A medida que se acercan las elecciones de octubre, los acontecimientos políticos van mostrando cada vez más las realidades que ocultan los elaborados productos de los publicistas y las operaciones que se instrumentan con los medios de la oposición.
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Aparecen cada vez más claras las verdades caras, conservadoras y rapaces que están detrás de los candidatos de los partidos tradicionales.
El particular, las señales que emite el por ahora candidato herrerista Luis Lacalle Pou se han vuelto opacas, desordenadas e incluso contradictorias.
Eso nos sugiere que tanto él, sus colaboradores más cercanos y su pequeño círculo de asesores están muy nerviosos, desde que varios analistas señalan que cada vez se le acerca más en las encuestas el candidato colorado, Ernesto Talvi, quien le disputa el segmento más liberal de la opinión pública desde la aparente solvencia de su extensa experiencia académica en Ceres, su mitomanía que le ha llevado a inventar partes sustanciales de su currículum vítae, el apoyo irrestricto de medios hegemónicos como El Observador y Búsqueda y su exitosa mimetización con el batllismo, que lo acerca al centro del espectro político, que es el objeto de deseo de estos caciquitos de cartón.
Esta desconfianza aumenta cuando es muy claro que la oligarquía quiere medidas duras en su beneficio de un eventual gobierno blanquicolorado y, como dijo alguien que está muy cerca del candidato blanco, cada vez queda más claro que los factores de poder desconfían de la idoneidad, capacidad laboral y convicciones firmes de Lacalle Pou.
Además, las señales de la economía hacen prever que la campaña de la oposición contra el Frente Amplio (FA) no va a ser todo lo fácil que creyeron.
Prueba de ello es el espeso manto de silencio que cayó en los medios de prensa sobre la instalación de la nueva planta de celulosa de la empresa UPM en Uruguay, que es la mayor inversión de la historia del país, y que ya no pueden negar, a pesar de todos los burdos intentos de algunos columnistas, analistas económicos y políticos de la derecha.
La más extendida de estas afirmaciones fue decir que el gobierno de FA había negociado mal con la firma finlandesa, que se le habría dado concesiones excesivas, discriminatorias y eventualmente ilegales y que los acuerdos firmados serían revisados por el nuevo gobierno si ganara Lacalle Pou.
Semejante expresión de jactancia terminó explotando en el aire como todas sus pompitas de jabón.
En poco rato, Pompita se percató de que lo firmado estaba todo hecho en el marco de la ley y que en un país serio los acuerdos se firman para cumplirse.
En realidad fue así.
El gobierno encaró la negociación con UPM con la mayor responsabilidad. Participaron en ella varios grupos interministeriales que analizaron los factores económicos, comerciales, financieros, logísticos, infraestructurales, portuarios, medioambientales, energéticos, laborales e industriales.
Lo hicieron teniendo en cuenta principalmente el interés y el mayor beneficio para el país y cumpliendo estrictamente con las leyes vigentes, incluyendo los convenios laborales y las reglamentaciones pertinentes. Está muy claro que ambas partes han establecido garantías para su cumplimiento y que han quedado satisfechas con los acuerdos logrados.
¿Como negocian los blancos?
No hay mucha experiencia histórica sobre cómo negocian los blancos, porque los gobiernos blancos han sido solamente tres en los últimos ciento 150.
Nos queda en el recuerdo que los blancos son muy buenos negociando para los blancos a los que les toca llevar adelante la negociación.
Recordamos a los lectores que durante el primer gobierno nacionalista se firmaron los tres primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en los años 1060, 1961 y 1962.
Sin ser un especialista, de la mencionada negociación recordamos la devaluación del peso de 100% y la firma de las condiciones que impusiera el FMI, que fueron tan exigentes y crueles como lo son ahora.
Tales condicionamientos se mantuvieron firmes durante 46 años, renovándose por los sucesivos gobiernos blancos y colorados hasta que en 2006 el gobierno que residió Tabaré Vázquez canceló su deuda con el FMI y quedó fuera de sus condicionamientos.
En los últimos gobiernos blancos la memoria es aun peor. Durante el gobierno de Luis Lacalle Herrera de 1990-1995, los resultados de las negociaciones siempre fueron a favor de ellos mismos y de la oligarquía que integran y representan.
Su primera medida fue un durísimo ajuste fiscal y eliminar los Consejos de Salarios, decisión mantenida por Sanguinetti y Jorge Batlle.
La segunda fue privatizar el puerto.
La tercera fue intentar privatizar las empresas públicas, intento que fue derrotado por el pueblo uruguayo en el plebiscito de 1992 por 27% a 73%.
La cuarta fue la venta de los llamados “bancos gestionados”.
