Desde CERES se ha señalado que algunas de las iniciativas en discusión podrían implicar el traslado de las cuentas individuales a la órbita estatal, eliminando el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional como gestoras privadas. Según Munyo, esta alternativa suele presentarse como una mejora en eficiencia, aunque —afirma— “la evidencia disponible no respalda” que ello redunde en menores costos o mayores beneficios para los trabajadores.
Sin embargo, más allá de la discusión técnica, lo que subyace es una disputa sobre el modelo de seguridad social. No puede perderse de vista que dentro de las bases programáticas del Frente Amplio se encuentra el compromiso de avanzar hacia la eliminación del componente de capitalización individual administrado por las AFAP, así como revertir aspectos considerados regresivos introducidos por la Ley 20.130.
En ese marco, las intervenciones como la de Munyo pueden leerse no solo como un aporte al debate, sino también como parte de una estrategia para incidir en la opinión pública y en la toma de decisiones. La apelación a posibles escenarios de incertidumbre o efectos negativos —como la pérdida de empleos o la supuesta ineficiencia estatal— forma parte de un repertorio conocido en discusiones de política pública, donde los cambios estructurales suelen enfrentarse a resistencias de actores con intereses consolidados.
El tema, entonces, será procesar los resultados del diálogo social con una mirada integral, que contemple tanto la sostenibilidad del sistema como la equidad y la protección efectiva de los derechos de las personas. En definitiva, se trata de definir qué modelo de seguridad social quiere Uruguay: uno centrado en la lógica del mercado y la gestión privada, o uno con mayor protagonismo del Estado en la garantía de derechos. La discusión está abierta, pero las posiciones ya comienzan a delinear con claridad el mapa de intereses en juego.
