El inquisidor, el inquisidor…

Aquí no hubo siquiera una advertencia cuando, hace poco más de 60 días, Pedro Bordaberry cargó con el peso del garrote, asumiendo la ilegítima y brutal responsabilidad de ser el interventor de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

La AUF, que es la entidad rectora del fútbol uruguayo, y que hoy está intervenida por la FIFA -o la Conmebol indistintamente-, tiene 118 años y es fundadora de la Conmebol y triunfadora en la primera Copa del Mundo.

En ese lapso de más de un siglo, el fútbol uruguayo ganó dos Juegos Olímpicos, dos torneos mundiales y 30 Copas Sudamericanas.

También obtuvo decenas de premiaciones a nivel juvenil y sus dos entidades principales Peñarol y Nacional obtuvieron 6 copas mundiales y 8 Libertadores de América.

El palmarés de la AUF es poco menos que inigualable y, mucho más aún, si consideramos que se trata de un pequeño país de, poco más o menos, 3.500.000 habitantes.

Una curiosidad que demuestra que hay detalles que hablan de comportamientos y actitudes verdaderamente destacables es que el expresidente de la AUF, Sebastián Bauzá, fue el único presidente de todo el continente a quien no se implicó en el entramado de coimas que llevaron a la cárcel a casi todos los dirigentes del fútbol sudamericano, y la controvertida empresa Tenfield, que posee los derechos de televisación del fútbol uruguayo y de Ecuador, Perú y Venezuela, fue la única empresa de estas características que tampoco se vio complicada por las investigaciones que llevaron adelante la Justicia de los Estados Unidos, la de Suiza y también la Justicia uruguaya.

Es más, la primera denuncia contra Arturo Figueredo y las autoridades corruptas de la Conmebol, la hicieron un grupo de clubes de primera división del fútbol profesional uruguayo, acompañados por las autoridades de la Mutual de Jugadores Profesionales, uno de los gremios de los que hoy se llaman “grupos de interés” y que curiosamente también fue intervenida el año pasado y sus autoridades desplazadas y luego sustituidas por una elección convocada por una intervención “normalizadora”.

¿Qué ha pasado para que estallara el caos, qué sucedió para que ocurriera semejante tsunami y tuviera como consecuencia una suerte de golpe de Estado, del que resultaría un interventor cuya familia se ha especializado en alcanzar posiciones de poder mediante la interrupción de la línea blanca de la legalidad por la línea negra de la usurpación de la ley.

Pedro Bordaberry, el interventor, no ha caído en la AUF como un rayo en un cielo sereno. Bordaberry es de una estirpe peligrosa. Es hijo del dictador uruguayo Juan María Bordaberry, quien dio un golpe de Estado en 1973 y fue condenado por muchos delitos, entre ellos el de homicidio especialmente agravado, por sus responsabilidades en violaciones que fueron calificadas por los jueces competentes y la propia Suprema Corte de Justicia como de lesa humanidad. Su familia estuvo fuertemente vinculada a la dictadura paraguaya de Alfredo Stroessner, posee fuertes inversiones agrícolas ganaderas en Paraguay y su hermano Martín Bordaberry está casado con Sarah Cartes, hermana y socia en el holding Cartes del expresidente de Paraguay Horacio Cartes y con lazos comerciales muy fuertes con Alejandro Domínguez, el actual presidente de la Conmebol y continuador de la gestión de los anteriores directivos, quienes han sido condenados en diversos tribunales por coimas que recibieron de las empresas que, como FOX, Torneos y Competencias y Traffic, tenían los derechos de televisación de los certámenes continentales y aún continúan teniéndolos pese a haberse demostrado sus acciones ilegales y condenado y encarcelado a sus principales directivos.

¿Qué ocurrió para que una organización tan prestigiosa como la AUF, y cuyas normas reglamentarias han resistido 120 años sin grandes fracturas y sin grandes intervenciones de la política, haya sido intervenida, sin que mediara siquiera una advertencia, por FIFA y Conmebol, cuyos principales directivos han sido condenados en varios países y los actuales dirigentes Alejandro Domínguez y Gianni Infantino aún hoy tienen causas penales que se investigan? Ni siquiera en la dictadura militar que gobernó en Uruguay durante los años 1973 a 1984, una dictadura especialmente totalitaria en donde aún en asociaciones civiles de menor entidad había que informar a las autoridades policiales y militares los integrantes de las listas que se presentaban a elecciones para integrar sus organismos directivos, las autoridades se atrevieron a intervenir en la AUF y los clubes de fútbol profesionales.

