El año que vivimos en conflicto

Este año, tal vez por primera vez en mucho tiempo, el conflicto de la enseñanza concitó la atención de casi todos los sectores de la sociedad y desató una polémica que fue mucho más allá de los actores involucrados. Con una declaración de esencialidad de por medio, el diferendo tuvo sus momentos culminantes en las multitudinarias manifestaciones de docentes y en el desalojo de la sede del Consejo Directivo Central (Codicen). Los hechos comenzaron a desarrollarse casi enseguida de asumir el gobierno de Tabaré Vázquez, el que llegó con la promesa de otorgar 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación. El 27 de mayo los gremios docentes realizaron un paro reclamando mejoras salariales y la participación en la discusión del Presupuesto Quinquenal para el sector. Denunciaron, incluso, que el Poder Ejecutivo ya tenía el proyecto elaborado, y llegaron más lejos al señalar que lo que se pretendía por parte de las autoridades era dejarlos al margen de la discusión.

Por esos días, los ministerios de Economía y Finanzas y Educación y Cultura, junto a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), trabajaban en los primeros borradores del presupuesto. No obstante, el panorama era confuso para los sindicatos, como lo marcó a Caras y Caretas el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), José Olivera, quién señaló que “hay mucha incertidumbre porque no hay un anuncio formal en los ámbitos de negociación por parte del Poder Ejecutivo; hemos tenido reuniones en el Consejo Superior de Negociación Colectiva y en ellas el gobierno ha planteado que no tiene ningún tipo de lineamiento, y en materia presupuestal, igual. Tampoco en materia salarial, que es un componente muy importante. […] Hasta ahora no tenemos ningún planteo en ningún ámbito, y esto preocupa por los plazos, porque aunque la Constitución marca que tanto el Poder Ejecutivo como los organismos con autonomía, como la ANEP o la Udelar, tienen plazo hasta el 31 de agosto, para nosotros es importante tener una definición en estos momentos, porque obviamente los plazos se acortan y apostamos a un proceso de discusión presupuestal que en algún sentido sea diferente en formato y método a los de 2005 y 2010. Apostamos a que se den los ámbitos de negociación como marca la ley, hay que discutir estas cosas con los organismos correspondientes”, precisó.

En este sentido, Olivera resaltó que la situación los llevaba a movilizarse en ese momento porque para los trabajadores de la educación es complejo tramitar sus demandas durante el período de vacaciones, que comenzaba el 29 de junio. Los sindicatos entendían que había dos mecanismos para obtener las mejoras reclamadas: la negociación y la movilización. “Apostamos fuertemente a la negociación colectiva, la reclamamos y la defendemos”. No obstante, “si los caminos de negociación no funcionan como deben funcionar, si no se reúnen, si la contraparte no trae una propuesta y los tiempos se agotan, los sindicatos van a apelar a la movilización”. Y la movilización se impuso.

Ya a mediados de junio el clima de movilización estaba ganando a todos los sectores de la enseñanza, con más énfasis en Secundaria: los liceos fueron ocupados en reiteradas oportunidades por los docentes. En algunos casos aislados se plegaron grupos de estudiantes. La negociación se llevó adelante en dos planos: por un lado, con las autoridades educativas y el equipo económico por el Presupuesto, que contiene elementos que van más allá del salario, y por otro con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para definir los aspectos puramente salariales. El Poder Ejecutivo había dejado claro que las mejoras se extenderían hasta 2017, año en el que se volverían a discutir los objetivos del Presupuesto una vez que, en opinión el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mejorara la situación económica en el país y la región.

En este marco, la asamblea de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) aprobó el inicio de una huelga en Montevideo, pero sin fecha de comienzo. Por esos días el MTSS presentó una propuesta salarial que precisaba, en su artículo 1º, que el convenio tendría “vigencia desde la firma del mismo y hasta el 31 de diciembre de 2017”.

El artículo 4º decía: “Los firmantes de este convenio acuerdan que, durante el período 2016-2017, los salarios correspondientes a los actuales funcionarios de la ANEP se incrementarán en términos reales con la intención de:

– Alcanzar en el año 2020 un salario nominal como mínimo de 25.000 pesos a precios de enero de 2015 para los funcionarios docentes (incluye compensación por aula o titulación a valores actuales) grado uno, con una carga horaria de trabajo de 20 horas semanales, manteniendo la variación entre grados correspondiente a la escala salarial del docente segundo ciclo Tiempo Extendido.

– Alcanzar en el año 2020 un salario nominal como mínimo de 23.455 pesos a precios de enero de 2015 para los funcionarios no docentes, grado uno, con una carga horaria de trabajo de 40 horas semanales, manteniendo la actual variación entre grados.

– Incrementar el salario real de los inspectores, directores y subdirectores en un mínimo de 17,10% en el periodo 2016-2020.

