El largo, sinuoso y peligroso camino del Presupuesto Nacional

Seguramente, la presentación de la Rendición de Cuentas, que entró con “artículo único” -mientras se discuten críticamente los contenidos de la LUC- no pueda ni deba ser analizada de forma aislada. A nuestro entender, la Rendición pretende generar las “condiciones” necesarias para instalar un nuevo relato en torno a una supuesta “herencia maldita” y sus necesarias respuestas de política económica que por cierto no parece mostrar sus dientes en el informe económico que la sustenta; pero que sin lugar a dudas, requiere de forma imperativa,de un nuevo diseño institucional, mercantilizador y represivo como el que contiene la LUC.

Es decir, la LUC se constituye como el “brazo ejecutor” de las políticas que se pretenden llevar a cabo por parte del nuevo gobierno de coalición multicolor, que verán la luz cuando se conozca el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, que deberá ingresar al Parlamento antes del 1º de setiembre. Los Presupuestos, más allá de constituirse en una expresión contable de asignación de recursos y disposiciones sobre la actividad en el sector público y sus funcionarios, revelan de modo contundente la verdadera orientación política del gobierno de turno. En los Presupuestos Nacionales se “hace carne” lo que se prometía en la campaña (o no).

Los Presupuestos -al igual que las Rendiciones- vienen acompañados de un informe económico financiero que da cuenta de los fundamentos técnicos de las distintas medidas que son propuestas; aunque sabemos que no hay argumento técnico sin orientación política. Dicho de otro modo, las políticas buscan transformar la realidad, pero para hacerlo, primero parten de poder describirla y explicarla. El asunto es que para explicarla, se requiere de una perspectiva, una forma de concebir y comprender la realidad. De este modo, aunque esa orientación no sea explícita, podemos deducirla a partir de las decisiones de política contenidas en el proyecto presentado.

Lo concreto es que la Rendición de Cuentas llega en medio de una batalla por evitar que prospere la LUC, o que en lo posible mitigue lo máximo posible sus daños. Cabe recordar que los contenidos de la LUC han sido ampliamente rechazados, no solamente porque son considerados antipopulares o inoportunos -en el marco del Covid-19-, sino que instruyen de modo ciertamente mercantilizador, apostando a las inexistentes bondades del mercado, y se torna fuertemente represivo el accionar del Estado. Es decir, de prosperar -y todo indica que así será-, se criminalizará la protesta, dificultando la resistencia ante las medidas represivas previstas.

Está claro que la LUC reduce el peso del Estado como escudo de los débiles. Lo reduce a un agente comercial, que busca exclusivamente mejorar la gestión o la rentabilidad, dejando a un segundo plano -siempre y cuando haya margen para hacerlo- sus fines y cometidos sociales. El libre mercado (¿?) asignará y marcará las pautas de conducción y gestión. La toma de decisiones estará centralizada y, por tanto, la autonomía se verá afectada y, con ello, habrá consecuencias negativas en cuanto a participación social.

No obstante, más allá del intento en el informe económico -que acompañó el ingreso de la Rendición de Cuentas- de ocultar la verdad, para sentar las bases de ese nuevo relato que empiece a delinear “la grieta”, tuvo como resultado no poder disimular que la realidad dista mucho de esa supuesta “herencia maldita” con la que hacen gárgaras los distintos representantes del gobierno de coalición.

Sus intentos vanos apenas se reducen a una dura crítica -aunque debatible- del manejo de las finanzas públicas, pero que luego contrasta a las claras, cuando tiene como resultado de ese empeoramiento fiscal el reconocimiento -por más que se intente ocultar- de que no afectó la pobreza ni la desigualdad. Ciertamente, de acuerdo con dicho informe, nuestro país desde el año 2015 -fruto de un fuerte deterioro regional- experimentó una fuerte desaceleración de su actividad que se agudizó en los últimos años hasta llegar a una situación de cuasi estancamiento.

Sin embargo, eso no debería ser noticia, pues fue una realidad más que evidenciada, bastaba ver lo que acontecía en materia de recesión económica, primero en Brasil (uno de nuestros principales socios comerciales) y luego en Argentina (principal fuente de divisas por turismo) para comprender los posibles impactos. La noticia en realidad destacada es que, a pesar de ello, debieron reconocer que no hubo impactos en materia de indigencia, pobreza y desigualdad, como sí la registraron nuestros países vecinos.

Así pues, más allá de dar cuenta de que la economía continuó desacelerándose, lo cual explica el deterioro en el mercado de trabajo, intentan desacreditar al gobierno anterior en cuanto al manejo de las cuentas públicas,al referirse a una “trayectoria fiscal no sustentable”. No hacen más que poner negro sobre blanco el papel de las decisiones políticas y prioridades de gobierno.