Cada una de estas historias tiene un anecdotario particular y alguna de ellas hasta daría motivo para una novela policial. Pero la que es particularmente recordada fue la venta del banco Pan de Azúcar, que motivó una increíble entrevista del periodista Ignacio Álvarez en junio de 2009, que todavía se puede encontrar en YouTube.
En esa ocasión el entonces candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle Herrera, fue entrevistado en su programa “Las cosas en su sitio”, transmitido por radio Sarandí en plena campaña electoral.
En el reportaje al entonces presidenciable, Álvarez le recordó a Lacalle Herrera que “lo que la Justicia entendió es que hubo delito, justamente, en el proceso de venta [y] por ello fueron procesados el exministro de Economía y expresidente del Banco Central del Uruguay, contador Enrique Braga, y también el doctor Daniel Cambón, quien fuera asesor suyo”.
Braga fue nombrado Ministerio de Economía y Finnzas por Lacalle el 1º de marzo de 1990. Su gestión fue muy criticada, y ante una inminente censura parlamentaria, debió renunciar el 11 de febrero de 1992 , siendo sustituido por Ignacio de Posadas . Posteriormente fue nombrado presidente del directorio del Banco Central del Uruguay, y durante esa gestión se vendió el Banco Pan de Azúcar (BPA), que se hallaba intervenido por el Estado, al banquero francés Stephane Benhamou, famoso por su declaración de que “el único poder es el poder del dinero”.
Tras varias actuaciones judiciales, el 16 de octubre de 1996 Braga fue procesado y enviado a prisión por irregularidades en la venta del banco Pan de Azúcar. Le fue tipificado el delito de abuso de funciones con una pena de 24 meses de prisión y la inhabilitación especial por seis años. Cuando en 2000 la Justicia dictó sentencia, confirmando el delito, ya había cumplido la pena correspondiente. A pesar de que la Justicia lo encontró culpable, tanto él como el herrerismo, su sector político, insistió siempre con su inocencia y cuestionó la resolución judicial, hasta el punto que en 2003 dicho sector publicó un libro reivindicando al exministro.
En esa oportunidad, Álvarez recordó que “Braga fue condenado por el delito de abuso de funciones al inducir a vender las acciones del BPA a un grupo de bancos italianos que, según la Justicia, no eran los verdaderos compradores”.
El periodista agregó que “Daniel Cambón fue procesado y condenado por un delito de conjunción del interés público y privado, por recibir una comisión de 6,66% de las acciones por la venta del BPA”. Asimismo citó otro documento que “establecía que 3,33% de la venta del banco Pan de Azúcar le correspondía a su esposa, Julia Pou de Lacalle”.
Lacalle afirmó que eso era una calumnia “que hizo una revistita, la revista Tres (medio de prensa dirigido por Alejandro Bluth y directamente vinculado al expresidente Julio María Sanguinetti). Ese medio fue el que difundió la investigación con los datos usados por Álvarez en la entrevista.
Si fuera cierto, ¿por qué no le pagaron nunca a Julia Pou su parte cuando se deshizo el negocio?”·, preguntó Lacalle. “Pero eso también está asentado en el fallo de la Justicia”, le dijo Álvarez. Y Lacalle volvió a preguntar sobre el 3,33%. “¿Pero dónde está ese 3,33%? Espero que me lo reconozcan, porque yo nunca lo vi. Ni lo vio mi mujer. Eso fue una tramoya. Nunca recibimos dinero. Yo he actuado en la vida política y privada como un hombre de bien. Todo el mundo sabe lo que tengo; yo he actuado correctamente y esa es una calumnia muy sucia”, dijo. “No es una calumnia, es un fallo de la Justicia”, respondió el periodista».
El entonces candidato Lacalle recordó (tal como fue relatado por Montevideo Portal) que Braga fue uno de los tantos asesores que tuvo y que “tampoco fue el asesor”. Sobre la mención a su esposa, Julia Pou, Lacalle dijo que era necesario separar los tantos porque “estaba ingresando en un terreno muy difícil” para él. Además se preguntó por qué Julia Pou no había sido procesada si aparecía mencionada en la causa.
Álvarez le respondió que habló con el juez José Balcaldi y le confirmó que Pou no podía ser procesada en ese momento porque “no existía la ley anticorrupción que tipifica el delito de tráfico de influencias. Julia Pou no era funcionaria pública [pero] hoy no es necesario ser funcionario público para ser procesado por tráfico de influencias”.
Álvarez relató a Montevideo Portal que Lacalle “tuvo algunas cosas en las que demostró confusión o mala memoria» y remarcó que la que más le extrañó fue cuando contestó que Cambón no había sido procesado con prisión por el caso de la venta del banco Pan de Azúcar. “Eso fue lo que más me llamó la atención. Que no recordara que su asesor fue procesado por el caso BPA”.
