Riesgo de fuga
De la sentencia del tribunal surge que los ministros Luis Charles, Gabriela Merialdo y Adriana de los Santos decidieron revocar la sentencia en cuanto a la medida cautelar establecida y disponer en su lugar la prisión preventiva efectiva, hasta el 6 de febrero de 2026.
Para los jueces existen riesgos procesales como "el peligro de fuga, el que comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo".
Surge de la resolución que “el riesgo que existía al inicio de la investigación e incluso luego de deducirse la acusación fiscal, se ha incrementado notoriamente por la existencia de una condena no firme. Esto podría operar como factor motivante para sustraerse al proceso con la finalidad de eludir sus responsabilidades”.
Entienden que el riesgo de fuga "no es un riesgo vago o genérico, sino concreto y específico".
Nueve militares
La resolución judicial alcanza a los militares retirados Jorge Ricardo Soloviy, Rodolfo Gustavo Costas, Luis Pedro Estebenet, Daniel Edgardo Castellá, Óscar Mario Rocca, Sergio Héctor Caubarrere, Eduardo Saiz Pedrini, Dardo Morales y Abel Pérez. De acuerdo con el dictamen, las víctimas de este operativo no solo sufrieron detenciones arbitrarias y privaciones de libertad agravadas, sino que fueron sometidas a un régimen de torturas sistemáticas que incluyeron métodos como plantones, el "submarino" y el uso de la picana eléctrica.
Vladimir Roslik, médico de la localidad de San Javier, fue la última víctima mortal de la dictadura en el año 1984. Su fallecimiento bajo custodia militar se convirtió en un símbolo de la resistencia y la lucha por los derechos humanos en el país.
