Cómo incrementar la inversión privada en un 10%

La inversión en infraestructura será una pieza fundamental de la recuperación. Sin embargo, la escasez de recursos obliga a los gobiernos a gastar con buen tino el dinero de los contribuyentes en los proyectos adecuados. Para ello, se requiere una buena gestión de la infraestructura en los países, con instituciones y marcos sólidos para planificar, asignar y llevar adelante infraestructuras públicas de calidad».

Más tarde, en su blog, el 6 de octubre de 2020, el FMI insiste en que «la inversión pública es esencial».

Aumentar el gasto público

En su informe Monitor fiscal muestra que «aumentar el gasto público en las economías avanzadas y de mercados emergentes podría ayudar a reactivar la actividad económica tras el derrumbamiento de la economía mundial más brusco y profundo de la historia contemporánea. También podría crear millones de puestos de trabajo directamente en el corto plazo y millones más de forma indirecta en el largo plazo. Un aumento de la inversión pública equivalente al 1% del PIB podría fortalecer la confianza en la recuperación e incrementar el PIB en un 2,7%, la inversión privada en un 10% y el empleo en un 1,2% si las inversiones son de alta calidad y si la actual carga de la deuda pública y privada no menoscaba la respuesta del sector privado a estos estímulos.

«El bajo nivel de las tasas de interés en todo el mundo también apunta a que es un buen momento para invertir. El nivel de ahorro es elevado, el sector privado se mantiene a la espera y hay muchas personas desempleadas que pueden ocupar los puestos de trabajo que se creen gracias a la inversión pública», señala el informe.

La inversión pública es fundamental para la recuperación, ya que podría generar, de forma directa, entre 2 y 8 puestos de trabajo por cada millón de dólares gastado en infraestructuras tradicionales, y entre 5 y 14 empleos por cada millón gastado en investigación y desarrollo, electricidad verde y edificios eficientes, agrega.

«No obstante, los proyectos de inversión pueden tardar en ejecutarse. Para que la inversión cree empleos ahora -que es cuando más se necesitan-, los países deberían impulsar el mantenimiento de las infraestructuras, siempre que se considere seguro. También es hora de empezar a reconsiderar y reanudar proyectos prometedores que se retrasaron por la crisis, de acelerar proyectos ya previstos para que se cristalicen en los próximos dos años y de concebir otros nuevos ajustados a las prioridades poscrisis», remata el documento.

El senador del Frente Amplio (FA) Danilo Astori, luego de elogiar la colocación de Uruguay de deuda en moneda local nominal sin ajuste por inflación, pidió al gobierno «inversión pública en materia de infraestructura para cambiar las deficiencias que muestra el mundo del trabajo».

Por su parte, la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, presentó 10 propuestas al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en una reunión realizada el martes 20 de abril en Torre Ejecutiva, junto a los intendentes Yamandú Orsi y Andrés Lima.

Cosse puso a disposición la experiencia, las lecciones aprendidas y la asistencia para diseñar planes del tipo Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC) para hacer frente a los impactos sociales, económicos, sanitarios y culturales de la pandemia en todo el país.

El Plan ABC se está ejecutando en Montevideo desde diciembre de 2020, bajo cinco ejes de acción: trabajo, territorio, alimentación, igualdad y salud.

Entre ellos se encuentra la propuesta para paliar la emergencia respecto a la situación habitacional, crear un nuevo corredor metropolitano de movilidad y otras obras de infraestructura y saneamiento en Montevideo.

Obras de «arrastre» por US$ 95 millones

Un documento del Centro de Estudios Económicos de la Industria de la Construcción (Ceeic) de julio de 2020 señaló por qué son relevantes las obras de dobles vías y by-pass en rutas y cuantificó la inversión en obras ya previstas y nuevas.

En el documento Desafíos para la sostenibilidad de la infraestructura vial, el Ceeic criticó los planes del gobierno de reducir el déficit fiscal sosteniendo que hay otro déficit al que se le presta menos atención: el de infraestructura.

El documento afirma que “la infraestructura vial es clave para el desarrollo económico y la competitividad de una economía, y lo es más en el caso uruguayo dado el escaso desarrollo de otros modos de transporte terrestre».

El trabajo clasificó en tres grupos las obras: de arrastre, del período y del gobierno para el período 2021-2024.

Las obras de arrastre, que son las iniciadas durante la administración anterior, totalizan unos US$ 95 millones. De ese monto se registran US$ 8,5 millones en obras en la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y US$ 86,5 millones en la de la Corporación Vial del Uruguay (CVU). La mayor parte de estas obras (US$ 72,6 millones) es para mantenimiento de rutas, si bien también hay obras de rehabilitación, iluminación y señalización, indica el documento.

La mitad de las de la DNV se financian con cargo a Rentas Generales y la otra mitad con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En tanto, las obras de la CVU utilizan recursos recaudados por peajes, de los subsidios provenientes del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de financiamiento adicional, como organismos multilaterales, bancos locales y emisión de obligaciones.

Obras del período

Las obras del período incluyen obras de pavimentos, puentes y de seguridad vial para el período 2021-2024, y ascienden a US$ 1.093 millones.

La mayor parte (US$ 943 millones) de estas obras es de pavimentos, principalmente en mejoramiento (US$ 705,7 millones), sumado a mantenimiento y una mínima parte de calzadas nuevas. De esos US$ 943 millones, US$ 689,4 millones corresponden a la DNV y US$ 253,6 millones a la CVU.

La extensión total de la red intervenida con estas obras suman 2.572 kilómetros, aproximadamente el 30% de la red vial nacional.

Obras del gobierno

Las llamadas obras del gobierno refieren a los proyectos que las nuevas autoridades consideran “necesarios y de alto impacto en la movilidad y los costos del transporte” y la lista se elaboró a partir de información pública del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y “se cuantificó de manera preliminar la inversión asociada a ellas” con un total de US$ 633 millones.

“En base a lo expuesto, se estima que las inversiones totales para cubrir los tres criterios empleados (arrastre, período y gobierno) durante el período 2021-2024 ascenderían a US$ 1.821 millones”, señaló el estudio.

Si se toman en cuenta todas las inversiones en infraestructura vial, incluyendo “los circuitos adjudicados bajo modalidad de ejecución de PPP y de red departamental y caminería rural las necesidades de inversión para el período 2021-2024 superan los US$ 2.439 millones”.

“Si todas esas obras fueran ejecutadas, la inversión en el período 2021-2024 sería un 20% mayor a la inversión realizada entre 2017 y 2019”, sostuvo el documento.