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Justicia

Disparen al cartero: amenazas a la libertad de expresión

La nueva moda de apelar a la Justicia para que dictamine lo que la prensa debe informar.

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Caras y Caretas Diario

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Recientemente varios periodistas hemos sido citados por la Justicia por denuncias realizadas en nuestra contra por brindar información o emitir comentarios que alguien entendió cometían el delito de difamación e injurias. La ley que regula el equilibrio entre la libertad de información y expresión y el honor de las personas no es nueva en Uruguay; lo nuevo es que muchos de los denunciantes pertenecen al elenco político y, así como intentan dirimir algunas diferencias políticas en los tribunales, parecen ahora pretender que sea el Poder Judicial el que dictamine sobre qué y cómo se puede informar.

Narra el cuento que aquel marido enterado que iba a recibir por correo las fotos como prueba de infidelidad de su esposa descargó su ira contra el cartero.

Últimamente está siendo recurrente que personalidades políticas o de relevancia pública ocupen el lugar del marido y los periodistas, de alguna prensa dicho sea de paso, corran con la suerte del cartero.

Apelar a la Justicia como primer recurso podría obedecer a advenedizos en las lides políticas que sintiéndose ofendidos por algún comentario o nota de prensa, no dudan en presentar una denuncia por difamación e injurias aunque no tengan muy claro que conceptos vertidos encuadran en una difamación o una injuria.

Pero de las últimas denuncias recibidas, si bien hay recién llegados a ejercer responsabilidades de gobierno, ninguno ha presentado denuncia por desconocer que podría haber apelado a otros mecanismos previos, como es, por ejemplo, el derecho a réplica.

A eso se suma una suerte de “decadencia del ejercicio de la política”, consignada en un nuevo relato político de contenidos cada vez menos profundos y que sigue la lógica de medir lo acertado de sus enunciados por la cantidad de likes o RT.

Algunos de quienes han iniciado juicio por difamación e injurias, que son delitos que se dilucidan en materia penal, también corren atrás de una demanda civil para lograr obtener algún beneficio económico.

Olvidan o ningunean el arte del “periodismo político”, la necesidad de su existencia como un aporte realizado desde afuera de la arena política pero con sus lógicas, y este ejercicio ha forjado ciudadanía politizada en este país a través de históricos editoriales.

Tampoco me pongo melodramático y sostengo que cualquier juicio de estos es preferible a como don Pepe Batlle resolvió un diferendo expresado por sus medios de comunicación con Washington Beltrán.

Pero, sutilmente, la opinión contraria a la gestión pública dominante pasa de ser una discrepancia a objeto de juicio.

Buena advertencia de seguir por este camino para letristas y conjuntos de carnaval.

 

Sutil desamparo

El artículo primero del capítulo primero de la Ley de prensa 16.099 establece que: (Libertad de comunicación de pensamientos y libertad de información). Es enteramente libre en toda materia la expresión y comunicación de pensamientos u opiniones y la difusión de informaciones mediante la palabra, el escrito o la imagen, por cualquier medio de comunicación, dentro de los límites consagrados por la Constitución de la República y la ley. Esta libertad comprende, dando cumplimiento a los requisitos resultantes de las normas respectivas, la de fundar medios de comunicación. Los periodistas tendrán el derecho a ampararse en el secreto profesional respecto a las fuentes de información de las noticias que difundan en los medios de comunicación”.

En su artículo 2º (Exclusión de medidas preventivas), dice: “Los titulares de los medios de comunicación ejercerán la facultad referida por el artículo anterior sin necesidad de previa autorización, censura, garantía o depósito pecuniario”.

Como el sentirse difamado e injuriado es sumamente subjetivo y salvo que la demanda sea notoriamente presentada fuera de lugar y de forma, el juicio, en general sin resultados positivos para el denunciante, se lleva adelante.

Pero para el periodista (de contar con el respaldo de la empresa para la cual trabaja), el juicio no resulta ni un pasatiempo y menos le resulta gratis.

Salvo en los medios radiales y televisivos en vivo, cuando una nota de prensa es publicada en papel o la web, en general ha pasado varios “filtros” a modo de comentarios por parte de los editores.

