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SOBRINO DEL INTENDENTE ANTÍA ORGANIZÓ LA MOVILIZACIÓN

El que no llora, no mama

Las manifestaciones de los tamberos, motivadas por el aumento de tarifas y el atraso en los pagos de Venezuela, instalaron la polémica entre el gobierno y la oposición. El oficialismo asegura que se trató de una estratagema organizada, en especial, por el Partido Nacional. Lacalle Pou aseguró que nada tenía que ver, pero que apoyaba cien por ciento la protesta.

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El martes 19, en once puntos del país, productores rurales se manifestaron en contra del aumento de las tarifas públicas, la suba de precio de los combustibles y en reclamo del pago correspondiente a los productos lácteos vendidos a Venezuela. Los tamberos de Durazno, Cerro Largo, Río Negro, Rivera, San José, Canelones, Maldonado y Florida se concentraron en las rutas nacionales a partir de las 10 de la mañana. En algunos puntos cortaron las rutas, en otros repartieron volantes o simplemente se concentraron a leer proclamas. La consigna fue “El campo se pone de pie”. La medida fue impulsada en las redes sociales por Marcos Algorta Antía, sobrino del intendente de Maldonado.

Algorta Antía es un productor lechero del departamento de San José que maneja un tambo de 60 hectáreas, en Rodríguez, con 120 vacas en ordeñe. En una nota publicada por El Observador, el tambero aseguraba que en los últimos diez años (o sea, en los dos gobiernos del Frente Amplio) abandonaron su actividad unos 15 mil productores y dejaron de vivir en el campo unas 80 mil personas.

El martes, en declaraciones a Radio Uruguay, decía: “Nos parece una tomadura de pelo la suba de las tarifas y la situación de los negocios con Venezuela. Del gobierno nadie nos llamó. Sólo salieron legisladores a dar palo y a decir que es un movimiento político. Esperemos que entren en razón”.

Ese día los manifestantes cortaron la Ruta 1 en el kilómetro 45. Decenas de tractores y camiones y unas 350 personas se concentraron en la localidad de Libertad, departamento de San José. En la proclama, leída por el propio Algorta Antía, se dijo que el campo necesita respuestas urgentes. “¿Qué esperan para tomar medidas?», se preguntó el productor, y auguró que el impacto va a ser “nefasto si siguen de brazos cruzados”.

Según los productores, el precio de la leche cayó 45 por ciento en un año y los costos aumentaron. “Vale más caro un flete de Montevideo a Salto que uno de Montevideo a China”, dijo el convocante a la movilización.

En Florida cerca de 200 personas se concentraron frente a la Usina Nº7 de Conaprole, ubicada en la Ruta 5, en el kilómetro 102,5. Arturo Pardié, uno de los productores convocantes, dijo que se trató de un movimiento “apolítico y agremial”, términos que se repitieron en la semana.

“Somos productores y nos autoconvocamos por el boca a boca y por las redes sociales”, dijo el productor Víctor Salas. En tanto, en Cerro Largo, el Centro Comercial e Industrial se adhirió y se movilizó en la Ruta 26, frente al local de la Sociedad Agropecuaria.

Según los manifestantes, el gobierno de Venezuela adeuda 85 millones de dólares al sector lácteo y 7 millones a los fasoneros de pollo. Culpan además al gobierno uruguayo por no evitar el retraso, y reclaman que “el Estado se apriete el cinturón para aflojar el de la ciudadanía”.

El aumento en la tarifa eléctrica afecta a los tamberos por el incremento en los costos asociados al uso de la maquinaria de ordeñe y el tanque de frío, mientras que los fasoneros ven afectado el proceso de incubación de los pollos.

Desde el Frente Amplio aseguran que la movilización tuvo tintes políticos.

El senador socialista Yerú Pardiñas dijo que no tiene dudas de que los sectores que protestaron durante la semana respondían al Partido Nacional (PN), y en especial al herrerismo.

