El Banco República lanzó en los últimos días un llamado externo para el ingreso de personal, con plazo de inscripción hasta el 3 de julio. La presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Lorena Lavecchia, lo juzgó positivo ya que «ingresará personal y queda un concurso hecho con una lista de prelación a dos años».
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Más allá de estos aspectos, Lavecchia precisó a Camacuá y Reconquista que solamente se cubrirá un tercio de las vacantes generadas en el BROU, por ello este llamado es «insuficiente» y «ampliamente negativo».
También criticó la dirigente «la modalidad del concurso», más allá de reconocer algún punto favorable como el hecho de que no se exija un límite máximo de edad. En cambio, «no se ve positivo para el sindicato que haya una preselección por escolaridad, dado que es un requisito «ampliamente discriminatorio». Lavecchia deploró también «que se valore algunas carreras por encima de otras», como por ejemplo la licenciatura en Marketing.
La no reposición de vacantes no es un hecho aislado, sino que se están dando otras situaciones preocupantes en los demás bancos oficiales, sujetos todos ellos a una misma política: «Lo cierto es que se continúan eliminando vacantes en el Hospital del Banco de Seguros, escalafones enteros en el Banco República (Servicios Auxiliares), lo que obviamente se sustituye por trabajadores precarios de empresas privadas tercerizadas y -en muchos casos- ni siquiera aportando lo que deberían por el giro de la empresa. Se toman como promociones situaciones que en realidad son sustitución de tareas genuinas de trabajadores». Todo un panorama que excede largamente a los bancos del Estado.
Por todo ello declaró: «Seguiremos en conjunto con otros entes intentando modificar estas directivas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto».
Como antecedente de esta situación debe recordarse que el Banco República en 2019 adelantó las vacantes de 2020 y organizó un concurso que alcanzó a 500 funcionarios y se fue efectuando una renovación de personal para compensar parcialmente las numerosas jubilaciones registradas, pero siempre sin cubrir las verdaderas necesidades de personal de la institución. Luego, en 2020, la eliminación establecida por la Ley de Urgente Consideración de las dos terceras partes de las vacantes constituyó una restricción mucho más severa que se sumó a las limitaciones anteriormente existentes, y por lo tanto estrechó el margen de negociación del sindicato.
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