Los dos más altos jefes de la Policía Nacional, Diego Fernández y Jorge Berriel, fueron cesados por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. No fue necesario hacerlo con Héctor Ferreyra, el tercero de la cúpula policial, porque había renunciado unos días antes.
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Estos policías y otros policías han sido “figuritas” repetidas en los chats que fueron decodificados en uno de los teléfonos celulares de Alejandro Astesiano, jefe de la custodia presidencial, quien hoy está en prisión, formalizado por varios delitos a solicitud de la fiscal Gabriela Fossati.
Se ha conocido, además, que la fiscal ha citado, el viernes próximo, al policía destituido Jorge Berriel para ser imputado en audiencia judicial.
Hasta ahí, algunos de los hechos más inmediatos.
Heber ha afirmado que las destituciones mencionadas nada tienen que ver con el “caso Astesiano” y que solo se deben al propósito de seguir “consolidando” los notables “éxitos” de su gestión al frente del ministerio.
No ha habido otras reflexiones en una conferencia de prensa en la que no se han admitido preguntas.
El presidente Lacalle Pou ha afirmado que la decisión de proporcionar un refresh en su ministerio ha sido iniciativa del ministro y el presidente solo las refrendó.
Si con estas explicaciones nos quedáramos conformes, seríamos imbéciles y tal vez Luis Alberto Heber lo crea.
Solo así puede explicarse este tonto intento de minimizar la trascendencia del desplazamiento de tres jerarcas policiales en medio de un escándalo judicial que los compromete seriamente y en el curso de una crisis de la seguridad pública que ha incrementado los homicidios a cifras verdaderamente alarmantes y en la que se han cuestionado seriamente las estadísticas y los registros que llevan las autoridades sobre otros delitos, como los hurtos, abigeatos, rapiñas y violencia doméstica.
Lo verdaderamente cierto es que algunos episodios, como el otorgamiento de un pasaporte a un conocido narcotraficante preso en una cárcel emiratí y la prisión del jefe de la custodia presidencial con el secuestro de un celular que se convirtió una verdadera caja de Pandora desde el que se desencadenaron todos los demonios, han desnudado una crisis política que el gobierno intenta cerrar con los menores costos, tratando de poner un cortafuego que no le implique más daños que los que ya se han manifestado en las encuestas de opinión pública y en la credibilidad del elenco gobernante y el propio presidente de la República.
Tal vez -como sugerimos en un editorial anterior- lo menos costoso hubiera sido la renuncia de todos los ministros y que no se restituyera a los de Interior y Relaciones Exteriores, que aparecían como los más comprometidos en un primer momento.
Pero, en lugar de eso, se pretendió cortar el incendio con la renuncia algo acelerada de la subsecretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache, la que constituía el eslabón más débil de la cadena. Lo cierto es que un mes después la pradera tomó fuego y parece regada con nafta.
Ya no se arregla con la renuncia de Luis A. Heber y Francisco Bustillo, ni de Carolina Ache ni con los tres jefes de Policía destituidos: hoy está comprometido el grupo más cercano del presidente de la República: Juan Seré, Rodrigo Ferrés, Nicolás Martínez, Álvaro Delgado y el propio presidente Lacalle Pou, aunque este último aún ponga cara de marido engañado.
Todos ellos están mencionados en los expedientes o han participado en alguna de las instancias que se están investigando en varias fiscalías.
Es absolutamente imposible que todos aleguen no estar enterados de nada de lo que pasaba a su alrededor. Todos sabían que Astesiano arreglaba todo y no lo paraban ni con los tanques Leopard.
En el caso de Astesiano las responsabilidades políticas de los mencionados son inexcusables por haberlo designado para tal tarea aun conociendo sus antecedentes, por haber participado con él en operaciones ilegales, por haberle solicitado servicios o favores que iban mucho más allá de sus funciones, por haber mantenido diálogos muy comprometedores y por conocer estas actividades ilegales sin denunciarlas como es obligatorio en un funcionario público y por extensión a uno de particular confianza política.
Es obvio que todos sabían que había un tránsfuga en la Torre Ejecutiva que se encargaba del trabajo sucio y que el mismo gozaba de la confianza absoluta del presidente, que lo respaldaba “a muerte”, incluso en el espionaje de su exesposa.
