Capitulo_Ampliado_Uruguay-2023.pdf
En informes pasados "advertíamos sobre algunas posibles señales del debilitamiento del sistema de garantías de derechos, que observábamos con preocupación y encendiendo las alertas".
"Hoy, esas preocupaciones se han confirmado en varios casos, evidenciando con crudeza problemas serios y estructurales que arrastra Uruguay sin horizontes claros de mejoría próxima, como lo son el estado del sistema penitenciario —uno de los grandes nudos de la seguridad pública— y la prevención y atención de la violencia de género, en particular de su expresión más brutal: los femicidios".
También "cobran relevancia algunos temas que irrumpen en la agenda pública como obstáculos para el ejercicio de la libertad de prensa, las particulares dificultades en el acceso a la información pública en algunos temas y la confirmación de episodios de vigilancia ilegal a dos senadores, evidenciando el uso indebido del sistema de vigilancia del Estado", señala el informe.
Estos aspectos ya han sido señalados en informes anteriores, pero "adquieren un carácter de continuidad, generando preocupación ante la posibilidad de que estas prácticas se instalen en el país, ocasionando un daño mayor", advierte AI.
Corrupción estatal en Uruguay
Para AI resulta fundamental "continuar alertando ante todo hecho de corrupción estatal que menoscabe el sistema de garantías de los derechos humanos en el país".
En 2022, AI había expresado preocupación ante la investigación judicial que se llevó a cabo en el denominado caso Astesiano, que involucró en diversos delitos al jefe de seguridad del presidente de la República y que permitió identificar un uso ilegítimo del aparato de seguridad del Estado. En 2023 se mantuvo la preocupación al formalizarse y confirmarse, a inicios de 2024, el rol del gerente de una empresa consultora internacional en la vigilancia ilegal y espionaje a dos senadores de la República.
Además, a partir de la investigación a un senador por abuso y explotación sexual de menores, se identificaron actos de corrupción policial que tenían por objetivo identificar a las víctimas denunciantes y amedrentarlas para que retiraran las denuncias realizadas.
"Esta situación generó preocupación, ya que quedó visibilizada, nuevamente, la utilización del aparato de seguridad del Estado para cometer ilícitos y vulnerar los derechos de las víctimas", señala AI.
Por último, y a partir de una investigación hacia altos funcionarios del Ministerio del Interior y del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de la entrega de un pasaporte uruguayo a una persona condenada por narcotráfico que se encontraba privada de libertad en el exterior, y ante la divulgación de audios entre los funcionarios sobre procedimientos posiblemente ilícitos en este caso, "nuevamente se puso en cuestionamiento el uso del aparato del Estado para la realización de actos de corrupción".
Debilitamiento del sistema de garantías de derechos
Ante la confirmación de sucesos de espionaje y vigilancia, así como también de hechos de corrupción policial, "se visibiliza el debilitamiento del sistema de garantías de derechos del país impactando directamente de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de Derecho y sus instituciones".
En el marco de la investigación por el caso del exsenador Gustavo Penadés, la Fiscalía General de la Nación identificó diversos hechos de corrupción policial, que involucraban a funcionarios del Ministerio del Interior, y que tenían por objetivo identificar a las víctimas denunciantes, cuya identidad estaba protegida, así como también inventar una trama a efectos de proteger al exsenador.
AI apunta que en marzo de 2024, el ex director del Centro Penitenciario Comcar y de inteligencia carcelaria fue condenado por cohecho calificado, asociación para delinquir y reiterados delitos de revelación de secreto a tres años de cárcel de "cumplimiento efectivo", dado que se identificó que colaboró con el exsenador para montar una trama que pretendía amedrentar a las víctimas y exculpar a Penadés.
Ante este contexto, AI vuelve a expresar su preocupación e insta a que "las investigaciones judiciales se realicen en profundidad y de forma independiente. Ante la confirmación de sucesos de espionaje y vigilancia, así como también de hechos de corrupción policial, se visibiliza el debilitamiento del sistema de garantías de derechos del país impactando directamente de manera integral en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como también de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población del país, afectando el Estado de Derecho y sus instituciones".
Aumento de la violencia
Durante 2023, el gobierno "no adoptó medidas eficaces para abordar los delitos violentos", como evidenció el aumento del número de homicidios por crimen organizado en 2023, según el Estudio Global sobre Homicidios de 2023 elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Este estudio presenta a Uruguay como el segundo país con mayor tasa de homicidios motivados por el crimen organizado, alcanzando una cifra de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes.
