Todos los argumentos contra la compra de María Dolores se han caído: en primer lugar, es una compra hecha en ejercicio de las competencias del Instituto de Colonización, a precio de mercado, por el mecanismo legal de compra preferente y con la finalidad clara de arrendar tierra a productores lecheros. Es una aplicación indiscutible de la norma, en sintonía con el leitmotiv del Instituto y en concordancia con el programa de gobierno que votó la ciudadanía. Incluso las objeciones leguleyas de los que señalan que debían aprobarse con una mayoría calificada del Directorio de por los menos cuatro votos, en lugar de los tres votos que lo decidieron, han sido contundentemente respondidos por las abogadas de la División Jurídica de Colonización, que han concluído en su informe que la compra por este mecanismo no requiere esa mayoría calificada, porque Colonización no pone precio, no ofrece montos ni negocia, sino que, ante un acuerdo de compraventa de privados, ejerce su derecho de preferencia y realiza la compra del campo que le debe ser ofrecida siempre a Colonización antes de concretarse la operación entre los privados. Con estos argumentos, por otra parte, Colonización reiteró el gasto ante la observación del Tribunal de Cuentas (realizada en votación dividida de los ministro del tribunal) por cuatro votos, por lo que, en el más exigente de los casos, la definición de la compra obtuvo la tan mentada mayoría calificada.
Con este panorama, la interpelación no tiene sentido, salvo porque les va a permitir al ministro Fratti y a la bancada del Frente Amplio en el Senado decir unas cuantas verdades y transparentar los intereses que se mueven detrás de esta discusión. Si esto es así, va a ser muy interesante lo que allí se produzca y conviene que la gente preste atención para saber con qué bueyes se ara en el Parlamento.
