Hay que defender el empleo y los salarios

En primer término, la mejor respuesta para el combate a la pandemia, es decir, evitar su exponencial propagación -con el riesgo de saturación de los establecimientos hospitalarios y del colapso del sistema sanitario- es el aislamiento o reclusión voluntaria. Lo que sucede es que con ello, progresivamente, la economía empieza a enlentecerse, hasta el punto de llegar a paralizar la actividad.

En segundo término, ante la declaración de emergencia sanitaria y recomendación del “distanciamiento social”, son necesarias medidas de contención que permitan brindar una cobertura mínima para la subsistencia diaria, de respuesta, para evitar que la emergencia sanitaria se agudice y se termine expresando en términos de crisis económica y social.

En nuestro país la llegada del coronavirus fue tardía, lo cual permite considerar y valorar las experiencias de otros países en el combate a la pandemia. Hasta ahora, la expansión del Covid-19 parece relativamente “contenida”, registrándose diariamente pocos casos, a lo que se agrega una muy baja tasa de mortalidad, lo que ha evitado -por lo pronto, en vísperas de los fríos- la explosión de casos positivos como en los países próximos.

Probablemente por ello, el gobierno no entendió necesario decretar la denominada cuarentena obligatoria y, en consecuencia, tener que implementar acciones de contención económica, de carácter obligatorio. No obstante ello, fue necesario llevar a cabo el “distanciamiento social” como respuesta para evitar la propagación del virus, lo que trajo consigo la fuerte contracción de la actividad económica.

El mercado de trabajo presenta un fuerte deterioro desde hace años, que se ha visto acentuado a partir de las recomendaciones del Poder Ejecutivo, que provocó que el desempleo abierto superase el 10%, lo que equivale a más de 160.000 personas, y un incremento exponencial en el envío al seguro de desempleo, que a la fecha supera las 200.000 altas.

La combinación de la reducción de los ingresos -sea por la pérdida parcial o total del empleo o derivada de un pago inferior por motivo del envío al seguro de paro- con el significativo aumento de los precios (inflación) contrajo fuertemente la capacidad de compra de aquellos que viven solo de su ingreso. A ello, hay que sumarles las medidas -a contrapelo del mundo, en el marco de la pandemia- llevadas a cabo por el gobierno, de aumento de impuestos y de tarifas.

De modo que el aumento en el desempleo y la pérdida de poder adquisitivo (salario real) configuran un escenario complejo de cara a la próxima ronda de los Consejos de Salarios y de la discusión presupuestal que se inicia en las próximas semanas. Las incertidumbres en torno a cuál será la política salarial que impulse este gobierno de coalición multicolor pone en jaque las posibilidades de avanzar, como hasta ahora, en materia retributiva (y distributiva).

El aumento de precio de los alimentos y de las tarifas públicas disparó la inflación por encima de 10% en el acumulado de 12 meses. Desde que se (re)instalaron los ámbitos de negociación colectiva, el mantenimiento del poder de compra era una condición sine qua non de cualquier convenio colectivo. Sin embargo, hoy -con la llegada del Covid-19-, las aspiraciones del gobierno por la reactivación de la actividad económica -“no apagar los motores”, como le llaman- y las necesidades de financiamiento de las políticas de transferencias y de reforzamiento del sistema de seguro de paro, que deterioran aun más el déficit fiscal, ponen en duda la chance de asegurar la no pérdida salarial de los próximos acuerdos colectivos.

Es decir que luego de 15 años de crecimiento real sostenido de los salarios, está en riesgo lo conquistado.

El gobierno se niega a convocar a los Consejos de Salarios -con el argumento de que no hay condiciones para su desarrollo- y en su lugar ha dispuesto la posibilidad de prorrogar los convenios colectivos, una suerte de “acuerdo puente”, sin brindar información sobre las características de los mismos, en particular, la aplicación de correctivos que prevengan la pérdida de salario real al cabo de los mismos.

