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Editorial desbarranco | economía | gobierno

El desbarranco impulsado por la economía

Por Leandro Grille

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La encuesta revelada por Equipos Consultores, una empresa de opinión púbica que no se ha caracterizado por medir contra el gobierno, vino a poner a evidencia lo que el referéndum ya había dejado claro: el gobierno muy popular no es y, de hecho, sus números de aprobación se deterioran rápidamente, por lo menos analizado en términos de intención de voto partidario. La encuesta señala que el conjunto de la coalición sumada en su intención de voto no alcanza al único partido de la oposición, el Frente Amplio, que el partido del presidente está diez puntos por debajo de la izquierda, que el Partido Colorado se derrumbó de nuevo, tras su circunstancial crecimiento con la candidatura de Ernesto Talvi, y que Cabildo Abierto es un cuco altisonante, pero con respaldo marginal, un experimento que parece destinado al fracaso.

Las causas de este deterioro, que se hará todavía más ostensible con el tiempo, estriban en dos aspectos fundamentales en los que el gobierno fracasó: la economía, medida por cómo le va a la gente común y no a los malla oro, y la seguridad pública, en cuyas soluciones mágicas e hiperpunitivas cifró buena parte de su campaña y de su gestión, y el resultado es poco menos que desastroso.

La coalición hizo muchas promesas y no cumplió ninguna, pero eso que podría pasar como una tendencia distribuida en la política, tiene una repercusión mayor porque los resultados indican que en muchos terrenos hizo exactamente lo contrario. A títulos de ejemplos: prometió bajar los combustibles y los aumentó ocho veces, rompiendo un récord de las últimas décadas, aumentó los impuestos cuando dijo que la gente no bancaba más que le metieran la mano en el bolsillo, redujo el salario real tras prometer que iban a ser los cinco mejores años de nuestra vida, y mintió en datos tan insólitos como la pobreza infantil o se adjudicó una reducción coyuntural del delito que se produjo en todo el mundo durante los confinamiento de la pandemia, como si pasada esta la realidad no le fuera a estallar en la cara.

Acorralados por el malestar social, el gobierno anunció nuevas medidas esta semana que prácticamente copian de algunas medidas propuestas por el Frente Amplio y por las organizaciones sociales que antes habían denostado, como congelar el precio de la garrafa de gas, pero las aplican tarde y, sobre todo, mal, haciendo anuncios de aumentos marginales de asignaciones para dentro de varios meses, como ya habían anunciado incrementos a cuenta para jubilaciones y salarios públicos con cuatro meses de anticipación a su aplicación. Mientras tanto, la gente sufre y el gobierno solo produce iniciativas publicitarias para contener la disconfomidad social con anuncios de ejecución postergada.

Es curioso cómo no se dan cuenta de que con anuncios inconcretos, así, lejos de producir cierto alivio, producen más enojo en la gente. Pero es posible que no lo vean, en primer lugar porque no lo viven y porque les cuesta hasta sociológicamente empatizar con los que la pasan mal, pero además porque continúan encomendados a una omnipotente maquinaria de agencia publicitaria que hace agua por todos lados, empezando por el cuidado de la imagen del presidente y de su familia, a la que habían convertido en un activo gubernamental hasta que se produjo la sonora ruptura de los últimos días.

Al cierre de esta edición, la diputada Bettiana Díaz interpelaba a la ministra de Economía sobre la situación general de aumento de precios y caída del salario real y la secretaria de Estado se proponía a reiterar su letanía negacionista, como si la realidad pudiese ser interdicta por un discurso preestablecido, repleto de voluntad y buenas intenciones, pero plagado de inconsistencias y, sobre todo, refutado por los indicadores sociales reales (no los vergonzosamente maquillados) y por el padecimiento cotidiano de la mayoría de los uruguayos.

El gobierno de Lacalle Pou, pasada casi la mitad de su mandato no ha logrado concretar nada como obra rescatable o visible, salvo la Ley de Urgente Consideración, que la mitad de la población rechaza y que, por lo demás, no ha obtenido ningún logro en materia de seguridad o educación, como anticipaban. Pero a las obras que no ha hecho, a los programas que no existen, a los proyectos que no se vislumbran, se añade lo que sí se puede considerar un resultado inequívoco del gobierno: el empobrecimiento general de la población. Por eso a nadie le puede llamar la atención la evolución de las encuestas de opinión pública, como la recién salida de Equipos, y a nadie le podrá sorprender que los sucesivos sondeos muestren el desbarranco.

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