho irrenunciable de la ciudadanía y las políticas de rehabilitación y eliminación de las causas que la provocan, sin vulnerar los derechos humanos; 4) resolver la contradicción entre la necesidad de inversiones y una política tributaria que grave la gran opulencia y financie las necesidades sociales. Esta transformación tributaria resolvería en parte la tragedia de los magros salarios que impiden a la mitad de la población llevar una vida digna, a la par que atenuaría el tímido desarrollo económico del país engarzado en una desigualdad irritante en la distribución del ingreso.
Podría agregar una quinta contradicción: “¿Cómo, sin ceder un ápice a la crítica fermental y fraterna obligada por la coyuntura, se puede mantener enhiesta la estética de la unidad y la ética del compromiso?”. Pero este deseo no lo expongo como contradicción sino como mandato imperativo de un congreso que debe lograr la síntesis entre ambos opuestos.
¿Podrá, en esta decimosexta oportunidad colectiva, el Congreso José Mujica sentar las bases para una nueva reforma nacional, transformadora de una realidad injusta que nos ofende?
Partido y gobierno
Analicemos la primera contradicción entre el Gobierno de izquierda y el partido frenteamplista que lo alojó en el poder. Un fantasma recorre la izquierda uruguaya: el desencuentro subjetivo entre el partido y el gobierno, entre el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo. Su resolución fraternal pero sin ambigüedades marcará el futuro del progresismo uruguayo, forma que asumió nuestra izquierda durante los 16 años, incluidos estos 18 meses de gobierno de Orsi, que procuran cambiar la matriz desarrollista del país para atenuar la injusta desigualdad.
Nunca antes como en estos 18 meses de gobierno frenteamplista este dilema asumió dimensiones que impiden ocultar la contradicción. ¿Quién manda, el partido o el Gobierno? Su abordaje no es simple, su complejidad desanima y la tentación de barrer la contradicción bajo la alfombra del no te metas es una tentación real.
El Congreso tendrá que buscar la salida de esta contradicción. Intentaremos en este artículo brindarle algunos insumos para facilitar ese análisis colectivo.
La primera incógnita a dilucidar es constitucional. La interpretación que afirma que el Poder Ejecutivo gobierna para todos los uruguayos y no solo para los que lo votaron no puede entenderse en forma simplista. Gobernar para todos los uruguayos debe interpretarse como gobernar para el bien común, pero con las ideas que resultaron mandatadas por las mayorías que se pronunciaron en los comicios. Lo contrario sería un desatino. Implicaría engañar a quienes lo eligieron, traicionar el mandato del partido que eligió a sus representantes en un congreso formal y democrático para que llevaran a cabo las ideas programáticas que fueron aprobadas.
Respetar a las minorías es una condición necesaria en la horma de la democracia representativa que rige al Estado uruguayo. Pero respeto no implica sujeción a las minorías, más allá del intento cultural de persuasión constante y sin trampas.
Por otra parte, la interpretación taxativa de “se gobierna para todos los uruguayos” carece de todo sustento legal o constitucional. En efecto, el artículo 168 de nuestra Carta Magna, el único que se refiere a las potestades y representatividad del Poder Ejecutivo, no establece en ninguno de sus incisos esa obligación. La única referencia al respecto es cuando establece que el presidente de la República representa a todos los uruguayos en el exterior.
Pero en el gobierno de Orsi, que se produjo ungido en la interna en forma abrumadora, es la primera vez en que un presidente le dice al partido que lo llevó al poder que una cosa es el Gobierno y otra la fuerza política, y que quien decide y manda es el Gobierno y no el partido.
La izquierda, desde antes del 5 de febrero de 1971, cuando se crea el Frente Amplio, siempre priorizó al partido. La corriente marxista le había ganado la pulseada a las fuerzas anarquistas, menos simpáticas con organizaciones verticales organizadas. Sin embargo, Marx nunca formuló una teoría de partido. El que sí la elaboró, en su “Qué hacer”, fue Lenin, con su centralismo democrático y el profesionalismo revolucionario.
