Yo hubiera esperado que la Agencia de Inteligencia del Estado revelara si tuvo alguna actuación o percibió alguna irregularidad en la concesión del pasaporte uruguayo a Sebastián Marset o si había encontrado, al menos indicios, de la actuación del custodia del presidente en un esquema delictivo en el que la fiscal interviniente ha detectado la participación de servicios de inteligencia rusos, “anteriores y actuales”, a pocos metros del despacho del presidente y del propio escritorio del director de Inteligencia.
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Sin embargo, no ha sido, aun así, lo que obliga a preguntarse si la fiscal Gabriela Fosatti fantasea o si el director de Inteligencia estaba pintado mientras los espías rusos se paseaban a su alrededor.
Lo único que ha confesado el director de Inteligencia, Álvaro Garcé, en el Parlamento, es que le advirtió al presidente sobre los antecedentes del custodio y Lacalle no le dio pelota y él se la bancó.
Otro hubiera renunciado cuando Lacalle le respondió que le tenía más confianza a Astesiano que a sus informes “estratégicos”, pero Garcé no lo hizo.
Hoy sabemos que Alvaro Garcé ha reunido a la Comisión Parlamentaria que se ocupa de tales menesteres para informarle de la implementación de un Plan de Inteligencia Estratégica del Estado.
La reunión parece haberse llevado a cabo sin tropiezos y como correspondía, no ha trascendido si hubo opiniones, advertencias u oposiciones de los parlamentarios que asistieron, que fueron: el cabildante Raúl Lozano; los blancos Graciela Bianchi, Sebastián Andújar, Gustavo Penadés y Álvaro Viviano; el colorado Raúl Batlle, los frenteamplistas Daniel Caggiani, Micaela Melgar, Mario Bergara, Diego Reyes y Mariano Tucci; el representante del Partido de la Gente Luis Alberto Posse; el independiente Iván Posada; y el ecologista César Vega.
Tampoco trascendió si hubo ausencias o si todos los integrantes estuvieron presentes, aunque por lo informado en la prensa se desprende que hubo cero falta.
Se sabe que lo expuesto y lo discutido era de carácter reservado y que los participantes están obligados a guardar secreto de lo que se habló entre cuatro paredes.
Hasta ahí lo que se hubiera conocido hasta que en los espacios informativos de TV Ciudad informaran que el citado plan incluía instrucciones u órdenes destinadas al mando Policial de investigar “indicios” de que funcionarían organizaciones con propósitos terroristas que podrían atentar contra instituciones religiosas o locaciones públicas o privadas.
Más precisamente se refería “a personas o grupos que con violencia se propongan usurpar lugares públicos o privados u obstaculizar o bloquear el tránsito de vehículos o personas”.
La difusión de esta noticia disparó el alerta del director de Inteligencia y de algunos legisladores que pusieron el grito en el cielo y en el caso del jerarca de la mencionada agencia justificó que denunciara la filtración ante la Fiscalía para que se investigara la eventual transgresión, probablemente delictiva, de haber divulgado una información reservada.
La denuncia de la filtración fue realizada ante el Fiscal de Corte, Juan Gómez, quien dispuso el pase a la Fiscalía correspondiente para su instrucción.
Se supone que el fiscal interviniente, a diferencia de la fiscal que interviene en el caso Astesiano, investigará para arriba o para abajo.
Si fuera así, Garcé sería el primer jefe de Inteligencia en el mundo que recurre a la Justicia para que investigue sus actuaciones y la posibilidad de que se haya filtrado una información sensible cuyo secreto estaba bajo su responsabilidad.
Asistiríamos a una maratónica audiencia en que los espías y secretarios serían interrogados para entretenimiento de los periodistas, que se harían una fiesta develando los secretos de la inteligencia estratégica obligados a declarar bajo juramento ante la soberana opinión pública.
Sería cómico si no fuera pura pantomima para la gilada. No habrá investigación ni culpable. Es más, el fiscal archivará desilusionado de no haber encontrado ni una pizca de inteligencia en la Agencia de Inteligencia.
¡Paradoja!
Todo el mundo sabe que un secreto entre dos es peligroso, entre tres es vulnerable y entre veinte no es secreto… es lo que se llama un secreto a voces.
