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Sindicato del Casmu resolvió no ocupar pero mantiene el conflicto

Lacalle Pou y la ministra de Salud Pública Karina Rando firmaron el martes la resolución que dispone intervención del Casmu por hasta un año.

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El Sindicato de Casmu resolvió en asamblea general no ocupar la mutualista. Los trabajadores se reunieron de forma "grave y urgente" este miércoles, tras conocerse que el presidente Luis Lacalle Pou firmó la intervención sin desplazamiento de autoridades de la mutualista.

Si bien se resolvió no ocupar, se mantiene el conflicto y las medidas resueltas, como el paro de 24 horas de este miércoles. Afcasmu se reunió este martes con el Ministerio de Salud Pública (MSP) y representantes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Tras la reunión con las autoridades, el presidente de Afcasmu, Ariel Irigoitia, dijo que se retiraron “ciertamente conformes” porque les respondieron los planteos que tenían y recibieron los de los trabajadores. “Queríamos garantías de los interventores de mantener los puestos de trabajo y que los compañeros que estén en el seguro de paro no pierdan el puesto de trabajo”, indicó Irigoitia. Son 300 trabajadores los que rotan el seguro de paro cada cuatro meses. “La ministra no nos garantizó esa parte, pero dijo que hará el trabajo con los interventores en ese mismo sentido”, agregó.

El presidente Lacalle Pou y la ministra de Salud Pública Karina Rando firmaron la resolución que dispone la intervención del Casmu “por el plazo de hasta un año sin desplazamiento de sus autoridades”.

Intervención del Casmu

Tal como lo había sugerido la semana pasada el presidente Luis Lacalle Pou, este martes el Poder Ejecutivo dispuso la intervención del Casmu, por un año, sin desplazamiento de autoridades y designó a tres interventores: un contador, una médica y un abogado.

El decreto, firmado por Lacalle Pou y la ministra de salud Pública Karina Rando, faculta al Ministerio de Salud Pública (MSP) a disponer y realizar todos los actos necesarios tendientes a asegurar el cumplimiento” de la resolución.

Se designó al contador Juan Carlos Simonelli, a la doctora Sandra Lorenzo Pousa y al abogado Gerardo Lorente como interventores y les asigna una remuneración equivalente a $ 380.000 más IVA a cargo de la institución intervenida.

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