También es cierto que el FA no adoptó la teoría de partido de Vladimir Ilich, pero sí consagró en sus estatutos aprobados a la caída de la dictadura el concepto de mandato imperativo.
El gobierno de Orsi, sostenido por la principal organización frentista, el MPP, surge después de una traumática derrota en el 2019, y su principal objetivo es que no se repita. Nadie puede dudar del izquierdismo del MPP, cuyos lazos con el Movimiento de Liberación Nacional son innegables. El MPP ha heredado el pragmatismo de José Mujica Cordano, pulmón de los ciudadanos más humildes.
Pero hay que preguntarse cuáles son los límites del pragmatismo cuando no existe la correlación de fuerzas indispensables para instalar las ideas de la emancipación humana.
¿Hasta dónde el pragmatismo puede ignorar determinados principios, razón de ser de la izquierda en el mundo?
Sabido es que ser oposición es más fácil; ser gobierno requiere una visión estratégica y una voluntad incansable, adoptando decisiones polémicas, probando una y otra vez el ensayo y el error. Entendemos a Orsi y su equipo en sus objetivos. Incluso lo entendemos si tiene que abrazarse a algunas culebras, como dijo Mujica, para alcanzar el objetivo de justicia social tan esquivo.
Intuyo que el equipo estratégico que comanda este Gobierno conoce bien la diferencia entre bloque de poder dominante y bloque de poder reinante, tal cual lo definió el genio sociológico del greco-francés Nicos Poulantzas, y por lo tanto actuarán con rigor estratégico, tomando en cuenta esa diferencia.
Israel y masacre en Gaza
Uno de los mayores cuestionamientos al Gobierno progresista es su prudente y conciliadora política exterior orientada por un canciller pragmático y de reconocida solvencia técnica, a la par que numerosos contactos internacionales. El conflicto principal fue la negativa del Gobierno uruguayo a calificar de genocidio la masacre israelí en Gaza. La Cancillería definió ese genocidio como una masacre, pero sin llegar a calificarla técnicamente como genocidio. No entendemos que no hayan declarado que la masacre en Gaza es un genocidio, cuando más de 150 naciones así lo han declarado, en acuerdo con la ONU y la Corte Penal Internacional. Cuando la mayoría de la horrorizada clase media uruguaya así lo considera, incluyendo a buena parte de nuestra pacífica colectividad judía.
“Israel está cometiendo crímenes de guerra. La banda criminal encabezada por Netanyahu ha sentado un precedente sin igual en la historia de Israel. Lo que estamos haciendo ahora en Gaza es una guerra de devastación, el asesinato indiscriminado, cruel y criminal de civiles. Hemos estado negando a los habitantes de Gaza alimentos, medicinas y necesidades básicas como parte de una política. Estos ataques contra civiles son cometidos en forma deliberada, maliciosa e irresponsable”. Estas palabras no fueron pronunciadas por un antisemita, o simplemente un árabe o un aliado de éstos. Le pertenecen nada menos que a un ex primer ministro del Estado de Israel, Ehud Ólmert.
Netanyahu es el mayor antisemita de los últimos 80 años desde que culminó la Segunda Guerra Mundial.
Siempre me deslumbró que una comunidad étnica y cultural tan pequeña, de 20 millones de seres humano frente a lo más de 8 mil millones que hoy habitan el planeta, haya producido sólo en los últimos 3 siglos inteligencias magistrales como Baruch Spinoza, Karl Marx, Heinrich Heine, Joseph Pulitzer, Jonas Salk, Marcel Proust, Franz Kafka, León Trotsky, Gioachino Rossini, Henri Bergson, Rosa Luxemburgo, Johann Strauss, Gustav Mahler, Léon Blum, Sigmund Freud, Albert Einstein, y decenas de prodigios más, sin olvidarme de la sabiduría ancestral de Maimónides en la Edad Media. Bueno es recordar que el 50 % de los dirigentes de la Revolución rusa que derrocó el zarismo, hasta la muerte de Lenin, eran judíos.
