Cuestión de honor

Importa confirmar que los Tribunales de Honor militares registraron declaraciones inequívocas, confirmatorias de cómo operaba el aparato terrorista: mediante el rapto y la tortura de personas. Y aún lo es más constatar que mantuvieron el silencio y el ocultamiento con la negación reiterada de las prácticas que asumió el Ejército durante la dictadura.

También es fundamental la comprobación de que todas esas declaraciones y acciones del Tribunal de Honor estuvieron en conocimiento de los respectivos comandantes en jefe, desde Carlos Díaz hasta Guido Manini Ríos, quienes como máximos jefes del Ejército extendieron la culpabilidad sobre toda la institución y obstruyeron el avance de la Justicia.

Por supuesto que los recientes sucesos abren un capítulo especial de investigación que llega hasta la Presidencia de la República, para establecer si el gobierno fue parte del silencio o víctima de operaciones de inteligencia destinadas a convalidar el ocultamiento. Saber, por ejemplo, si las actas estuvieron siempre en el Ministerio de Defensa o si fueron parte de anexos escondidos a las autoridades civiles. Conocer si su aparición en este momento es parte de una operación tendiente a desvirtuar la discusión sobre el desafuero del senador Manini o si existen estamentos del Estado que mantienen un compromiso para limitar la verdad. Todo ello también importa.

Lo verdaderamente trascendente en esta etapa es la constatación -sin lugar a dudas- del ocultamiento de las Fuerzas Armadas de todos sus crímenes, situación que se perpetúa hasta el presente. Está dada la prueba de que todo lo realizado se hizo con la aprobación de los más altos mandos y las órdenes precisas de toda la cadena jerárquica. Ha quedado demostrado el carácter institucional que tuvo la represión durante el terrorismo de Estado. Por ello, hoy más que nunca, la responsabilidad institucional de todo el sistema político radica en dar paso a la Justicia.