Denuncian operación para judicializar las protestas

Olivera participó de la marcha de los gremios estudiantiles y docentes contra la reforma educativa, ocasión en la que reclamó un diálogo verdadero con las autoridades para la reforma.

Acerca del diálogo, que las autoridades afirman existió, el dirigente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), “ellos entienden un falso diálogo como un diálogo real con intercambio de exposiciones e ideas. En realidad el diálogo que han planteado es la hoja de ruta que le marcan los lineamientos del Banco Mundial”.

Responsabilizó al ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira por ser “uno de los grandes inventores de la grieta educativa en este país, no solamente desde que asumió sino desde mucho antes, incluso desde cuando desde el diario de la dictadura escribía en contra del movimiento sindical educativo y el movimiento estudiantil. Por lo tanto creo que no tiene autoridad ni moral ni ética para estar hablando de estos temas”.

Entiende Olivera que hay una judicialización de la protesta: “Quién habla tiene a esta altura tres denuncias penales, una por el ministro de Defensa, otra la presentada por el Parlamento en la Fiscalía y una muy reciente de la Dirección de Educación Secundaria que en articulación con el Parlamento, sin siquiera someter a un grupo de docentes a un procedimiento disciplinario, los termina denunciando en la Justicia Penal”.

Sostuvo que los gremios están “ante una operación política que busca criminalizar la protesta y ha escogido algunos actores y algunas organizaciones, particularmente Fenapes y alguno de sus dirigentes”.

Indicó que en breve se estará presentado el último alegato ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “Aspiramos que en marzo en una nueva reunión del comité el caso de Uruguay sea analizado”, señaló.

Con respecto a la movilización precisó que se trató de una movida “para comenzar a plantear que aquí se hace necesario establecer una mesa de diálogo”.

“El gobierno no puede seguir imponiendo una reforma educativa que no cuenta con el apoyo ni el aval de los docentes y los estudiantes”, sentenció. Y agregó que “no hay un solo organismo técnico que asesora a la administración que haya manifestado su apoyo a este proyecto que hoy se quiere llevar adelante”.

A su juicio el proyecto de reforma “es un mandato de los organismos internacionales de crédito que están definiendo la política educativa publica”.