La privatización solapada de UTE

***

Cada vez son más los casos de modificaciones de normas que, junto con los recortes en los presupuestos, marcan una clara posición de desarme de las empresas públicas. Se ha visto a nivel de los diferentes servicios con cambio de las reglas de juego que van favoreciendo directamente a privados por diversos mecanismos. En general sin mucha comunicación, falta de debate y de claridad sobre la justificación y análisis del impacto.

El tema energético no se viene quedando atrás, y en los últimos días se han planteado los cuestionamientos y las preocupaciones por el decreto aprobado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que modifica las reglas de juego para los grandes consumidores permitiendo que estos compren energía a privados, que son generadores pero usando las redes de la empresa pública.

A nivel de la energía eléctrica existe el monopolio en las redes de distribución y la competencia en la generación. Concretamente, “los requerimientos de las líneas de trasmisión generan un monopolio natural sin posibilidad de competencia. Sin embargo, las redes de transporte permiten viabilizar la posibilidad de un mercado competitivo”. Lo que dispone es un régimen de tarifas máximas por la prestación del servicio de uso de la red, habiendo un reglamento específico para quienes participan de las redes, lo que implica la determinación de (trasmisión, la expansión del sistema de trasmisión, el régimen tarifario, criterios de diseño y desempeño mínimo del sistema, calidad del servicio de trasmisión, servidumbres y expropiación).

El monopolio en las redes es por las características de las mismas, el costo es tal y una vez instalado no existe posibilidad de que un privado tenga incentivo económico para su mantenimiento. Lo que se ha generado es la posibilidad de que privados en un determinado marco sean generadores de energía y con esto se ha fomentado e incentivado la producción de energías renovables y la diversificación de la matriz energética, lo que también tiene una regulación e incentivos estatales para su instalación y desarrollo.

Pero estas empresas privadas de generación vuelcan la energía a las redes generales, por lo tanto la concreción del negocio necesita de la existencia de las mismas y su mantenimiento, siendo el rol de UTE fundamental. Hasta la fecha la generación privada tenía su regulación en cuanto a consumo y venta a UTE, pero desde este mes los grandes clientes podrían comprar directamente a privados.

El tema no es nuevo, pero en un decreto de alta complejidad para su lectura se aprueba esta medida que tiene importantes consecuencias para la empresa pública, que ha sido uno de los pilares para la diversificación de la matriz energética, que ha generado importantes ingresos y transferencias de rentabilidad a rentas generales y que ha generado importantes eficiencias y llegada con redes de distribución a todo el país.

Desde el ámbito político y sindical del ramo se ha generado la alerta sobre la situación, planteando recurrir este decreto, que una vez más se aprueba sin demasiada aclaración.

Las críticas se centran en la existencia de una privatización solapada, a las pérdidas en ingresos para UTE, a los beneficios para privados que va a repercutir en un necesario aumento de las tarifas energéticas que van a perjudicar al conjunto de la población.

***

El cambio tiene como centro el hecho de que los grandes consumidores, que representan en el entorno del 20% de la facturación, van a poder establecer contratos con privados que generan energía renovable para la compra de energía sin necesidad de una intermediación.

Esto favorece al privado en la medida que determina un negocio donde deja de ser el monopolio de UTE como único comprador. Esto era justificable en el hecho de que es la empresa de energía estatal la que dispone de las redes y por lo tanto de su mantención, lo que lleva a que para que pueda realizarse el negocio privado deban volver a la red la energía comercializada.

Pero además, en momentos donde la energía es crítica por la crisis mundial y el aumento de precios de las mismas, se vuelve cada vez más un sector estratégico y de soberanía nacional, donde el rol del Estado y su presencia es clave e implica una gran fortaleza.

La justificación de la matriz energética diversificada, proceso que se concretó entre 2012 y 2018, parece no aplicar como motivo, ya que los posibles impactos en términos de la empresa pública, la pérdida para UTE que podría ser trasladada a otras tarifas que son las de medianos y pequeños consumidores, así como la afectación de ganancias que repercute en la posibilidad de transferencias a rentas generales.

Un activo determinante que ha tenido el país que es disponer de energías renovables y una matriz diversificada, que pudo ser posible con inversiones, un plan estratégico y basado en una empresa fuerte como es la UTE se tomará como argumento para generar una medida que solo beneficia a algunos pocos en forma transitoria. La fortaleza de UTE es clave en un tema fundamental para la población y la economía como lo es la energía.

Una vez más falta de claridad en la justificación, así como la ausencia de evaluación de impacto y alcance de la medida.

En conclusión, se trata de una medida que no beneficia a nadie más que a unos pocos privados, sino que golpea directamente a UTE y a la posibilidad de que sus servicios lleguen a la mayoría de los uruguayos. Y argumentando a favor de la competencia, de esta forma se favorece a pocos privados llevando a oligopolios que atienden a beneficios propios y no a los intereses generales, como lo hace el Estado en bienes de la relevancia de la energía eléctrica.

Todos deben ser conscientes de la importancia estratégica de la energía y la importancia de tener una empresa fuerte, una relación sólida y una política que continúe en fortalecer la diversificación, avanzar a energías limpias, generar alternativas que permiten mantener tarifas justas, y atender aspectos sociales como tarifas para sectores vulnerables, o equilibrio en los costos vía la gestión tarifaria entre pequeños, medianos y grandes consumidores.