La propuesta no conformó a los gremios, que respondieron con su propia iniciativa, la que contemplaba un salario base de $ 30.000 por 20 horas, jubilaciones no menores a la media canasta básica, creación de cargos para docencia indirecta, equipos multidisciplinarios, porterías, auxiliares de servicio y administrativos, construcción de 60 nuevos edificios liceales, “defensa irrestricta del carácter público estatal de la educación” y políticas educativas integrales.

ADES dio vía libre a la huelga, que comenzó el 21 de agosto, alcanzando a todos los liceos de la capital.

Además exigían al Codicen y al Poder Ejecutivo que informaran “a la brevedad acerca del contenido de sus mensajes presupuestales, especialmente en lo relativo a políticas educativas, construcción y reparación de edificios, creación de cargos y salarios”.

Por su parte, ADES dio vía libre a la huelga, que comenzó el 21 de agosto, alcanzando a todos los liceos de la capital. La medida fue paralela a una serie de paros en las escuelas y en UTU, tanto en Montevideo como a nivel nacional. El 24, el Poder Ejecutivo aprobó la esencialidad de los servicios educativos mediante un decreto, firmado por el presidente Tabaré Vázquez y el Consejo de Ministros, que establecía “la protección de los derechos fundamentales que puedan verse comprometidos por el ejercicio del derecho de huelga”, la que está prevista en una serie de normas que ha juicio del Ejecutivo “facultan al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a disponer medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios que han de considerarse esenciales”.

Agregaba el decreto que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo considera servicio esencial «el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares», admitiéndose asimismo la pertinencia de la declaración de esencialidad en casos de conflictos de larga duración en el sector de la educación.

El presidente de la central obrera, Fernando Pereira, dijo que el decreto de esencialidad era un «ataque a la libertad y a un derecho humano que es el derecho de huelga».

La reacción no se hizo esperar y las calles de Montevideo fueron testigos de multitudinarias movilizaciones contra el decreto y por el presupuesto de la enseñanza, como hacía muchos años no se veían. Lejos de aislar a la dirigencia sindical, el decreto terminó por lanzar a la lucha a sectores docentes y no docentes: desde asambleas de miles de maestros a marchas de decenas de miles de personas, convocadas tanto por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza (CSEU) como por el Pit-Cnt y la Federación de Estudiantes de Secundaria del Uruguay. Estas movilizaciones tuvieron su punto culminante en el abrazo de túnicas al Palacio Legislativo y el paro general del 27 de agosto en rechazo a la esencialidad.

El presidente de la central obrera, Fernando Pereira, dijo que el decreto de esencialidad era un «ataque a la libertad y a un derecho humano que es el derecho de huelga». Consideró que la esencialidad apuntaba a dar «un escarmiento al movimiento sindical».

Tras este tire y afloje, los sindicatos levantaron la huelga y el Poder Ejecutivo la esencialidad, y volvieron a sentarse a la mesa de negociación, donde un equipo liderado por el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, trataba incansablemente de afinar una propuesta que conformara a las partes. Sin embargo, el conflicto todavía daría una sorpresa: un grupo de estudiantes ocupó, a principios de setiembre, la sede del Consejo Directivo Central (Codicen), en avenida Libertador y Colonia. Los ocupantes fueron desalojados el martes 22 de setiembre en medio de violentos enfrentamientos en los que se destacaron militantes de la organización Plenaria Memoria y Justicia y del sindicato del taxi.

Una vez levantada la esencialidad, en un gesto de acercamiento por parte del gobierno, refrendado por el Consejo de Ministros, los profesores de Montevideo decidieron proseguir con la huelga, porque juzgaron que aunque se había conseguido el objetivo de dejar sin efecto la medida, no se habían producido avances en lo relativo a los reclamos salariales. “Seguimos con la misma propuesta presentada el 21 (de agosto) por el gobierno”, dijeron entonces a Caras y Caretas varios dirigentes de la Asociación de Docentes de Secundaria (ADES). Los maestros, por su parte, decidieron volver a las aulas, pero manteniendo el conflicto con otras medidas. El hilo conductor de las discusiones en las asambleas fue el rechazo a la propuesta del Ejecutivo y el reclamo de más recursos.

Posteriormente, a fines de noviembre, la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) aprobó un convenio salarial al que se resistieron Fenapes y Afutu. No obstante, los profesores terminaron por aceptar el convenio y ambos gremios firmaron el acuerdo con el Poder Ejecutivo y la Anep el lunes 21 de diciembre. Afutu, donde la situación era más complicada, decidió firmar recién el 23. Firmado el acuerdo se disipó la tensión, al menos por ahora.

En 2016 habrá Rendición de Cuentas y ya los dirigentes de los sindicatos de Secundaria anunciaron que habrá medidas para reclamar mejoras salariales. Eso se suma al rechazo al nuevo sistema de elección de horas, una situación que promete un accidentado comienzo de los cursos.