El Fiscal Diego Pérez se pasó de listo

No lo conocíamos personalmente ni teníamos de él ninguna referencia cuando escribí varios editoriales en momentos en que en su fiscalía se tramitaba las denuncias de la presidenta de la Ursec contra Nicolás Cendoya, que un par de años después finalizaran con su procesamiento.

En ese momento no sabía de sus antecedentes, ni de sus anteriores errores en el desempeño de su cargo, alguno de los cuales fueron observados por los tribunales competentes.

No me gustaban las filtraciones desde su fiscalía a la prensa, la connivencia con personajes sin escrúpulos como Ignacio Álvarez, el uso de medios como El País para la utilización política de lo que la fiscalía investigaba, la parcialidad de sus actos, la arbitrariedad de los mismos, la falta de respeto para con las personas investigadas.

Me parecía que no era garantía de nada, que algunos de sus gestos parecían prejuzgar y dictaba con intencionalidad política, que se excedía en los plazos procesales, que se avasallaban los derechos de Cendoya y que con ese fiscal el exdirector de Ursec estaba en el asador porque su propósito era enredar las piolas hasta poder acusarlo de un delito y alargar su acusación para que no pudiera ser propuesto como director de Antel.

Afirmábamos que su aspiración era ser elegido para fiscal de Corte, que se había involucrado en una trenza que involucraba a los servicios de inteligencia, los canales de televisión y los operadores de las telefónicas privadas y que favorecía al gobierno.

Decíamos que había sido elegido porque la denuncia se presentó de manera que cayera en su turno por la nueva presidente de Ursec, la funcionaria de Movistar Mercedes Aramendía, sin que hubieran pasado por el directorio del organismo, que por otra parte integraba el denunciado.

La orden del fiscal de allanar la casa de un director de un organismo del Estado, sin ninguna prueba que lo involucre, simplemente actuando sobre una denuncia de una presidenta que se atribuye la representación de un organismo sin consultar al otro integrante de ese directorio, que representa a la oposición y que será víctima de ese allanamiento sin precedentes, era poco menos que escandalosa.

El allanamiento fue inmediato y sin ningún respeto con un colega abogado, representante del principal partido de la oposición.

Además, en ese momento no había siquiera un indicio de que hubiera cometido un delito y el fiscal no se hizo presente en el allanamiento que quedó en manos solamente de la inteligencia policial, que secuestró, por orden del fiscal, papeles, documentos, computadoras, celulares y hasta los pendrives de los hijos de Cendoya.

En ese momento denuncié que dos periodistas de El Observador, por un acuerdo preelectoral de Peirano con Lacalle Pou, fueron contratados por el gobierno; uno, Álvaro Irigoitía, editor de economía de ese diario en la campaña electoral. Este estudió en la ignota Universidad del Valle de Guatemala, que es una universidad para ricos relacionada con el Colegio Americano y con vínculos muy fuertes con Usaid y el gobierno de Estados Unidos. Una curiosidad es que a la primera rectora había que llamarla Miss…

El otro, Martín Natalevich, fue nombrado para el Ministerio de Industria. Estos fueron los que armaron la operación mediática con Pablo Fernández, el periodista del El País, y Nelson Fernández, su padre, actual director de informativos de Canal 10, quien mostró toda su mala leche cuando entrevistó a Nicolás Cendoya en la televisión.

Natalevich era editor de política de El Observador, muy relacionado a jerarcas del Ministerio de Relaciones Exteriores y muy vinculado a agencias extranjeras como la CIA, el FBI o el Mossad.

29 pobres a la cárcel

Diego Pérez en esos días procesó a 29 ocupantes de unos predios de Santa Catalina que según las declaraciones del fiscal “eran parte de una banda de narcos que había empujado a 500 familias a una gigantesca captura de tierras”.

Todos los procesados lo eran por ocupar tierras, robar energía eléctrica y asociarse para delinquir.

No había ningún narco, solo 30 presos de familias muy pobres que invadieron terrenos municipales y privados en un páramo donde no crece ni el pasto y por donde pasan -según dijo la intendencia- los caños de saneamiento por donde circula toda o una buena parte de la mierda de la capital.

Conste que no soy yo, sino el inefable Pérez el que dijo haber detectado “unos autos de alta gama por la zona”.

Pero entre los costaneros solo metió presos a los que vivían en ranchos de madera y chapa y se alumbraban colgados de UTE.

Nada de nada de los narcos que había visto o soñado el fiscal que percibía la acción de “narcotraficantes preparados para invadir tierras y establecer una cabeza de puente para atacar a la Policía desde Santa Catalina”.

Unos meses después de que yo escribiera esto, el fiscal Pérez se refirió en El País al asesinato de tres marineros en el Cerro.