Quienes tenemos presentes las proyecciones realizadas en el marco del Presupuesto Nacional 2015-2019 recordamos las aspiraciones del Poder Ejecutivo (PE) de entonces de reducir el déficit fiscal (DF) para llevarlo al cabo en los cinco años en el orden de 2,5% del Producto Interno Bruto (PIB). La cuestión es otra: qué sucede cuando factores exógenos afectan fuertemente dichas proyecciones. La pregunta del millón: ¿qué hacemos?

Funciona así: ante el deterioro de la economía, los ingresos públicos, que provienen en su enorme mayoría de la recaudación, se verían afectados. Por doble efecto, si la economía no crece, no crecen los ingresos y si estos no lo hacen, se ve afectada la capacidad de consumo; recordemos que el principal impuesto es el IVA (cerca del 50% de la recaudación total), pero también en la medida que los ingresos no aumentan, tampoco se recauda más por la vía de impuestos directos (IRPF). Es decir, la recaudación acompaña el ritmo de la economía, es procíclica.

La pregunta que subyace ,dijimos, es, teniendo un Presupuesto Nacional en que más del 80% es gasto público social, y los ingresos que se esperaban tener por concepto de recaudación caen, imposibilitando su financiamiento, o lo que es peor, su ejecución: ¿qué decisión tomar? Las alternativas son pocas, o bien recortamos el gasto, o bien procuramos mejorar los ingresos.

Se optó por llevar adelante un conjunto de medidas denominadas de consolidación fiscal, o dicho de otro modo, un ajuste fiscal -criticado fuertemente, por cierto- que implicó, como es lógico, modificaciones en el diseño tributario, de manera tal de no impactar sobre las decisiones de gasto, o lo que es más importante, de modo tal que al tratarse de políticas públicas de fuerte impacto social, no tener consecuencias negativas sobre el bienestar de los hogares y las personas.

En efecto, un ajuste fiscal que mejore la recaudación -en lugar de un recorte del gasto- busca mantener los niveles de calidad de vida de quienes más lo requieren, de los sectores vulnerables y menos protegidos. Se trata de impedir que la pobreza y la indigencia aumenten o que la capacidad de compra de los ingresos caiga. Por supuesto que asumir tal desafío de política económica supone, posiblemente, un empeoramiento de las cuentas fiscales.

Algo similar podría suceder ahora. Que todo dependa de las decisiones políticas que se tomen. Es razonable que en el marco de una pandemia en que el distanciamiento social es la medida eficaz para la contención de la propagación del virus, se enlentezca la actividad económica; ello implicaría -siempre que se busque no afectar la calidad de vida de las personas- destinar mayores recursos públicos a la implementación de transferencias -como una renta básica universal- o la extensión de los seguros por desempleo; un mayor nivel de déficit fiscal. Nuevamente, dependerá de las decisiones políticas que se tomen.

Lo cierto es que durante todas las administraciones pasadas, con crecimiento económico, pero también con fuerte desaceleración de la actividad, no fueron afectados ni el poder de compra de los salarios y las jubilaciones y pensiones, como así tampoco aumentaron la pobreza ni la indigencia. Por el contrario, en esos 15 años de gobierno de izquierda, la pobreza cayó como nunca antes -pasando de más de 32% a menos de 8%-. Ese fue el sello del gobierno del Frente Amplio, mejorar en términos distributivos: crecer y repartir.

De modo que a pesar del relato que se intenta instalar, no hay forma de no admitir que la pobreza no aumentó de manera estadísticamente significativa, a pesar del empeoramiento de la economía y del mercado de trabajo. Es más, se constata que un fundamento del deterioro de las cuentas públicas y la agudización del DF -el cual señalamos es importante, pero no alarmante, en tanto corregido por el ciclo económico, y dada la solidez financiera que cuenta nuestro país, es más que sustentable- es haber mantenido, por una decisión política, la red de protección de los más necesitados.

El presidente Lacalle Pou ha sido claro a la hora de fijar un rumbo: en aras de reducir a toda costa el DF, se impulsa desde la LUC una regla fiscal que recorte el gasto y limite las políticas sociales; también propone pautas salariales de rebaja -pérdida de salario real- que ya se han “cobrado” miles de personas nuevas bajo la línea de pobreza. En consonancia, desde el MEF se insiste en priorizar la reducción del DF, aun en un contexto mundial de pandemia, en el que, si bien las medidas llevadas adelante van en la dirección correcta, son insuficientes y no reducen la vulnerabilidad. Se logra evitar la crisis sanitaria, pero no la social.

El costo social de priorizar el desempeño económico no se puede medir en términos del PIB. Son miles de hombres y mujeres que no cuentan con un ingreso suficiente para subsistir.

Son miles de hombres y mujeres que verán caer su salario. Son miles de hombres y mujeres que no podrán retornar a sus lugares de trabajo porque se prioriza el capital.