Asimismo, durante 2023 aumentó el número de mujeres víctimas de homicidios motivados por el crimen organizado cobrándose la vida de 18 mujeres.
Estas cifras se asemejan a las cifras de mujeres asesinadas por femicidio, que en 2023 significó la muerte de 23 mujeres.
Según AI, wsta situación "evidencia la necesidad de implementar un abordaje integral a la seguridad humana en Uruguay, priorizando el diseño de políticas públicas en materia de seguridad con perspectiva de género".
Impunidad por crímenes del pasado
La justicia uruguaya estableció 18 condenas a miembros activos o retirados del ejército y la policía por torturas, secuestros y asesinatos bajo el régimen cívico-militar en las décadas de 1970 y 1980 y se encontraron restos humanos en el Batallón 14 y (de Amelia Sanjurjo según se confirmó luego de finalizado el informe, además fue encontrado otro cuerpo meses después en el mismo lugar).
Más allá de estos hechos y de algunos esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil, el informe advierte que "no se han producido avances sustantivos en lo que a las investigaciones sobre personas desaparecidas en este período se refieren, manteniendo una impunidad estructural en cuanto al derecho a la verdad, justicia y reparación de familiares de víctimas de desaparición forzada".
AI también advierte lo sucedido en febrero de 2024, cuando la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) eliminó el término terrorismo de Estado del programa de Historia de primer año de Educación Media Superior, sustituyéndolo por la frase “suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”.
La Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) emitió un comunicado en el que reafirmó que esta decisión no tiene fundamento en el cual basarse y que desconoce la bibliografía internacional que refiere a las violaciones de derechos humanos que cometen los Estados.
Desigualdades de género
"La agenda de derechos sexuales y reproductivos sigue teniendo dificultades y obstáculos para la prevención, abordaje y reparación de situaciones de embarazo infantil", señal el informe.
AI advirtió que Según la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre mayo de 2021 y abril de 2023 se produjeron 119 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años.
Las autoridades también indicaron que, de esos 119 casos, el 50% habían sido consecuencia de abusos sexuales, el 34% se habían producido en relaciones entre iguales no abusivas y en el 16% restante de los casos no se podía descartar una relación abusiva.
En lo que refiere a los tipos de violencia registrados según sexo, se observa que ser mujer es una variable altamente indicadora de vulnerabilidad frente a la violencia sexual. Particularmente, las cifras de abuso sexual y de explotación sexual comercial se muestran altamente feminizadas.
De esta manera, "se perpetúa la feminización de estas formas de violencia sexual, mientras que, para los demás tipos, las diferencias según el sexo de las víctimas muestran menos diferencias".
Al 30 de noviembre de 2023, y de acuerdo con cifras presentadas por el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la niñez y la adolescencia (Conapees), se registraron 346 casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes.
"El aumento de la violencia de género en el país está estrechamente vinculada a los obstáculos que aún persisten en la aplicación de la ley No 19.580 por la falta de asignación de los recursos necesarios para la creación de juzgados polivalentes capaces de tratar todos los asuntos relacionados con este tipo de violencia".
Trabajo y cuidados
El informe advierte que el 61,4% de la carga total de trabajo de las mujeres es trabajo no remunerado, en tanto que en lo que refiere a los varones este ocupa el 35,9% de su tiempo de trabajo.
Asimismo, los resultados de una reciente encuesta del INE "visibilizan que la tasa de participación de las mujeres en los trabajos de cuidados y en las tareas domésticas es de 87,3%, en tanto que los varones destinan el 75,6%".
AI entiende que desde el lado de la demanda de los servicios de cuidados, "Uruguay no garantiza el acceso de niños y niñas con dependencia severa al programa de Asistentes Personales para su inclusión educativa, así como también resulta necesario ampliar la cobertura por edades".
Salud Mental
Seis años después de la aprobación de la ley N.º 19529 de salud mental, "la ley aún no ha sido reglamentada en su totalidad", advirtió AI.
Si bien se han reglamentado aquellas disposiciones vinculadas a las notificaciones de hospitalizaciones y a la creación de la Comisión Intersectorial en salud mental, "aún no se ha procedido a reglamentar aquellas disposiciones que refieren al establecimiento de los dispositivos alternativos a la manicomialización de las personas usuarias del sistema de salud mental".
"Esta situación repercute negativamente en el acceso a los servicios de salud mental, además de que aún no se ha procedido a avanzar en el proceso de desmanicomialización ni se ha establecido el cronograma de cierre de las instituciones psiquiátricas, tal como está previsto en la ley", advirtió el informe.
