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Economía en la LUC: del dicho al hecho

La columna del economista Joaquín Toledo en Legítima Defensa, 17 de junio de 2020.

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El 2 de agosto se aprobó el texto de la Ley de Urgente Consideración (LUC). El 12 de julio el presidente Luis Lacalle pou publicó un hilo en Twitter argumentando por qué esta norma es, a su entender, “popular, justa y necesaria”.

Joaquín Toledo, economista de Legítima Defensa, analizó las declaraciones de Lacalle Pou y las contrastó con la redacción de la ley.

Libertad financiera, ¿para quién?

Lacalle Pou aseguró que la LUC “elimina la obligación del cobro del sueldo a través del sistema financiero dejando en libertad al trabajador para elegir el medio de pago que más le convenga”. 

Sin embargo, el artículo 216 de la LUC establece que la modalidad de pago “será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral”.

Toledo aseguró que la redacción de la LUC garantiza libertad para el empresario, no para el trabajador. No es lo mismo poder elegir con libertad que tener que negociar con el empleador antes de comenzar a trabajar. Creer que eso beneficia al trabajador es negar la asimetría de poder que existe entre empleadores y empleados.

Con respecto a la ampliación de los montos en las transacciones, que se elevó de U$S 4.000 a U$S 100.000, Toledo explicó que con la ley de inclusión financiera se podía realizar trazabilidad del dinero, los escribanos llevaban control y debían autenticar el monto en una escritura; eso pasaba por la supervisión de los Registros Públicos y, en algunos casos, de la secretaría antilavados. Ahora, todo ese proceso desaparecería, lo que facilitaría la realización de transacciones ilegales y lavado de activos.

Además, con la aprobación de la LUC los niveles de formalidad, que ya necesitan mejorar, podrán disminuir todavía más. La formalidad es fundamental para aportar a la seguridad social, BPS, Fonasa.

Regla fiscal: preparando el ajuste

El presidente afirmó que la LUC es popular, justa y necesaria «porque se crea una regla fiscal que asegura un manejo responsable de los recursos de todos los uruguayos, evitando gastos indebidos, que comprometan la economía del país, poniendo el Estado al servicio de la gente».

El Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones preocupación por la “sostenibilidad de las cuentas fiscales”. Azucena Arbeleche, ministra de Economía, afirmó que “si no se mejoran los resultados fiscales las políticas sociales no las vamos a poder mantener”.

Toledo explicó que una regla fiscal bien diseñada y con control democrático permite controlar las cuentas públicas para que ningún Gobierno malgaste o realice acciones ilegales con el dinero del país. 

La regla propuesta está asociada al déficit fiscal. Esto es el ingreso del Estado menos el gasto del Estado. La forma de medirlo quedará en manos de un equipo técnico del MEF controlado por el Poder Ejecutivo.

Toledo aseguró que esta regla fiscal está pensada para ser legitimada a nivel técnico y preparar el ajuste.

¿Cuáles son los gastos indebidos que señala Lacalle Pou? El Gobierno anunció que recortaría “lo que sobra”, pero hasta ahora la reducción se ha dado así:

  • 15% de gastos e inversiones por decreto de recorte para todos los ministerios e incisos. 
  • Los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 no podrán ser provistos y, de los que se generen durante el ejercicio 2020, solo podrán ocuparse un tercio.
  • Reducción de la plantilla de funcionarios contratados a casi la mitad. Por ejemplo: DINAMA y MIDES.
  • Alimentación en las escuelas.
  • Recortes en la Udelar, según publicó el semanario Brecha.
  • Programas de innovación e investigación de la ANII.

 

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