También fueron los primeros en la Antigüedad en instalar el cambio civilizatorio monoteísta. Los primeros en aproximarse al racionalismo de la politeísta civilización griega, y los primeros en abolir la esclavitud.
Me solidaricé con ellos por ser, desde la caída del Reino de David, uno de los pueblos más perseguidos en la historia de la humanidad, sin olvidarme de mi solidaridad con los armenios, los gitanos, los kurdos y otras etnias también salvajemente reprimidas.
Ya van más de 75.000 civiles desarmados, asesinados por órdenes del Gobierno israelí, la mayoría mujeres y niños, sin contar los que yacen bajo los escombros. Y lo peor es la aplicación del nuevo método de exterminio, de limpieza étnica aplicado por el Likud, el asedio por hambre, sed y enfermedades, impidiendo el ingreso de camiones con alimentos y medicina. Su crueldad, el matarlos por hambre, es parte de un genocidio inteligente. El hambre tiene menos prensa negativa que las balas y las bombas.
Hoy detenta el ejército más poderoso de la región, dotado de armas nucleares y una fuerza descomunal que aplica sistemáticamente contra la indefensa población gazatí.
Con esa fuerza en sus manos, no solo asesina a poblaciones enteras desarmadas, sino que invade tierras ajenas, desocupando por la fuerza a sus indefensos colonos.
El aislamiento y repudio mundial es de tal entidad que un Estado prestigioso y democrático, como era antes el Estado de Israel, se ha transformado en un Estado paria, un Estado leproso del que todos quieren apartarse.
No se puede comparar a Netanyahu y su Likud con el Partido Laborista israelí, con Ben-Gurión, Golda Meir, Shimon Peres e Isaac Rabin.
Y el exministro de Defensa de Israel y exjefe del gabinete de las Fuerzas de Defensa israelíes, Moshé Yalón complementó: “Esto no es un pasatiempo, es una política gubernamental cuyo objetivo final es aferrarse al poder y nos está llevando a la destrucción”.
Hoy son cada vez más los judíos que se oponen al genocidio palestino y los que aceptan la formación de los dos Estados.
Con estos elementos es imposible entender cómo nuestro Gobierno de izquierda titubea en calificar de genocidio lo que la inmensa mayoría de los Estados ya definió.
Inseguridad monocausal punitiva o multicausal humanista
La inseguridad es quizás el problema de mayor incidencia electoral en nuestro país y en la región. La mayoría de los gobiernos de derecha que hoy dominan América Latina, con excepción de México, Guatemala y Uruguay (está pendiente el desenlace de la segunda vuelta en Brasil), ascendieron al poder bajo la bandera de erradicar punitivamente la creciente inseguridad. Al extremo de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es el mandatario con mayor índice de aprobación en el mundo.
En Uruguay, la ineficiente gestión de los gobiernos blancos y colorados posteriores a la dictadura para erradicar la inseguridad pública no pudo ser contrarrestada por los tres gobiernos progresistas anteriores, pese a que su política de seguridad fue considerada internacionalmente como la mejor de América Latina.
El tema es crucial para la izquierda uruguaya: existen encuestas que afirman que un 40 % de los frenteamplistas apoyan las políticas de Bukele. ¿Cómo superar entonces la contradicción entre inseguridad monocausal y punitiva e inseguridad multicausal respetuosa de los derechos humanos?
En este artículo apuntaremos algunas reflexiones como insumo para los congresistas.
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Estamos inmersos en el continente con mayor índice delictivo del mundo. Según el Banco Mundial, en 2017 América Latina registraba la cifra más alta de asesinatos del planeta: 22 homicidios intencionales cada 100 mil habitantes. Uruguay registraba 8 cada 100 mil.
