El expediente volador

En realidad, el fiscal Machado tiene que investigar varias cosas sobre el periplo de ese expediente, porque a todas luces hay hechos de apariencia delictiva. Es francamente inexplicable que esas actas notariales con los chats, que formaban parte de un expediente público que fue confeccionado por una orden de la Justicia, no hayan sido entregadas en tiempo y forma, en cumplimiento estricto de la sentencia. Es inaceptable que el ministro haya excluido el sobre y lo haya hecho llegar a la presidencia. Es difícil de creer que el ministro Bustillo le haya hecho llegar ese sobre a un asesor del presidente, apartándose decididamente de sus obligaciones, si no contaba con una orden directa del presidente de la República. Es inaudito que el presidente haya hecho concurrir a los protagonistas de esas comunicaciones a una reunión secreta en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, donde se les instruyó proceder con el borrado de las comunicaciones de sus respectivos celulares y, posteriormente, es intolerable que el asesor del presidente haya destruido las actas con los chats protocolizados con la evidente intención de hacer desaparecer de la faz de la Tierra las pruebas de que en el gobierno se sabía que Marset era un narcotraficante pesado y peligroso. Por último, no cierra por ningún lado que el asesor Lafluf haya cometido el delito objetivamente grave de destrucción de documentación pública como extremo superior del ocultamiento de información a la Justicia motu proprio. No es creíble.

La investigación que no ordenó el ministro Paganini podría haber echado luz sobre lo que haya quedado registrado en la Cancillería del trámite de este expediente. Podríamos saber si el ministro Bustillo recibió alguna instrucción formal o actuó por iniciativa propia, podríamos saber cómo hizo para sacar el sobre de su despacho, si le encomendó a algún servicio interno trasladar el sobre a presidencia. Es posible que nada haya quedado consignado en expedientes, porque tiene toda la pinta de ese tipo de actos que se acometen en la sombra, sin dejar rastro y sin testigos. Pero es tal la pasión registral de la burocracia que nunca se sabe qué información podría obrar en la Cancillería. No sería la primera vez que quedan huellas administrativas de barbaridades cometidas por el poder.

Acá es evidente que el ministro Paganini no ordenó la investigación administrativa sobre este punto, que no es, por cierto, el más grave ni el más comprometedor, porque no hay nada que pueda surgir de ella que no sea un escándalo, siempre, claro, en el caso peregrino de que surja algo y no se haya tapado todo. Y perdido por perdido, habrá pensado el canciller, es mejor que el escándalo lo asuma otro, porque la probabilidad de que el escándalo escale hasta las Torre Ejecutiva es peligrosamente cercana a la certeza. Pero insisto, la evidente irregularidad de que el sobre con los chats comprometedores, que debía ir a un juzgado, se haya teletransportado, como en un cuento de Asimov, desde el despacho del ministro a la ubicación del alter ego del presidente, aunque grave, no es significativa si se le compara con la trama para ocultar y destruir esa parte del expediente. Es como un delito adicional, secundario, pero a lo que sí contribuye es a la comprensión cabal de toda la urdimbre y de la talla de los involucrados: claramente, se organizó una orquesta para ocultar, para desaparecer evidencia y el líder de esa banda no pudo ser otro que el presidente. Luego, le querrán cargar los muertos a Lafluf, pero es obvio que Lafluf actuó con la aquiescencia de su jefe, cuando no bajo su orden directa, que es, por mucho, la más verosímil.

El año político arranca así. Cuando termine la feria se vienen los desfiles por los juzgados. Como advertimos hace mucho tiempo, los casos de Marset y Astesiano se los va a llevar puestos. No van a zafar ni en la Justicia ni en las urnas. Tiempo al tiempo.