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Mundo Venezuela |

Una población movilizada

La crisis institucional colombiana: un país bajo presión constante

La población colombiana pasa por un difícil momento; la carga tributaria está en manos de la clase media mientras las grandes empresas son exentas, el abandono estatal genera el regreso a la violencia, en tanto la oposición y los procesos sociales están bajo fuego constante y los líderes son asesinados con pocos días de diferencia.

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Por Germán Ávila

El 23 de febrero será recordado como el día en que se intentó generar una crisis por medio de acciones de provocación en la frontera entre Venezuela y Colombia por parte de un sector de la oposición venezolana con el apoyo del Departamento de Estado de EEUU; esto ocurrió 24 horas después de un concierto convocado por el multimillonario Richard Branson y donde participaron artistas colombianos y extranjeros bajo la bandera de Venezuela Live Aid; una especie de clamor artístico-político por el fin de la “crisis humanitaria” en el país vecino.

Esos mismos dos días mientras las cámaras del mundo, pero especialmente las de los grandes medios de Colombia, enfocaban minuto a minuto los acontecimientos en la frontera, se producía una de las inundaciones más graves que haya tenido lugar en el departamento colombiano del Chocó durante los últimos años.

Ese departamento ha sido durante décadas el símbolo de la crisis institucional que ha azotado a Colombia desde su fundación como República, pero que se ha visto potenciada en los últimos 40 años por el matrimonio mafia–política que ha llegado hasta lo más profundo de la institucionalidad de ese país caribeño.

Istmina, Condoto y Andagoya se vieron sorprendidas por la creciente del río San Juan, uno de los principales del departamento ubicado al noroccidente del país, y que tiene frontera con Panamá. Los clamores de las autoridades y población locales fueron sistemáticamente desatendidos debido a que los ojos de todo el país, empezando por sus máximas autoridades, estaban dirigidos a recrear el número teatral en que el gobierno colombiano se convierte en el principal artífice de la “salvación” de Venezuela.

Tres días después, el 26 de febrero, el presidente Iván Duque fue hasta el lugar de la inundación, donde permaneció por no más de dos horas y se retiró prometiendo una ayuda que no llegó; sin embargo, una de las situaciones más complicadas es que, aunque la última inundación fue de las más graves, no fue una sorpresa para nadie; cada año cuando llega la temporada de lluvias el abandono estatal se manifiesta en forma de inundaciones, no sólo en Chocó, sino en una gran parte del territorio colombiano.

Pero este no es el único campo en el que se muestra el momento que atraviesa Colombia y que requiere atención internacional. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ese país logró dar uno de los principales pasos en su historia reciente: superar la confrontación armada con uno de sus actores más representativos; las FARC dejaron de ser un movimiento armado para convertirse en un partido político sometido a las normas del juego electoral colombiano, terminando con más de 50 años de confrontación.

El acuerdo final fue el producto de casi 6 años de negociación y debió ser modificado en última instancia por la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre de 2016; se firmó el acuerdo definitivo el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá bajo la obvia premisa de que debía ser cumplido a cabalidad por las partes involucradas; sin embargo, en una situación sin precedentes a nivel mundial, el acuerdo ha sido modificado a posteriori en varios de sus aspectos esenciales después de haber entrado en vigencia, principalmente el componente que se refiere a la administración de la justicia con razón al conflicto.

El Acuerdo de Paz en Colombia, a diferencia de otros en otros lugares, y de varios precedentes en el mismo país, no se limitó a determinar las particularidades de la confrontación FARC–Estado, sino que buscó incluir a todos los actores del conflicto de manera que se construyera una perspectiva integral con las víctimas en el centro del acuerdo.

Con lo que no contaron en la mesa de negociación es que no todos los actores del conflicto colombiano tenían la intención de superar su expresión armada, y que un importante sector de la ultraderecha que, siendo parte del Estado, desde lo político sustentó e impulsó la ultraderecha armada representada en bandas paramilitares que actuaron en beneficio de esos sectores y con la participación o al menos el silencio de las autoridades policiales y militares.

Todo lo anterior hizo que un sector emergente, impulsado o vinculado directamente con la mafia del narco en los años 80 y 90, lograra enriquecerse enormemente, lo que a su vez le permitió consolidar poder político local y más adelante convertirse en una propuesta nacional sustentada en un discurso ultraderechista que justificó la existencia de los escuadrones de la muerte en el discurso de la lucha contrainsurgente.

La razón de ser de este sector social desde su nacimiento ha sido la guerra, y la realización de un acuerdo que les obligue no solo a contar la verdad sobre la guerra y su participación en ella, sino muy seguramente entregar sus bienes como parte de la reparación administrativa a sus víctimas, lo que no forma parte de sus planes a corto plazo, no ahora que volvieron al gobierno y además nunca se han ido del poder.

El regreso del uribismo al gobierno de Colombia marca un momento crítico en la historia del país, pues no solamente aplica la fórmula de torpedear desde toda perspectiva el acuerdo de paz, sino que esta orientación gubernamental viene acompañada de una serie de medidas administrativas de un profundo corte neoliberal, pues aumenta los impuestos de la clase trabajadora mientras esgrime la eterna excusa de estimular la empresa para generar empleo.

El resultado no se ha hecho esperar pues los indicadores muestran ya un crecimiento económico importante en el país; sin embargo, el desempleo aumentó en tres puntos y el salario real bajó un 15% luego del aumento de impuestos y el desmonte de los pocos subsidios que quedaban en los servicios públicos, lo que hace a Colombia el segundo país más desigual de América y el tercero del mundo, sólo superado por Sudáfrica y Haití.

De otro lado, durante el gobierno Santos se aprobó un nuevo código de policía que, tomado al pie de la letra por los uniformados, ha desatado una brutal persecución en contra, principalmente de los vendedores ambulantes, quienes tienen como única fuente de ingresos la venta de productos por las calles de las ciudades a lo largo del país.

Esto, sumado a la dura represión que se realiza contra las manifestaciones que han sido convocadas y el asesinato selectivo de líderes sociales, que en lo que va corrido del año suma cerca de 160 y más de 500 desde el 1 de enero de 2016, hace que Colombia sea, de lejos, el país más represivo del continente y uno de los más peligrosos del mundo para el ejercicio político de oposición.

Colombia históricamente ha sido un país con una fuerte tendencia a la derecha, ha sido el único país de la región que no ha tenido nunca un presidente que haya llegado con algún tipo de propuesta alternativa, la presidencia se la turnan los herederos de la misma clase política desde hace 200 años, lo único que ha cambiado ha sido el nombre de los partidos que dicen representar. Los viejos partidos Liberal y Conservador han dado paso a nombres como Cambio Radical, Partido de la Unidad, Centro Democrático (el que está más a la ultraderecha) o Alianza Nacional; sin embargo sus dirigentes son los mismos delfines de la política tradicional y otros que se han reinsertado en propuestas democráticas que no tienen corresponsabilidad desde lo institucional.

Seis meses después de la posesión de Iván Duque se confirma el difícil momento por el que pasa Colombia desde lo institucional, lo social y lo político y, a pesar de tener una oposición importante, aún persisten muchas diferencias que impiden avanzar en una propuesta unitaria y la propaganda negra, sumada a las fake news, golpean con mucha fuerza las posibilidades de avance de una propuesta alternativa que ayude a contrarrestar una institucionalidad profundamente neoliberal y retrógada.

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