El capitalismo es el arma mortal del delito; lo relevante es saber cómo neutralizarlo. Hasta que un nuevo paradigma sustituya al que alimenta la dependencia y la alienación de la humanidad, ese virus seguirá infectando a los pueblos.
El impresionante aumento de la prosperidad y la igualdad, la disminución de la pobreza, el ascenso social de las clases más desposeídas y el crecimiento geométrico del consumo, en lugar de desalentar la delincuencia, también la incentivaron al multiplicar los bienes susceptibles de apropiación indebida.
Otra explicación del aumento delictivo es el vertiginoso ascenso del narcotráfico en nuestro país, ajeno hace algunas décadas a este cáncer que hoy devora las entrañas de nuestra formación social.
El mercado del delito se amplió porque creció el mercado de bienes y porque el nuevo Código del Proceso Penal, con sus penas alternativas, actuó en muchos casos, como explica el analista Diego Sanjurjo, como “un shock exógeno a la delincuencia”, aumentando la impunidad, debilitando el poder disuasorio de la Justicia y facilitando el ingreso al crimen.
Solo la izquierda puede resolver un problema que no es monocausal, como cree la derecha cuando propone exclusivamente mano dura y represión, sino multicausal. Si no se atacan todas las causas, la infección no se detendrá. El populismo punitivo continúa aumentando penas y represión sin resolver el problema. Como afirmó el expresidente de la Corte Suprema argentina, Raúl Zaffaroni: “Las penas nunca eliminan el delito”.
Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, encontró un sistema policial cuya estructura administrativa tenía 70 años y una tecnología obsoleta, con más de medio siglo de antigüedad. El personal encargado de custodiar a la población ganaba $5.294 mensuales y las cárceles estaban abarrotadas, convertidas en ollas a presión. En 50 años, mientras la población uruguaya aumentó un 20 %, la población carcelaria creció un 700 %. Las cárceles eran la principal escuela del delito.
Los tres gobiernos frenteamplistas transformaron ese sistema mediante un conjunto de medidas sin precedente en la seguridad pública del país. Durante los últimos 10 años de gestión del ministro Bonomi a quien el senador Larrañaga llegó a considerar “el mejor ministro del Interior de los últimos tiempos” se duplicaron los esfuerzos. Bonomi se rodeó de figuras de izquierda firmes y pragmáticas, como el sociólogo Gustavo Leal, y de jerarcas policiales honestos como Guarteche, Rivero y Layera, construyendo un nuevo modelo policial. Y el actual ministro Carlos Negro continua con la misma política de orientación multicausal.
Estos resultados recibieron reconocimiento internacional. El BID calificó a Uruguay como el país más seguro de la región. A su vez, la International Police Science Association estableció en su Índice Mundial de Seguridad Interna que “Uruguay ocupa el primer lugar de América Latina en seguridad ciudadana” y el puesto 35 en el mundo, entre unas 200 naciones. Estados Unidos ocupaba el lugar 33; Italia, el 34; Chile, el latinoamericano más próximo, el 43; Argentina el 77, y el Brasil de Bolsonaro, el 94.
La pregunta que debemos formularnos ante las dudas sembradas con maledicencia en las encrucijadas electorales no es simplemente si el delito aumenta o disminuye, porque su crecimiento anual es un fenómeno mundial. La pregunta es quién ha desarrollado una política responsable y permanente para combatirlo, aislarlo y contenerlo, al mismo tiempo que intenta recuperar a los infractores.
Esa política, insisto, no tiene precedentes en la historia de la seguridad pública uruguaya. Y fue desarrollada pese a la plaga del narcotráfico y a la vigencia de una legislación anacrónica que obliga al Poder Judicial a liberar a una importante proporción de delincuentes capturados por una Policía hoy mucho más profesional y preparada para servir al ciudadano, cuyos integrantes arriesgan en esa tarea su vida y, a veces, hasta su libertad.