Recuerdo de memoria que ese día, cuando aún estaban calientes los cadáveres de los marinos asesinados, advirtió que había personajes -creo que dijo abogados- que actuaban en los dos lados del mostrador; por un lado, asesoraban a los narcos y, por otro, a quienes los perseguían.

Este bolazo terminó en pocas horas sin que los narcos tuvieran arte ni parte y con el culpable de los homicidios evaluando su posible inimputabilidad en el Vilardebó.

El fiscal Pérez nunca más habló de la connivencia de abogados y narcotraficantes ni hizo ninguna denuncia como correspondería hacerla a un funcionario público.

Nadie le recordó estas declaraciones un poco atropelladas que nada tuvieron que ver con la realidad del triple crimen ni nadie le reclamó la denuncia que obligatoriamente tenía que hacer si tenía conocimiento de esta infracción a la ley penal de personajes o abogados.

No investigó los dichos de Argimón

Pasaron los días y Diego Pérez manda al Vilardebó a Fernando Cristino. Por ahora no se sabe si se investigaron las barbaridades que dijo la vicepresidenta Beatriz Argimón en su conversación con el relacionista público.

Ni la confesión de que se hacen intervenciones telefónicas, ni la afirmación de que se hacen extorsiones a gente del gobierno todos los días, ni la insinuación de que existiría un dealer de Luis ni la gestión que prometió hacer a favor de un privado, exsocio o empleador de ella en una escuela de modelos y socio del hijo en la organización de espectáculos. No manda al manicomio a la vicepresidenta que dijo lo que no quería decir y prometió lo que no quería prometer. Por el contrario, manda al Vilardebó al interlocutor, al que habían amenazado de muerte y lo estigmatiza, haciéndolo aparecer como loco.

Pero no lo matan literalmente, lo entierran mediáticamente y la Bea lo mira volar por los aires como avistando aves, mientras guarda silencio de radio y ve ultimar a Cristino.

El fiscal Pérez le disparó con el código y los formaliza por lesiones y atentado. No porque le haya pegado a un ascensorista que en los videos viralizados no se vio, sino a un indefenso policía. Parece no sorprenderse de que lo llevaran a pasar la noche en Piedras Blancas, parece ignorar que los policías lo judearon, le pegaron, lo humillaron y, además de acusarlo de tres delitos, deja trascender a los medios que en otro juzgado tiene otra causa penal, por emitir cheques sin fondos, causa por la que, según los medios, corresponderían varios años de cárcel.

El fiscal no investigó lo que dijo Beatriz Argimón, pero le tiró con el código y lo mandó a limpiar plazas a Cristino. Y además criticó a la Institución de Derechos Humanos por cumplir con sus deberes, lo que constituye, además, una gran burrada porque desde hace cuatro años en los que rige la Ley de Salud Mental, es competencia de la Institución de Derechos Humanos el seguimiento de las internaciones compulsivas en las instituciones psiquiátricas.

No quise seguir leyendo las próximas actuaciones de Pérez porque lo vi más cerca de la tribuna que de los expedientes. No quise creer que, además de hacer justicia, Pérez estaba haciendo buena letra con el poder. Me parecía que Pérez se postulaba para un ascenso. Yo creía que había que esperar nuevas actuaciones y nuevos titulares hablando de la astucia y la energía de este fiscal.

La paciencia tiene su premio porque hoy nos enteramos, leyendo Búsqueda, de una nueva travesura del fiscal Diego Pérez.

Resulta que escribió un informe para el prosecretario de la Presidencia con “informaciones y valoraciones sobre el funcionamiento de la fiscalía, sobre los tribunales de concurso, sobre vínculos de amistad que presuntamente derivan en beneficios y sobre funcionarios cercanos al exfiscal de Corte Jorge Díaz”.

El hecho es gravísimo y naturalmente habrá que investigarlo hasta sus últimas consecuencias.

Es grave que Diego Pérez haya enviado ese informe y más grave es si lo hubiese pedido -como parece ser- el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

Aún más grave es que la Presidencia hubiera tenido conocimiento del mismo y no hubiera adoptado ninguna medida y aún peor si se tratara de información para ser utilizada por la senadora Graciela Bianchi en la próxima comparecencia que el actual fiscal subrogante, Juan Gómez, deberá hacer a su pedido en el Senado de la República.

Supongo que al fiscal Diego Pérez le corresponde roja directa; Rodrigo Ferrés está a merced del VAR y el presidente, que ya tiene una amarilla por haber pagado con dineros públicos el pasaje de su expareja a Dubái, cometiendo un evidente abuso de funciones, deberá poner las barbas en remojo porque si se investiga en serio, está al borde de la segunda amarilla anticipada.