En Uruguay, desde un extremo al otro del arco político, las notas de prensa y programas periodísticos están lejos de parecerse a un programa de chimentos.

Pero, en todo caso, los medios de comunicación que reciben más denuncias por sus publicaciones, son los pocos que no forman parte de la obsecuencia.

De esta forma, una ley que debería mantener el equilibrio en la sociedad sobre su derecho a estar informada y tener quien la informe, se pretende se convierta en una espada de Damocles sobre el periodismo, que debe guardar las formas expresivas, y si hace periodismo político, debe ceñirse a un periodismo carente de cualquier subjetividad, y nunca pero nunca, ni por error, ser periodismo de investigación.

 

Otras leyes

Ademas de las leyes jurídicas, el periodismo como cualquier actividad humana, tiene “sus propias leyes”; las redes vinieron a ampliar en tiempo real y por cientos de miles de personas lo que antes quedaba en manos de quienes poseían los medios de difusión.

Decía un personaje cómico radial que si hay dos oficios que entraron en decadencia desde las posibilidades que brinda el desarrollo tecnológico a la producción amateur, son el de actor porno y el de periodista.

Ya no solo es la competencia entre las empresas por informar antes y mejor, sino que ahora también se trata de poder colocar la noticias en el puzle de cientos de fuentes informativas.

¿La Justicia va a dictaminar mediante una guía qué requisitos legales debe cumplir el “gancho” para un titular en un articulo de prensa?

¿El periodismo de investigación debe renunciar a la presunción de determinadas irregularidades para ocupar el lugar de la Justicia y no emitir comentarios ni informar hasta tener las pruebas que confirmen tal irregularidad?

¿El periodismo poseerá el peso de la ley para que toda persona entrevistada declare la verdad y nada más que la verdad?

Comunicado International Federation of journalists (FIP)

Uruguay: periodistas enfrentan una denuncia judicial por una investigación sobre una dirigente política. El jueves 16 de setiembre, trabajadores de la revista Caras y Caretas y del periódico la diaria se presentaron ante la Justicia por una demanda por difamación e injurias presentada por Pilar Silvestre, una dirigente del partido de derecha Cabildo Abierto, que acusa a los periodistas de haber impedido su designación en un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social por comentarios vertidos en un artículo publicado en 2020. En los últimos días también se registró una situación similar contra una periodista en Perú, lo cual hace crecer la preocupación por el aumento en el uso de estas herramientas judiciales que buscan limitar la labor de los comunicadores en la región.

Fabián Cardozo, dirigente de APU, analizó que “en Uruguay estamos viviendo momentos complejos de una lamentable persecución al trabajo de los periodistas, que sobre todo se ha notado en los últimos tiempos durante esta administración, en los que no solamente hay judicialización sino también un hostigamiento bastante claro en las redes sociales. Nosotros hemos hecho reiterados llamados al sistema político a cesar con esto, que no estaba muy previsto en la cultura política de Uruguay, pero que ha empezado a aparecer en los últimos dos años”.

Este tipo de acciones judiciales destinadas a bloquear la labor periodística se vienen reiterando en distintos países de la región. La semana pasada, la periodista peruana Maritza Roxana Ramírez Huertas, directora del diario Ahora Jaén, fue denunciada por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Juan Riquelme Guillermo Piscoya; envió una carta notarial en la que acusaba a la periodista de haber difundido “una afirmación completamente falsa, efectuada dolosamente con motivaciones subalternas”. No es la primera vez que la trabajadora de prensa es presionada por miembros del Poder Judicial tras realizar investigaciones, ya que actualmente afronta un proceso judicial por calumnia y difamación iniciado por Gilmer Robinson Jara Vergara, fiscal superior de la Fiscalía Superior Mixta de Jaén.