Todos lo sabían en los círculos más estrechos del poder, incluyendo al Director Nacional de Inteligencia Estratégica, Alvaro Garcé, que, según dijera en el Parlamento, se lo comunicó al presidente sin que este le diera la menor pelota.
No se puede invocar desconocimiento cuando la fama de Astesiano trascendía fronteras.
Participaba en la adulteración de la identidad de ciudadanos rusos a los que se les suministraban ilegalmente pasaportes uruguayos. Una empresa en Miami le solicitaba favores para conocer los requisitos y ganar una licitación o varias licitaciones en el Ministerio del Interior, en UTE y en el Ministerio de Defensa y algunas, de verdad las ganaban; un productor de soja en Argentina le pedía que espiara a los camioneros para que no lo robaran; una empresa del asesor de la Presidencia Juan Seré le solicitaba que dispusiera custodias de la Guardia Republicana en un depósito aduanero de su propiedad; el presidente le pedía detalles de un viaje de su exesposa; Astesiano conseguía apoyo policial para su empresa de seguridad irregular con el secretario privado del Presidente, Nicolás Martínez; hacían el seguimiento del presidente del Pit-Cnt , Marcelo Abdala; con un policía de la custodia presidencial procuraban intervenir los celulares de docentes y estudiantes del liceo del Cerrito de la Victoria para buscar comunistas; con un exmilitar intentaban conseguir información que comprometiera a los senadores Charles Carrera y Mario Bergara para procurar chantajearlos en una causa judicial; un diplomático árabe desde Argentina le solicitaba gestionar una entrevista de un jeque con el presidente y recibía un gran paquete en valija diplomática con pescado desde el desierto del Sahara, a su nombre y con la dirección del presidente o viceversa.
En casi todos estos episodios estaban mencionados los jerarcas de la Policía. Los destituidos y otros. Es más, un último chat que se conoció en el día de hoy evidencia que la presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, era un contacto frecuente de Astesiano y que a través de su intermediación se intercambiaban mensajes con el presidente Lacalle y Paty intercambiaba opiniones sobre jerarcas policiales e incluso hacía sugerencias para que se designara a alguno en un cargo de relevancia.
El ministro Heber había declarado hasta ayer que no se habían encontrado responsabilidades administrativas en ningún caso.
En verdad, el responsable de todo este desaguisado en la cúpula policial es el ministro.
Heber tiene que irse para su casa porque es el jerarca máximo de los policías involucrados y porque sobre él recaen las responsabilidades políticas.
Su hipocresía es proverbial y el desprecio por la inteligencia ajena es deplorable.
Su gestión es un desastre y nadie cree que la salida de estos jerarcas es para consolidar sus éxitos.
Todos sabemos que es una manera de conservar su cargo ministerial y nuevamente cortar el hilo por lo más delgado.
El ministro nos está mintiendo. Sus declaraciones son pura hipocresía y el presidente también nos miente.
Uno diría que es hora de hacerse cargo porque de lo contrario nadie les va a creer nada de lo que dicen.
Se pierde la inocencia y vamos a creer que era verdad que Fernando Cristino conoce el nombre del dealer de “Luis”; que, como dijo la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, “al final del día hay quien escucha los celulares intervenidos”; que en el paquete de pescado venía otro “bagayo” oculto, que las vacunas costaron un pecio muy superior al que se pagaba en el mercado; que las condiciones contractuales de los suministros de Pfizer son poco menos que extorsivas; que se pagaron comisiones millonarias por las vacunas; que los canales de televisión fueron beneficiados para pagar favores y que en verdad Luis no es mejor que su padre y la fruta cae muy cerca del árbol.
También habrá que creerle a la fiscal Gabriela Fossati cuando dijo que este caso no se puede investigar “porque están nombrados todos los que pueden contribuir con la investigación”; “que todos los nombrados son amigos y que ponen piedras a la indagatoria”; “que embarran la cancha y quieren tapar todo”; que tendría que citar a declarar a todos los funcionarios de jerarquía del gobierno y de los ministerios de Relaciones Exteriores e Interior porque todos están nombrados en los diálogos del celular de Astesiano; que es un escándalo de proporciones institucionales y que lejos de procurar corregir los eventuales errores que se cometieron en las distintas instituciones, de lo que se preocupan los jerarcas es de reducir los daños y tapar lo más comprometedor.
Estamos sentados en un volcán y dicen que todavía falta lo mejor… o lo peor, según sea el lugar desde donde se mire.