La Unión Europea quiere luchar con mayor fuerza contra el lavado de dinero y no solamente pondrá un límite al uso de dinero en efectivo en las transacciones, sino que además creará una nueva autoridad comunitaria. El foco estará puesto en el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, explicó El Periódico de Barcelona el martes 20 de julio, al recoger palabras del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis: «Cada nuevo escándalo de blanqueo de capitales es un escándalo de más y una llamada de atención de que nuestro trabajo para cerrar las brechas en nuestro sistema financiero aún no ha terminado».
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Ya dos tercios de los países de la Unión Europea tienen establecidos límites máximos para los pagos en efectivo (las cantidades oscilan entre los 500 euros de Grecia y los más de 10.000 euros de la República Checa). Llegó la hora, entonces, de uniformizar en ese continente las normas y los controles del lavado.
Como se advierte, Europa recorre un camino que Uruguay inició con la Ley de Inclusión Financiera y que el gobierno actual abandonó con la aprobación vertiginosa de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Ahora el límite formal en nuestro país es de 100.000 dólares, pero se puede, por ejemplo, lavar un millón de esa moneda realizando 10 operaciones por 100.000 o 20 por 50.000 en distintos bancos. Así se desprende del último informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central, cuando observa con preocupación la brusca caída de los reportes de operaciones sospechosas a pesar del aumento de las transacciones.
La Comisión Técnica Asesora de AEBU analizó este informe que constata una marcada baja en la cantidad de reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero. La UIAF no ahorró calificativos a la hora de redactar su análisis sobre los reportes de operaciones sospechosas (ROS) de 2020. Al hacer su balance encontró una «gran disminución» respecto de años anteriores, y concluyó que se está ante una «preocupante tendencia». Estas calificaciones estuvieron referidas en especial a los escasos reportes entregados por los escribanos y otros operadores del sector no financiero, cuyas obligaciones y sanciones fueron muy atenuadas por la Ley de Urgente Consideración (LUC). Los juicios de la UIAF no suenan para nada excesivos si se considera que, mientras los reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero presentados por el sector financiero igualaron la cifra de 2019, los del no financiero cayeron estrepitosamente un 54%. De 149 reportes en 2019, la cifra se redujo a 68.
Mientras suceden estas cosas en Uruguay, con un rápido avance hacia la «patria financiera», Europa se preocupa por el lavado de dinero, y la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por su sigla en inglés), cuando esté en pleno funcionamiento, tendrá a 250 personas dedicadas al control de las operaciones financieras. Su objetivo será garantizar que el sector privado aplique de forma correcta y coherente las normas europeas, con métodos comunes de supervisión y convergencia de estándares. La constitución de este órgano y los fines que se le encomiendan nos muestra, por contraste, cuánto ha retrocedido Uruguay en la materia y la importancia que, desde este punto de vista, tiene la derogación de la LUC para volver a ser un país en serio, al menos en este terreno.