Zuliana Láinez, secretaria general de la Asociación de Periodistas del Perú (ANP), se refirió a la situación que atraviesan los trabajadores de prensa de ese país: “En Perú la persecución judicial a periodistas es hoy la mayor amenaza contra el ejercicio periodístico, la herramienta que utilizan funcionarios o quienes detentan poder político o económico para intentar acallar investigaciones. La ANP subraya fundamentalmente el impacto que las querellas tienen en los periodistas en regiones, quienes suelen ser trabajadores autogestionarios, que no tienen una empresa periodística detrás que los apoye legalmente. Un proceso judicial se traduce en desgaste emocional, impacta económicamente a los periodistas independientes y en un país como Perú, en el que continúan penalizados los denominados delitos contra el honor, subyace incluso la posibilidad de prisión para nuestros colegas. Por ello desde el gremio insistimos en la urgente necesidad de despenalizar estos delitos e invocamos a los jueces a ponderar debidamente los requisitos para admitir dichas querellas considerando siempre la primacía del interés público y el derecho a la información”.

Aunque menos explícitas que otras formas de censura, estas estrategias judiciales constituyen ataques a la libertad de expresión, ya que buscan silenciar las voces críticas de los trabajadores de prensa que exponen actos de corrupción en los poderes del estado y las grandes empresas. Por más que no son novedosas, la utilización de estas herramientas legales está en un auge, acompañando un contexto de aumento de las agresiones y la hostilidad contra comunicadores en América Latina y el Caribe. Desde la Federación Internacional de Periodistas vemos con preocupación este creciente uso de los resortes judiciales para entorpecer e impedir el trabajo de los periodistas y exigimos que se cese con la criminalización a quienes cumplen con la tarea de informar.

Comunicado de Cainfo

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresa preocupación por una serie de demandas judiciales contra periodistas, presentadas en las últimas semanas, que atentan contra la libertad de expresión y la libre circulación de información.

La mayoría de las denuncias presentadas, o anunciadas públicamente, entre los meses de julio, agosto y setiembre, refieren a demandas penales por difamación e injurias a raíz de publicaciones periodísticas. La mayoría de ellas provienen de altos funcionarios estatales o legisladores.

En tres meses suman siete los juicios presentados más dos amenazas de inicio de demandas, cuando el último informe de monitoreo registró tres casos en todo un año.

Con base en estándares internacionales de libertad de expresión, Cainfo entiende que estas acciones procuran afectar el derecho de los periodistas y generan un ambiente de hostigamiento utilizando el sistema judicial. Además, desconocen los avances acumulados en los últimos años en la materia, que permiten recurrir a mecanismos previos o alternativos, como el derecho a réplica.

Los casos que llegaron a conocimiento de Cainfo son los siguientes.

–Director departamental de Salud de Tacuarembó, Juan Miguel Motta, contra José Morales Brum del semanario Tacuarembó Ahora.

A fines de julio de 2021 Juan Miguel Motta, inició una demanda penal por difamación contra José Morales Brum, director del semanario Tacuarembó Ahora.

El motivo de la denuncia es la publicación de varios artículos periodísticos en los que se da cuenta de la gestión de Motta al frente del organismo que depende del Ministerio de Salud Pública. Entre ellas, se menciona la gestión de la pandemia de covid-19 a nivel local y la falta de controles sobre la actividad de un hogar de adultos mayores, que funcionaba en situación irregular.

Después de varias instancias judiciales, se llegó a un acuerdo para dar por terminado el proceso, sin consecuencias para el periodista.

–Exedil colorado de Maldonado Pablo Gallo contra la diaria, Canal 10, La República, Caras y Caretas, FM Gente, radio Piriápolis.

En febrero de este año, los medios citados difundieron la noticia de que el exedil del Partido Colorado Pablo Gallo fue enviado a prisión por una estafa con terrenos. Gallo ya había sido procesado en 1997 por un delito de contrabando y en 1999 por un delito de violencia doméstica. La demanda es por daño moral y lucro cesante, y reclama una indemnización de 300.000 dólares.

–Exasesora de OFI Andrea Valiente contra Eduardo Mérica de Diario Uruguay.

El 6 de agosto, el periodista Eduardo Mérica, de Diario Uruguay, debió presentarse ante la Fiscalía de Rivera por una denuncia penal por difamación e injurias que presentó la exasesora jurídica de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) Andrea Valiente. El periodista había informado sobre la desvinculación de Valiente de la OFI. Finalmente, el caso se archivó luego de que el periodista acordara un derecho a réplica.

–Diputado César Vega contra Leandro Grille de Legítima Defensa.

El diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega presentó una demanda penal contra el periodista Leandro Grille. El 29 de julio Vega realizó una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo y mostró ante cámaras a mujeres con elementos de metal adheridos a su cuerpo, atribuyendo el fenómeno a la vacunación contra la covid-19. Pocos días después trascendió que esas personas no habían sido vacunadas.

Durante una de las ediciones del programa televisivo, Grille cuestionó la conducta del legislador, quien consideró que el periodista realizó una serie de “conceptualizaciones difamatorias e injuriosas”. La demanda de Vega fue rechazada en primera instancia, aunque el legislador anunció su intención de apelar, lo cual no ha concretado.

–Científico Gonzalo Moratorio contra Esteban Queimada de radio Nacional.

El 12 de agosto, el virólogo Gonzalo Moratorio presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el conductor radial Esteban Queimada. El abogado de Moratorio dijo que Queimada, en su programa, realizó una serie de comentarios agraviantes por su apoyo a la vacunación contra la covid-19, por lo cual buscan una retractación del denunciado por la vía judicial.

–Expresidente de Defensor Sporting Club Daniel Jablonka contra Nicolás Musetti de Control Orientado.

Daniel Jablonka presentó una denuncia penal por difamación contra el periodista deportivo Nicolás Musetti a raíz de informaciones publicadas hace más de un año sobre una asamblea de la institución en la que se discutieron detalles de su gestión financiera. El exdirectivo incluyó a otras cuatro personas en la denuncia, y presentó como prueba sus publicaciones en redes sociales; en el caso de Musetti, en ninguna de ellas aparece mencionado el denunciante.

La primera audiencia se realizó el pasado jueves 9 de setiembre. Hasta la publicación del presente comunicado no se realizaron nuevas actuaciones.

–Integrante de Cabildo Abierto, Pilar Silvestre contra la diaria y Caras y Caretas.

Pilar Silvestre presentó una demanda judicial contra los medios Caras y Caretas y la diaria por las informaciones publicadas en marzo de 2020 luego de su frustrada designación como directora nacional de Economía Social e Integración Laboral del Ministerio de Desarrollo Social. La primera audiencia fue fijada para el jueves 16 de setiembre.

A estos juicios presentados se suma la amenaza realizada por la senadora Graciela Bianchi a través de la red social Twitter el 16 de julio al coordinador de informativos de Canal 4, Gonzalo Terra, a quien advirtió que presentaría ante Fiscalía una demanda por difamación e injurias si no reproducía textualmente sus tuits respecto a la formalización de dos agentes de Policía por el homicidio de un joven. La presentación judicial todavía no se produjo.

A su vez, el periodista del semanario Crónicas del Este Sergio Secinaro denunció el 20 de agosto que recibió la llamada del ministro de Trabajo Pablo Mieres y de uno de sus asesores reclamando el retiro de una publicación para evitar la presentación de una demanda judicial. La noticia refería a que el entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, había contratado a una empresa que hasta diciembre de 2019 integró la hija del secretario de Estado. Pocos días después de ese episodio, Mieres dijo en una entrevista en televisión que había desistido de la demanda porque el periodista aclaró la situación.

Cainfo reitera su preocupación ante este ambiente de hostigamiento hacia periodistas y medios de comunicación que configura una amenaza a la libertad de expresión y la instalación de un clima de amedrentamiento hacia todo el colectivo que reduce la calidad de la información que llega a la población.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, ha reiterado que “el ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”. Y que “las agresiones cometidas en contra de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos, por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el Estado de derecho”.

 

Actualización

Luego de ser publicado este comunicado, Cainfo tuvo noticia de otro juicio que está en curso.

En mayo de este año, el secretario general de la Confederación de Funcionarios del Estado (COFE), José Lorenzo López, presentó una denuncia por difamación e injurias contra la periodista Ana Laura Pérez.

Al participar en el programa En Perspectiva, la periodista hizo referencia al hecho ocurrido en 2015 cuando un grupo de funcionarios del INAU agredió a adolescentes privados de libertad, en presencia de López. El dirigente sindical solicitó un derecho a réplica por los dichos de Pérez, que fue concedido el 21 de mayo de este año. Sin embargo, López presentó una denuncia penal que aún está abierta.

 

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