Comenzado el show, el senador Carlos Camy se puso en contacto con la vicepresidenta Beatriz Argimón y con el Dr. Ope Pasquet para que convocara urgentemente una reunión de las bancadas parlamentarias y la presidenta de la Cámara de Senadores instruyó al Departamento Jurídico para que analizara las eventuales transgresiones a la ley de Inteligencia de la supuesta filtración.
Lo divulgado parece no tener importancia relevante siempre que la mencionada investigación, ordenada por el Dr. Garcé, se realice dentro de los marcos legales y adoptando las precauciones que marca la propia ley de Inteligencia para aquellas actuaciones que pudieran afectar derechos de los investigados, particularmente cuando se trata de personas físicas y derechos individuales.
Tales precauciones atienden a la previa autorización judicial de tales pesquisas incluyendo particularmente, los seguimientos, las escuchas e interceptaciones telefónicas.
En verdad todo sabemos que los organismos del estado investigan o deben investigar este tipo de organizaciones y entonces el mencionado plan es tan redundante como si el Ministro Luis Alberto Heber anunciara en sesión secreta que va a perseguir el delito o el Ministro Daniel Salinas anunciara un plan de vacunaciones.
Así, sin decir nada, sin identificar nombres u organizaciones y solamente mencionando “indicios,” la información revelada es una pelotudez.
Más interesante sería saber por qué no se ha investigado antes o en estos dos años en que Garcé tenía en sus narices una organización delictiva que le daba órdenes al mando policial y a otros tantos organismos a los que se conectaba con el “number one”, tantos que aún no se ha podido saber en cuál de ellos revistaba el misterioso “número uno” de las interceptaciones del celular analizado.
Si la alarma es motivada por el anuncio del mencionado plan, no debería haber causado semejante movida judicial y mediática, aunque probablemente podría justificar la investigación del momento y el lugar en que se produjo la filtración.
La insinuación de que la misma ocurrió a partir de la reunión de la Comisión Parlamentaria, sin tener en cuenta otras circunstancias posibles, sí llama la atención.
Uno presume que un informe que ha sido elaborado en la Torre Ejecutiva por personal administrativo de la misma, probablemente seleccionado con los mismos criterios con lo que se seleccionó al custodio del presidente, que ha circulado por los ministerios de Defensa, del Interior, de Relaciones Exteriores y de Economía, por Sinaclaf, Agesic y el Banco Central y ha estado expuesto a miradas diversas, incluyendo probablemente la de servicios de inteligencia extranjera -algunos de los cuales es probable que hayan participado en su propia elaboración-, puede haberse filtrado en cualquiera de esas instancias.
Más aun cuando hoy se sabe que se está indagando la participación en el esquema delictivo de Astesiano a media docena de jerarcas policiales, entre los que están el que hasta hace pocos días se desempeñaba como subjefe de la Policía y el director de Investigaciones que tiene a su cargo los servicios de Inteligencia Policial.
En rigor, cabe recordar que la Policía parece estar infiltrada por el delito, muy probablemente en sus mandos más estrechos, aunque el presidente siga confiando en su primo Luis Alberto Heber.
No veo motivo para que se sospeche con exclusividad de alguno de los legisladores presentes y no de otros eslabones interesados en mostrar la vulnerabilidad de nuestro principal servicio de espionaje y la incapacidad de nuestro señor X, la que parece harto comprobada.
Si lo que se discutió es solamente este plan, que solo expresa intenciones y lo que trascendió en TV Ciudad y en el resto de la prensa es solamente eso, lo informado es poco menos que inocente.
Probablemente investigar los “indicios” sea lo menos malo y quizás lo menos tonto que hacen los funcionarios de Inteligencia además de leer los diarios.
Informar de tales propósitos ni siquiera parece tener interés para la sociedad, máxime que todos sabemos que los servicios de Inteligencia tiene como cometido producir inteligencia estratégica y que para eso tiene agentes públicos y encubiertos y enlaces en las instituciones del Estado que comparten tareas con los agregados militares de las embajadas extranjeras y los agentes de la CIA y el Mossad que hay en varios ministerios, especialmente en los de Defensa, Relaciones Exteriores e Interior.
Otra cosas es que la agencia haya detectado “indicios” de que operan organizaciones terroristas en nuestro país y que las mismas hayan desarrollado tecnología, recursos materiales y humanos como para implementar actividades y acciones ilegales.
