El Poder Judicial continúa haciendo agua

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirtha Morales, no tardó en saltar sin ocultar su indignación y exigió al ministro que se hiciera responsable de sus dichos, señalando que los fiscales acusan e imputan cuando tienen pruebas y las pruebas las consigue la Policía, con lo cual, si no hay pruebas de rapiña y pueden imputar un hurto, lo hacen.

La excusa de los fiscales no parece mantener coherencia con las limitaciones que el nuevo Código del Proceso Penal pone a los policías, como la prohibición de interrogar. La Policía es colaboradora de la Justicia; pero es esta la que debe ordenar determinadas pericias e investigaciones. Aún persiste en nuestras retinas el caso ocurrido hace unos pocos años cuando pudimos ver en un video cómo varios delincuentes atacaban a un veterano en la vía pública, lo golpeaban, lo tiraban al piso y le sacaban su dinero. Para cualquier persona normal eso fue una rapiña sin lugar a discusión, pero a uno de los criminales se le tipificó coautoría de hurto porque fue para eso que lo habían convocado y no para una rapiña.

En 2018, más que indignación, provocó asombro lo resuelto para el Negro Núñez. Cuando asesinaron a Lalo Algorta (narcotraficante líder de una banda rival), Miguel Núñez lo celebró con sus cómplices disparando al aire su arma de fuego en el 40 Semanas, filmando su hazaña. El video, obviamente, se viralizó y él desapareció del mapa. Sólo por estúpido merecería 30 años de penitenciaría. Tras una búsqueda de meses, la Policía logró detenerlo con el consecuente peligro de muerte para los captores.

Este peligroso criminal mononeuronal había salido de la cárcel en 2012; pero, pese a ello, tras un juicio abreviado, fue condenado por tráfico interno de armas en calidad de receptación y disparo de arma de fuego. En la audiencia se negoció la sustitución de prisión por libertad vigilada durante 18 meses. Usted se preguntará qué pasó con sus antecedentes penales. Bien, gracias. Se le exigió fijar domicilio y se dispuso la devolución de las pertenencias que le fueron incautadas en el auto que manejaba. El vehículo, por supuesto, no era de él.

El nuevo Código del Proceso Penal (que aplaudo en líneas generales) está también plagado de beneficios para los delincuentes; pero, aun sin él, muchos fiscales y jueces ya parecían complotados para dar por tierra con los esfuerzos del Ministerio del Interior por combatir el crimen.

Es increíble que cuando un delincuente rompe voluntariamente una tobillera electrónica, la decisión, la única decisión, sea pedirle al ministerio que la sustituya. Tal como dice Bonomi: “Esa persona tiene que ir a prisión porque está violando la oportunidad que se le dio de quedar en libertad”.

Los policías arriesgan sus vidas todos los días para cosas y casos como este. Si no se sienten más frustrados es porque se lo impide su vocación por el servicio.

Ahora, andá a explicar a los votantes la independencia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Para el ciudadano común, es el primero el que beneficia a los delincuentes. No pedimos mano dura; pedimos mano justa. No pedimos represión como única medida; pedimos prevención, represión (sería de idiotas no aplicarla cuando se debe) y más esfuerzos en los planes de rehabilitación. Creo en lo último; pero también habrá que dejar el lirismo de lado y aceptar que muchos delincuentes no tienen interés en cambiar de vida. Mientras lidiamos con ese dilema, protejamos a la gente honesta.

Todos sabemos que la cárcel no reeduca a nadie, sino que, generalmente, lo empeora; pero eso no quiere decir que no debamos proteger a la sociedad. El encierro debe aplicarse para insertar al recluso en un programa de rehabilitación, pero también, en primera instancia, para proteger a sus semejantes de sus acciones.

Escándalos recientes

A mediados de marzo, un hombre de 55 años fue imputado de violar a una joven chilena de 21 años tras amenazarla de muerte. El juez dispuso prisión domiciliaria por 90 días y sólo de 20.00 a 06.00 por considerarlo primario. No sé quién es más peligroso para nuestra sociedad, si el violador o un incapaz insensible que con su inacción lo protege. Por lo menos, el fiscal Fernando Valerio está apelando esta decisión aberrante, lo que demuestra que no todos son iguales.

Ahora, esto ocurre cuando aún no termina el escándalo de la condena a un acusado de receptación de hacer 100 tortas fritas para pagar por su delito ni cuando aún recordamos claramente el caso de un delincuente cuya condena fue aplazada porque se iba de vacaciones a Valizas.

Estoy convencido de que la mayoría de los jueces y fiscales tienen integridad, coraje y capacidad; pero las actuaciones de unos pocos empañan la imagen de todos de manera injusta. También empaña dicha imagen la soberbia de la Asociación de Fiscales, que lejos de esbozar la menor autocrítica, prefiere criticar a Bonomi.

Y si quieren más, tengo más. En septiembre de 2016,Carlos De Los Santos, de 36 años, agredió a una niña de siete años -de su familia- en Paysandú. Hacía una semana que estaba libre. En 2014 había abusado de un niño en Nueva Palmira. 2014. ¡¿Qué hacía libre menos de dos años después de haber arruinado la vida a un niño y a toda su familia?! No se trata de la benignidad de las leyes, sino del mal criterio que algunos fiscales y jueces tienen al momento de aplicarlas.

Estas decisiones judiciales siembran en los delincuentes la impresión de que en Uruguay “no pasa nada”; puedes robar, matar y violar, que lo peor a enfrentar será unos meses en tu casa mirando televisión.

Incluso, hasta de eso podrás zafar si sabes hacer tortas fritas.

Menos soberbia, más responsabilidad, más coherencia y un poco de autocrítica; creo que eso es todo lo que la gente espera del Poder Judicial.