El conductor de Las cosas en su sitio recordó que los momentos más fuertes de la entrevista llegaron cuando hablaron sobre Julia Pou y los procesamientos de Braga y Cambón.
Álvarez también emitió un audio del contador Danilo Astori, en el que el entonces precandidato del Frente Amplio declaró que todo lo hecho durante la administración del expresidente Lacalle Herrera “fue muy malo para el país”. Astori puso como ejemplo el funcionamiento del sistema financiero, y dijo que durante el gobierno del Partido Nacional “dos de los principales bancos del país se vendieron a dos bandas de delincuentes internaciones”.
A modo de respuesta, Luis Alberto Lacalle dijo que es un lástima que Astori hubiera “perdido estilo”. Agregó que los bancos no fueron vendidos a bandas de delincuentes (el Banco Comercial fue vendido al grupo Rohm) y que los negocios se hicieron con bancos solventes que luego cayeron”.
Esta es la forma en que negociaron los blancos durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera. Una buena parte de los negociadores terminaron presos y la vida demostró que todos los bancos que el Estado había vendido terminaron fundidos y con graves daños al patrimonio y el prestigio del país y del sistema financiero.
Esta es la forma de negociar del herrerismo y sus negociadores blancos.
No es la forma de negociar del Frente Amplio, que acaba de traer la mayor inversión de la historia del país, sin que nadie haya señalado seriamente ninguna irregularidad.
¿Y con respecto a los derechos adquiridos de los trabajadores?
Más allá de que sigamos sin saber el contenido del “paquete de leyes de urgente consideración”, que según sus declaraciones a El Observador y a la revista Noticias Uruguay, el candidato Luis Lacalle Pou enviaría al comienzo mismo de su eventual gobierno, cabe notar que se deslizó (como se le deslizaron a Juan Pedro Bordaberry sus afirmaciones sobre su no defensa de la democracia y su defensa de las dictaduras), una importante inconsistencia en el programa oficial del Partido Nacional.
En efecto, el Programa de gobierno para el período 2015-2020, publicado en la página web del Partido Nacional, señala en su punto 7, titulado ‘Una economía sana, que apueste a la producción y a la competitividad’, la afirmación de que “nos comprometemos a mantener los Consejos de Salarios. Al mismo tiempo, impulsaremos un conjunto de mejoras en el sistema de relaciones laborales que lo haga más equilibrado y sostenible en el tiempo. Nos proponemos derogar el decreto 165/006 (sobre ocupaciones de los lugares de trabajo) y quitar rigidez al sistema, introduciendo mecanismos de descuelgue para empresas en dificultades y cláusulas de salvaguarda que se activen ante cambios abruptos en el contexto. Nos proponemos asimismo asociar las definiciones salariales a la productividad”.
Como se puede ver, los fragmentos señalados en itálicas implican claras limitaciones al principio de “mantener los Consejos de Salarios”. ¿Cuáles son las “mejoras en el sistema de relaciones laborales” que van a hacer que el sistema sea “más equilibrado y sostenible en el tiempo”? ¿Al gusto de quién? No es ninguna novedad pensar que van a ser del gusto de la oligarquía agroganadera y de las cámaras empresariales que apoyan con todo entusiasmo el lacallismo; y que por lo tanto van a ir contra las legítimas conquistas y el interés de los trabajadores.
La expresión “quitar rigidez al sistema, introduciendo mecanismos de descuelgue para empresas” no admite una doble lectura: solo puede estar implicando que se va a permitir que empresas o ramas empresariales se separen del sistema, así como lo viene haciendo de prepo la Asociación Rural, que lisa y llanamente se retira de los Consejos de Salarios porque no los soporta. ¿Y qué garantías? ¿Quién defiende a un peón rural de Rivera o a un obrero de una empresa “descolgada”? Ninguna, volvemos en los hechos a la ley del más fuerte, la que prefirió Luis Alberto Lacalle Herrera en su gobierno.
El “asociar las definiciones salariales a la productividad” va en el mismo camino. Siempre recordamos (hay tanta cosa que se ha olvidado o dejado olvidar) que la expresión “aumentar la productividad” la mayoría de las veces debe asociarse a aumentar la tasa de explotación.
Esa ha sido la consigna de los oligarcas blancos del campo y la ciudad.
No tiene porqué haber cambiado en nada.
Antes bien, debe haberse vuelto más feroz, voraz y rapaz.
Esto le ofrece al país la fórmula Lacalle Pou-Talvi, ya que cada vez que pueden, recuerdan que, aunque ambos quieran ganar, gobiernan para los mismos sectores privilegiados.
Nadie podrá decir que no fue advertido.
Solo el Frente Amplio, como siempre, negocia honradamente los bienes de la patria y garantiza los derechos de trabajadores, jubilados, pequeños productores y sectores vulnerables de Uruguay.