Aunque sólo el primero de ellos ha sido condenado en juicio abreviado, Lucio ha debido abandonar su posición en la dirección juvenil del Partido y Gómez ha pedido licencia en la Junta Departamental y en el Honorable Directorio del Partido Nacional mientras avanza una nueva investigación en la Fiscalía especializada a cargo del doctor Enrique Rodríguez. El padre de Lucio, Pablo Leiva, fue imputado por lavado de activos y tráfico de municiones, pero en la serie de allanamientos quedó muy claro que esos activos provenían del negocio del narcotráfico y que integraba una estructura que operaba en distintas zonas de Montevideo, proveyendo a las bocas de drogas que luego le venden a la gente en los barrios.
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La rapidez con la que la fiscal Angelita Romano abordó el caso luego de las detenciones de la Operación Trazador, firmando un abreviado con Leiva por apenas dos años y medio de cárcel a cambio del reconocimiento de los delitos, hizo temer que la investigación quedara clausurada antes de que pudiera tirarse de la piola hasta encontrar peces más gordos. Por suerte, la investigación policial había permitido dar con el local de cobranza donde Leiva solía llevar cientos de miles de pesos, muchas veces en billetes de baja denominación, y se había podido determinar que pertenecía a la esposa del director por la oposición de la Administración Nacional de Puertos, Jorge Gandini, líder principal del sector político del edil Gómez. Así las cosas, ya teníamos que el lavador de los narcos fungía como asesor a sueldo del edil blanco en la Junta Departamental, que el edil era miembro del Honorable Directorio e integrante del sector liderado por Jorge Gandini, y que Gandini era el esposo de la dueña del local donde Leiva lavaba la plata.
El número de coincidencias y rarezas del caso nos eximen de la responsabilidad de justificar la suspicacia: hay elementos más que suficientes para que tanto Gómez como Gandini pidan licencia de sus cargos y para que el comité de ética del Partido Nacional aborde los casos. Pero acá lo importante es qué hagan las instituciones, más allá de lo que haga el Partido Nacional, cuyo comité de ética debe tener una cantidad mayúscula de trabajo atrasado, si consideramos desde Pablo Caram hasta el regreso heroico del alcalde de Isidoro Noblía, pasando por el alcalde de Aceguá o la entrega de una casa en un balneario de Soriano a un músico por disposición del intendente Besozzi, quizá en reconocimiento a la magnitud de su fandom.
Y hay dos respuestas que están en la mano de las instituciones, la investigación policial y judicial, caiga quien caiga, y la discusión seria de un sistema de financiamiento de los partidos políticos que deje sin oportunidad a que dineros privados, legales o ilegales, de empresarios o de mafiosos, terminen sosteniendo el funcionamiento del sistema y condicionado su accionar de manera decisiva e indiscutible, porque el que paga, probablemente, mande y ordene, toda vez que sin recursos es muy difícil hacer política con verdaderas chances de competencia.
Las decisiones sobre financiamiento deben tomarse ya, cuando todavía el narco u otros negociados no se han tomado todo, porque si no se hace así, en unos años no nos podemos sorprender si tenemos bancadas del narco, de la timba online, de los barrios privados, de las grandes empresas, de los grandes medios, como ya no nos sorprendemos de que haya legisladores que vayan a llorar al Muro de los Lamentos o hagan fila en los actos de la Asociación Rural.
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