Teléfonos pinchados

Desde que Heber es ministro del Interior, se ha demostrado inteligencia ilegal sobre el exdirector nacional de Policía, Mario Layera, sobre la exesposa del presidente, Lorena Ponce de León, sobre los senadores Mario Bergara y Charles Carrera, sobre el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, sobre estudiantes y docentes del Liceo 41 y sobre víctimas del exsenador Gustavo Penadés. Esta lista de espiados solo alcanza los trascendidos y confirmados, pero cualquiera se da cuenta de que el número de operaciones ilegales supera a las detectadas, toda vez que cabe esperar que otras pesquisas non sanctas llevadas adelante probablemente por funcionarios de fuerzas policiales no se conozcan todavía.

En un gobierno donde campea la corrupción y el revanchismo, nadie puede confiar. Cuando el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, dice que no puede asegurar que su teléfono no esté pinchado, dice algo que en voz baja sospecha mucha gente: que toda figura pública opositora, periodista crítico o persona de interés del gobierno puede estar siendo objeto de escuchas o espionaje. El gobierno puede tratar de ridiculizar la sospecha mediante chicanas burlonas de sus voceros, pero la sospecha no la levanta nadie, porque los antecedentes son demasiados y demasiado recientes, sin contar que ya está probada la existencia de espionaje a políticos, sindicalistas y gente en general durante décadas tras el retorno de la democracia.

El Frente Amplio se apresta a interpelar al ministro nuevamente. Podría hacerlo por cualquiera de las competencias de su ministerio, donde todo da mal. Los números de delitos, sobre todo los más brutales, se han disparado, y la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los uruguayos. Pero el motivo de la nueva citación es la confirmación de que funcionó una estructura compleja para favorecer a Penadés, que terminó imputado por 22 delitos aberrantes que incluyen múltiples delitos de explotación de menores y hasta un delito de violación, estructura que se ocupó de identificar denunciantes, amedrentarlos y hasta hacer aprietes en la casa de la fiscal del caso.

Es un misterio por qué el presidente insiste en mantenerlo en su cargo. Esa actitud obstinada de sostener al ministro con peor imagen, cuya gestión es indefendible en todos los planos y para todos los integrantes del oficialismo, despierta todavía más sospechas. Es una persistencia antipolítica, como antipolítica fue su desmesura para defender a Astesiano, a Penadés y a Albisu. El presidente los defendió como si en ello se le fuera la vida y lo hizo pese a tener plena conciencia de que la defensa era un disparate. A veces da la sensación de que lo tuvieran condicionado, porque aunque nunca ha dado muestra de gran luminosidad, nadie lo tiene por otario.

Heber debe renunciar o el presidente lo debe destituir. Pero eso es solamente el primer paso de los necesarios para restaurar la confianza en el Estado. Además, es indispensable que la Justicia llegue a fondo con los casos de espionaje ya determinados. En todos los casos hay que saber quién dio la orden, si fueron empresas o políticos, si fue Astesiano o si fue el propio presidente. Hay que saber el origen de la orden y hay que identificar a sus ejecutores, y todos y cada uno deben pagar por su conducta delictiva; la ley con todo su peso debe caer sobre ellos, sin impunidad, sin medias tintas. Aunque el señalado termine siendo Penadés, Heber o Luis. No puede importar nada más que hacer cumplir la ley ante la que somos todos iguales, desde el último de los desahuciados hasta el más poderoso de los hombres.

Si eso no eso alcanza, la credibilidad de las instituciones se arrastra por el suelo y la democracia se revela una farsa.