Si bien estos trabajadores se encuentran relativamente amparados por el régimen de seguridad social, están en peor situación aquellos que se encuentran desocupados, o son trabajadores informales o formales sin derecho al subsidio por desempleo, lo cual conspira fuertemente, de cara a la próxima ronda de negociación colectiva, a la hora de instalar una falsa contradicción entre “empleo y salario”.

De acuerdo a la información, más de 90% de los convenios colectivos vencen el 30 de junio, es decir, casi 200 acuerdos. De estos, aproximadamente 85% tienen prevista la aplicación de correctivos. El monto de los correctivos varía de acuerdo a las características de los ajustes recibidos -como se recordará, dependían de su clasificación sectorial-, por lo tanto, para poder determinar con precisión la magnitud del correctivo, todavía faltan conocer los últimos datos de inflación cerrados a junio. Si suponemos que la evolución de los precios de los dos meses que restan -mayo y junio- mantendrá la tendencia registrada hasta ahora, es dable pensar que la inflación acumulada a junio se pueda ubicar en el orden de 7,3%, lo que supone, para aquellos convenios de dos años de duración, una inflación acumulada en el entorno de 19%. De constatarse, los correctivos previstos se ubicarían entre 1,3% y 4,1% en virtud del ajuste recibido, en función de su clasificación sectorial.

El Pit-Cnt, desde su dirigencia, ha sostenido la necesidad, en el marco de la pandemia -dado el distanciamiento social y el perjuicio evidente de no poder tener las instancias correspondientes de negociación-, que se prorroguen los convenios por un año.

Las autoridades de gobierno aparentemente podrían acompañar la propuesta, sin embargo, no hay certezas en torno a las características de la misma.

Preocupa no solo la aplicación de los correctivos, que si bien forman parte de los convenios vigentes, está previsto que se apliquen o ejecuten con el primer ajuste del “nuevo” convenio; no obstante, todo indicaría que esto no estaría en discusión y el 1º de julio se corregirían todos los convenios vencidos. El tema de fondo es qué sucederá con los salarios más allá del correctivo. ¿Habrá ajustes? Y en el caso de que hubiese, ¿cuál será el criterio a aplicar? Se clasificarán nuevamente los sectores de actividad de acuerdo a su desempeño o estado de situación ante la pandemia, y en función de ello, ¿le corresponderá un ajuste distinto? ¿Qué rol tendrán las actuales presiones inflacionarias que ya superaron la barrera de 10% para la magnitud del ajuste? ¿Está prevista la aplicación de correctivos al final de la prórroga o de los “acuerdos puente”?

Lo que resulta indudable y preocupante es que una caída en el salario real -ante la posibilidad de avanzar en la desindexación salarial en forma total- supondría un retroceso después de un largo y sostenido período de mejora de los ingresos, que repercutiría fuertemente sobre la capacidad de consumo de los hogares, con un doble impacto: por un lado, contrayendo el consumo como componente de la demanda, capaz de reactivar el mercado interno, y por otro, empeoraría la situación de pobreza ante la caída de los ingresos, y agudizada, en el marco de fuerte alza de precios.

Por todo lo expresado, surge como una necesidad -más aun en el escenario actual de la pandemia- la defensa del empleo y de los salarios. No solamente como factor para reactivar la actividad económica, sino para evitar la crisis social, por motivo del deterioro de la calidad de vida. Los “nuevos” acuerdos deben incorporar correctivos que aseguren la no pérdida del poder de compra. El deterioro del mercado de trabajo seguramente se profundizará con el paso de los meses; no obstante ello, la defensa de los puestos de trabajo no debe instalar una falsa contradicción en materia salarial.

La movilización del Pit-Cnt con el conjunto de las organizaciones sindicales rechazan el ingreso al Parlamento de una Ley de Urgente Consideración (LUC), que recorta el papel del Estado -y con ello, sus posibilidades de reforzar las políticas sociales-, que castiga, mercantiliza y refunda institucionalidades que concentran el poder, que responden a una nueva orientación política de corte neoliberal; una norma que va en sentido opuesto a estos reclamos. La defensa de la negociación colectiva, el empleo y los salarios, así como el derecho a huelga, emanan del pueblo.

La urgencia es la gente.