En este contexto, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) señaló que el objetivo central fue “mitigar el traslado de las variaciones del precio del barril de petróleo a los precios internos”, protegiendo tanto el poder adquisitivo de los hogares como la competitividad de los sectores productivos.
Los nuevos valores fijan la nafta Súper en $82,27 por litro y el gasoil 50S en $50,63, cifras que, si bien implican un aumento, se ubican sustancialmente por debajo de los niveles que hubieran resultado de aplicar la paridad de importación de forma plena.
Un elemento clave en esta estrategia ha sido el rol de la refinería de ANCAP, que permite amortiguar parcialmente las fluctuaciones externas y administrar el impacto en el mercado interno. Este instrumento resulta particularmente relevante en escenarios de alta volatilidad internacional, donde los precios pueden registrar variaciones bruscas en cortos períodos de tiempo.
La decisión también refleja un delicado equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la necesidad de evitar efectos contractivos en la economía. Un ajuste total alineado con el PPI habría tenido consecuencias directas en los costos de transporte, la producción y, en última instancia, en los precios al consumidor.
No obstante, la política no está exenta de debate. Mientras desde el gobierno se destaca el esfuerzo por contener el impacto, algunos sectores advierten sobre los costos fiscales o financieros asociados a esta decisión y la necesidad de mantener reglas claras en la fijación de precios.
En cualquier caso, la señal es clara: frente a un contexto global adverso, el Ejecutivo priorizó una estrategia de gradualidad y amortiguación, buscando sostener la estabilidad interna sin trasladar de forma inmediata todo el shock externo a la economía local.