Las causas en esta ocasión son probablemente múltiples, aunque las más importantes parecen haber sido cuatro: la primera, la decisión del presidente Wilmar Valdez de no postularse a la reelección, una vez que se conoció la existencia de una serie de grabaciones clandestinas que arrojarían dudas sobre su ética y sobre la transparencia que deberían regir las conductas de él y otros miembros de la Mesa Ejecutiva de la AUF.

La segunda, la creciente influencia de un “grupo de interés” conformado con algunos jugadores de la selección uruguaya y otros exjugadores, con acceso directo a las autoridades de la FIFA y la Conmebol, quienes se propusieron obtener posiciones más gravitantes en la conducción del fútbol, naturalmente con el propósito de obtener un pedazo más importante de la torta, en detrimento de los recursos que hoy reciben los clubes profesionales y la empresa que posee hasta el año 2025 los derechos de televisación del fútbol uruguayo.

La tercera, las caóticas circunstancias que rodearon la elección de las autoridades de la AUF, las cuales resultaban muy tormentosas y que hacían peligrar el control que Conmebol y FIFA tienen de todos los presidentes de América y que tenían de Wilmar Valdez, el que hoy no puede evitar que se sepa que cobraba con ocultamiento un voluminoso sueldo de los organismos internacionales para oficiar de embajador de ellos en la AUF.

La cuarta es la consideración del nuevo estatuto que impondría la FIFA, en que los jugadores y otros grupos de interés pretendían disputar la mayoría en los órganos de la dirección de la AUF a los clubes de fútbol profesional y para cuyo trámite de aprobación la AUF había obtenido un plazo hasta el dos de diciembre, plazo que aparecía como probable que se cumpliera.

No vale la pena adentrarse en la información de las infinitas reuniones, llamadas telefónicas, bombardeos de Whatsapp con robots contratados en el exterior para desprestigiar a los rivales entre los candidatos a presidir la AUF. La trama es escandalosa, sin embargo, en semejante chanchullo se destaca la participación del periodista deportivo de la empresa FOX Julio Ríos, quien no sólo operaba por uno de los candidatos, Arturo Del Campo, sino que además utilizaba los medios a su disposición para, en un tono amenazante y sensacionalista, presionar la renuncia de Wilmar Valdez quien demostró, al menos, no estar a la altura de las circunstancias dejándose amedrentar con los ladridos de sus opositores. Sin pretender erigirme en juez, pero con la autoridad que me da haber seguido esta novela con dedicación y haber escuchado unos cuantos audios y leído un par de cientos de hojas escritas por diversos abogados de una y otra parte, a Julio Ríos es como para encarcelarlo. Pero vaya a saber qué va a hacer la Justicia frente a semejante pelotera que constituye una madeja interminable y de la cual no escapan al menos el candidato a presidente, Arturo del Campo, el personaje que grabó las conversaciones a Wilmar Valdez, Walter Alcántara, y el propio Valdez, que parece demostrado que recibió, al menos, una coima por las luces del Franzini.

En el marco de semejante escándalo que hoy está en manos de la Justicia competente, las probables coimas de Valdez son sólo un vientito en el medio de la tormenta. En medio del escándalo mediático local, el verdadero vendaval ocurría en Asunción del Paraguay, en donde Diego Lugano, Eduardo Ache y Alejandro Domínguez vieron la oportunidad de dar un golpe palaciego para forzar un nuevo estatuto que debilite a los clubes del fútbol profesional, asegure cierto protagonismo de Lugano y un grupo de jugadores de la selección que consideran que les llegó el momento de convertirse en dirigentes, tal vez algunos con las mejores intenciones democratizadoras de la conducción del fútbol y otros con propósitos menos generosos, sobre todo porque se les termina su exitosísima carrera futbolística y aspiran a comenzar la de empresarios que ya ganaron lo más difícil: el primer millón de dólares.

