Investigar sí, perseguir no

Cincos años de las mil gauchadas, de acomodos, de pescado congelado, de Astesiano, de espionaje a senadores y dirigentes sociales, de Fundación A Ganar, de Albisu en Salto Grande y los Caram en Artigas, y expedientes destruidos en el piso once de la Torre Ejecutiva no pueden saldarse con total impunidad en nombre de la paz política y la convivencia democrática.

La sociedad no quiere la venganza, pero tampoco quiere un perdona tutti apriorístico sobre todas las faltas que se hayan podido cometer desde el ejercicio del poder, y menos aún cuando hemos visto caer los ingresos reales de la gente común y hemos presenciado cómo se aprobó una reforma de la jubilación que aleja la edad de retiro cinco años más porque la plata, en teoría, no alcanza para sostener un sistema más decoroso de seguridad social.

Es por todo esto que, a la vez que se honra el programa que se le propuso a la ciudadanía, el Gobierno debe ir dando muestras de probidad y llevando adelante medidas que satisfagan la aspiraciones de justicia de la gente: sobre todo cuando durante cinco años la izquierda denunció a viva voz una cantidad impresionante de tropelías.

Por supuesto que no se puede caer en lo que incurrió la anterior Administración: la persecución política, el aliento de causas judiciales inconducentes sólo para horadar la reputación de los adversarios, la desviación en el ejercicio del poder para someter a los que no piensan igual como sucedió con el director del liceo IAVA o con los docentes de San José. Por el contrario, la izquierda debe conducirse con altura, haciendo las denuncias que correspondan y permitiendo que las auditorías, sumarios o causas sean llevadas adelante por los organismos competentes, sin contaminarse de política y respetando todas las garantías de los posibles implicados en eventuales actos reñidos con la ética pública o la legislación.

El camino de buen gobierno es dejar que los organismos actúen y la Justicia trabaje, pero la obligación de cualquier funcionario es denunciar cualquier hecho de apariencia irregular y, en los casos de funcionarios con responsabilidad política, ordenar la realización de investigaciones administrativas cuando haya motivos para su instrucción. De ninguna manera puede encajonarse a mansalva para evitar conflictos, rispideces e instalar una suerte de paz política obligatoria entre oficialismo y oposición.

Cabe esperar que cuando termine este proceso de toma de posesión de las nuevas autoridades, y puedan tener un panorama completo de las condiciones en las que reciben el gobierno, además de ajustar las medidas y programas a los recursos reales con los que se cuenta, se dé inicio a esa etapa tan necesaria y tan saludable de aclarar aquellas cosas que no quedaron claras y que saturaron la atmósfera del Estado con un tufo inocultable durante los últimos años.