Eso sí es noticia y es un deber periodístico informarlo al público en la medida que es una información relevante que afecta a la comunidad, que todos tenemos que conocer para adoptar precauciones y que el gobierno no debería ocultar y por supuesto dejar de perseguir.
De lo que se ha informado lo que menos preocupa es Eduardo Preve y su impecable labor profesional y lo que más preocupa son los “indicios”, máxime que los servicios de Inteligencia han sido tan inútiles para detectar cargamentos de cocaína en contenedores, mafiosos en la torre Ejecutiva y narcotraficantes indocumentados en una cárcel de Emiratos Árabes.
Tal vez uno de esos “indicios” es la incautación de poderosas armas automáticas en una intervención casual que realizó la policía la pasada semana, tal vez otro “indicio” sea que mes a mes se repiten decenas y decenas de homicidios que superan cada mes los meses anteriores, otro indicio es que la Policía consulta con el FBI acciones para combatir los homicidios o que pide a gritos la instalación de una oficina de la DEA en Montevideo.
Otro es el reciente video en que funcionarios de la Armada, de uniforme, descargan cajas de un vehículo militar y los cargan en un vehículo particular.
Otro “indicio”, tal vez es el más relevante, es la presencia del “Clan Cartes” en Uruguay, la que ha sido denunciada en la prensa y que incluso justificó un editorial del semanario La Mañana en el que, probablemente escrito por la pluma del profesor Hugo Manini Ríos, se llama la atención de sus probables conexiones de esta red de tráfico de drogas y contrabando de cigarrillos, en el fútbol, la política y los medios de comunicación.
Si alguien se siente aludido que levante la mano.
Quiero suponer que entre los “indicios” no se cuentan las provocativas declaraciones del oficial de contrainteligencia Eduardo Ferro en un reportaje que curiosamente le hiciera hace unos días El Observador, en el cual el militar enjuiciado por numerosos crímenes de la dictadura sugiere que el Partido Comunista tiene un aparato armado con capacidad de actuar.
En fin, cuando los servicios de inteligencia dejan de cumplir su función de asesorar al Poder Ejecutivo para adoptar decisiones inteligentes y empiezan a intervenir en la política y en la prensa, buscar ilegalidades en los legisladores o pretender intervenir en las decisiones editoriales de los medios y los periodistas o hacerse eco de las provocaciones de los agentes de la dictadura, vamos por un mal camino, sucio, oscuro y peligroso.
La prensa debe ser libre de informar de todo lo que se entera y debe priorizar lo que es de interés público, particularmente lo que alguien en algún lado quiere ocultar.
El Estado debe adoptar las precauciones suficientes para que lo que se propone mantener en reserva lo siga estando mientras la ley lo protege.
Lo que escapa a su control y cae en las manos de la prensa deja de estar en reserva y queda protegido por la libertad de prensa, que solo se puede limitar cuando las normas invocan el interés público y la intimidad y la honorabilidad de las personas.
La libertad de prensa no es un privilegio de los periodistas, sino un derecho de la población.
Se trata de un derecho constitucional y está garantizado por las convenciones internacionales que nuestro país ha refrendado y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Particularmente, cuando se trata de información política relevante y de interés público no puede ser limitado y en este caso mucho más cuando se informa de la posible existencia de organizaciones que atentarían contra la democracia, la paz y nuestro bienestar.
Las amenazas contra los periodistas y su judicialización no hacen más que contribuir a degradar nuestra democracia y a enlodar el prestigio internacional de nuestro país como una sociedad respetuosa de las libertades, tolerante y deseable.
No quiero terminar esta nota sin decir que no creo que el director de Inteligencia pueda dar órdenes al mando policial saltando al ministro del Interior.
De pronto me equivoco, pero como ya tengo visto que un patovica del presidente que parecía un gordo trucho le daba órdenes con una tarjetita a mandos policiales y de Relaciones Exteriores y que su esquema delictivo tenía ramificaciones en los consulados de Rusia, Viena, Chile, Colombia y tutti cuanti, y el presidente y el señor X no sabían nada, me parece que deberían respetarse las líneas de mando para que cuando ocurran las tragedias no tengan que hacerse todos los boludos con cara de yo no fui.