La montaña esta vez no parió un ratón. Por el contrario los golpistas aplicaron una receta tradicional. Nombraron a un senador opositor, Pedro Bordaberry, que sus propios compañeros del Partido Colorado acusaron de autoritario y que en esta ocasión ha demostrado que no le hace asco a ninguna arbitrariedad. Obviamente, con múltiples complicidades en los medios y la participación de un exjugador, Andrés Scotti, a quien nombró Diego Lugano sin consultar a la Mutual ni al movimiento “Más unidos que nunca” y un parlamentario oportunista de la mayoría lacallista del Partido Nacional, quien a varios años de haber cesado como intendente de Flores, aún debe responder a varias acusaciones de la Justicia Penal. Por suerte el Frente Amplio, que fue tentado con ofrecimientos a alguno de sus referentes, no se quiso meter en semejante fangal.

Por supuesto que, al menos Bordaberry, no parece trabajar gratis. Él mismo dice haber sido elegido por su deseo de pasar a dedicarse a la actividad privada. Con el tiempo se va a saber cuánta plata recibió Pedro Bordaberry, pero no son pocos los que dicen que habría recibido un millón de dólares por este trabajito profesional que según él resultó de una promoción en Linkedin.

La intervención se ejecutó violando toda la legalidad, porque la institución intervenida cumplía hasta ahora toda las instancias del estatuto, pues aún tenía tiempo dentro de los plazos que la propia FIFA había otorgado y porque no hay legalidad alguna en una intervención que no está amparada por los estatutos que aún hoy continúan vigentes y que han sido aprobados por el Ministerio de Cultura, quien debe vigilar su cumplimiento.

Aún no se sabe en qué se basó la asesoría jurídica de la AUF para sostener que esta intervención se ajusta a derecho.

Sin embargo, Bordaberry firmó un contrato con el cuerpo técnico de la Selección, comprometiendo el patrimonio de la AUF y sin tener las facultades legales para hacerlo. También manejó con discrecionalidad los recursos financieros, compró servicios, llamó a licitación para la venta de sus productos y, lo que es más importante, encajonó y se negó a enviar a FIFA el proyecto de estatutos que elaboraron la gran mayoría de los clubes de la Primera División, 5 clubes de la divisional B, todos los de la C y la Organización de Fútbol del Interior, estatutos que incluyen la existencia de una Liga de Fútbol Profesional que supone una oportunidad para rehacer el modelo, mejorar el producto, aumentar los ingresos y repartir mejor los beneficios.

Yamandú Costa, presidente del club Juventud de Las Piedras, quien este año consiguió regresar a la Primera División, considera que “de la ingrata e injusta intervención, surgirá una oportunidad de unir a todas las entidades profesionales para hacer un fútbol mejor y un producto de más calidad, para que todos los actores distribuyan los recursos de manera más equilibrada y el público goce de un espectáculo más gratificante”.

La idea de Bordaberry es que los llamados grupos de interés tengan la mayoría de los votos en el Congreso de la AUF, que sería el órgano en el que resida la soberanía de la institución.

La posición de casi todos los clubes profesionales, creo que también Peñarol y Nacional, es que los grupos de interés, jueces, técnicos y jugadores, el fútbol sala, el fútbol femenino, el fútbol del interior y el fútbol playa tengan una representación de hasta el 33% en el mencionado congreso.

Esta representación es similar o tal vez más amplia a la que tiene el fútbol amateur y los grupos de interés en los estatutos aprobados por la FIFA para las asociaciones de fútbol de Argentina, Paraguay y Chile.

Los clubes siguen incorporando fuerzas para aprobar su estatuto y reclaman defender ellos su posición ante la FIFA.

Sin embargo, Bordaberry intenta manejar las diferencias al margen de la FIFA y resolver su rechazo o aprobación en instancias que se diriman en Paraguay con la participación de Alejandro Domínguez y sus asesores, entre los cuales parece jugar un papel relevante Eduardo Ache, miembro de la Comisión de Gobernanza de la FIFA, propietario de negocios agropecuarios en Paraguay -lo mismo que Diego Godín y Diego Lugano-, y correligionario de Bordaberry en el sector más a la derecha del Partido Colorado, el ala pachequista.

A dos meses de la intervención, lo único que se ha avanzado en la conducción de la AUF es en la elaboración de aquellos artículos del nuevo Estatuto en los que no hay ninguna controversia y en la contratación sorpresiva del maestro Washington Tabárez que aceptó, sin objeciones, firmar con el interventor un millonario contrato hasta el próximo mundial.

Lo demás, por ahora, no es resultado de la intervención, sino mérito exclusivo de los verdaderos actores, los clubes y algunos de los “grupos de interés”, aquellos más interesados en alcanzar acuerdos que en poner obstáculos.