Desarrollo económico y desigualdad
La cuarta contradicción, quizás la más transformadora y difícil, se inserta en cifras de la desigualdad que nos ubican en el peor lugar de América Latina.
En efecto, el último reporte de World Inequality Database (WID), emitido al término del mandato de Luis Lacalle Pou, indica que el 1 % más rico de Uruguay concentra el 40,5 % de la riqueza neta personal del país, la proporción más alta de América Latina, según un análisis publicado por Latinometrics.
Dentro de América Latina, detrás de Uruguay aparecen México, con un 39,8 %; Chile, con un 39,6 %; Brasil, con un 39,5 %; Colombia, con un 39,2 %; y Perú, con un 38,6 %. El promedio regional se ubicó en el 36,9 %, apenas por encima del promedio mundial del 36,4 %.
Latinometrics destacó que el resultado contrasta con la imagen habitual de Uruguay como uno de los países más igualitarios de la región. Según el análisis, aunque el país registra comparativamente menores niveles de desigualdad de ingresos, la situación cambia al observar la distribución de la riqueza acumulada. Si bien el presidente Orsi y su ministro de Economía, Gabriel Oddone, están intentando atenuar esta irritante desigualdad y ya han reducido algunos guarismos, incluso desalojando de la pobreza a más de 90 mil uruguayos, se niegan con razones discutibles a aplicar el 1 % a los super ricos del Uruguay, recaudación que haría retroceder un poco esta injusta desigualdad.
La negativa a aplicar un impuesto que circula incluso en los países desarrollados del mundo capitalista no se entiende.
Es cierto que el tema es polémico. Jorge Fontevecchia, en enero de este año, explicaba que para Piketty el problema es la distribución de la riqueza y, corrigiendo la desigualdad, se estabiliza la democracia; para Turchin, el colapso del sistema no depende del sostenimiento o crecimiento de la desigualdad. El Imperio romano tardío produjo relevantes redistribuciones de la renta e igual colapsó. Viceversa: la desigualdad puede mantenerse injusta sin ser explosiva. Si la economía no crece, repartir mejor lo que hay intensifica el conflicto intraélites porque “el botín” es fijo. “Redistribuir sin expansión no reduce la presión, la reubica”.
Me dirán que es lógico, visto que en su origen los impuestos los cobraban los nobles y los pagaban sólo los pringaos, los hijos de nadie, el populacho, los productores de todo, el Tercer Estado. La nobleza y el clero Dios los guardaba no pagaban ni uno, ni siquiera el copete del domingo.
Otra prioridad del ministro Oddone, reconocido como uno de los mejores economistas de América Latina, tiene que ver con la estabilidad y solidez de los macroindicadores económicos. Sería bueno recordarle lo que en 1974 Edman Bacha definió como un país que privilegió esos indicadores, al cual denominó Belindia, es decir, una mezcla de la sólida Bélgica y la pobreza de la India, probando con cifras en la mano que los indicadores económicos del primer mundo no facilitan que las mayorías puedan vivir dignamente.
Lo que un siglo atrás se podía llamar principio de esperanza estaba del lado de la izquierda. Coincidimos con Ricardo Antúnes en el reportaje que le hizo Daniel Gatti, publicado en Brecha, afirmando que: “Hoy esa izquierda apenas aspira a ganar las elecciones para reducir el daño. Gestiona, no cambia. Y lo hace en nombre de un ‘realismo’ que en los hechos oculta su incapacidad para imaginar nada que se salga del universo del capitalismo”.
Este decimosexto congreso frenteamplista, si quiere pasar a la historia, tendrá que, apelando a la estética de la unidad y la ética del compromiso, iniciar la impostergable reforma nacional, pasando de la gestión a la transformación.
Como siempre dijimos, se trata de revolucionar las democracias y democratizar las revoluciones.