El senador Luis Lacalle Pou declaró a la prensa que apoya cien por ciento a los tamberos y fasoneros, pero negó cualquier vinculación de su sector con la convocatoria.

El miércoles Lacalle Pou respondió a las críticas efectuadas por el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, y por el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), quienes criticaron la “opinión inconsistente y peligrosa” del miembro de la oposición respecto a la política económica del país.

Lacalle Pou acusó de “intolerantes” a ambos integrantes del gobierno. “Descalificar una manifestación no nos conduce a una democracia plena, salvo que algunos añoren parecernos a Venezuela, a Cuba o al propio régimen K”, afirmó el senador.

Lacalle dijo que la causa de los productores lecheros entronca con aquellas problemáticas que su partido viene denunciando, “tales como el aumento tarifario, la no baja de los combustibles y, entre otras cosas, la falta de cumplimiento, por parte de Venezuela, del acuerdo entre los dos gobiernos, de exportación de productos de la industria láctea”, publicó Montevideo Portal.

“Enseguida salieron voces a criticar el origen de los manifestantes, a criticar la supuesta pertenencia de algunos manifestantes al Partido Nacional, y a decir que atrás de estas manifestaciones se encontraba nuestro grupo, nuestro partido. En primer término, eso no es cierto; en segundo término, si así lo fuera, ¿cuál es el problema, en una democracia, de que gente que puede estar afín a una idea se manifieste pacíficamente? Por otro lado, me parece lógico y justo que se discuta la plataforma de una manifestación, que se discuta el porqué y no el quiénes”.

En tanto, el Partido Colorado (PC) emitió, el mismo martes, un comunicado en el que reclama “medidas urgentes” para el sector lácteo, como la devolución de impuestos. En el texto, el Comité Ejecutivo Nacional del PC señala “la conveniencia de incrementar la devolución de impuestos a las exportaciones de lácteos en montos tales que compensen las importantes transferencias que el sector realiza a otros sectores de la economía. A la vez, que permita atender los costos incrementales que el sector sufre a consecuencia de tarifas desmesuradas, impuestos elevados, gasto público excesivo y tipo de cambio artificialmente bajo. Dichas transferencias significan costos incrementales que inviabilizan la producción lechera uruguaya dejándola fuera de la competencia internacional, a pesar de su reconocida productividad y eficiencia”.

La Federación Rural, a través de su presidente, Fernando Dighiero, también aseguró que no hay una motivación política. “Nosotros vamos a apoyar a cualquier productor que esté en dificultad, acá no hay nada político”, dijo.

Desde el Pit-Cnt se calificaron las medidas como iniciativas individuales, porque no contaron con el respaldo de las instituciones del agro ni de la central sindical.

Según informó La Diaria, la Asociación Rural del Uruguay optó por no convocar, mientras que la Asociación de Productores de Leche (APL) de San José calificó la medida de poco conveniente y alertó que los convocantes tienen “intencionalidades políticas claras”.

El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL) Carlos Cachón afirmó que la situación “no está tan afectada” como los productores aseguran.

Las declaraciones de que se trataba de actos apolíticos no impidieron que integrantes del PN y del PC se pronunciaran a favor.

El nacionalista Jaime Trobo publicó en Twitter: “Ahora FA acusa a los productores rurales q protestan x el aumento de las tarifas y x q no bajan los combustibles que tienen interés político” [sic]. Durante todo el martes, el diputado retuiteó fotos de las distintas manifestaciones.

Desde Caracas, el alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, se refirió en su cuenta de Twitter a la deuda que tiene Venezuela con el sector lácteo de Uruguay: “¿Los productores de leche uruguayos no sabrán que el gobierno venezolano les hizo default a quienes aquí producen alimentos?”

“¿Creerán que tienen algún privilegio para cobrar? Que se pongan de últimos en la fila de cobradores y esperen su turno, si es que les llega. Así son todas las quiebras”, tuiteó el opositor, de acuerdo con información del portal venezolano Sumarium.

El gobierno analiza adelantar a las empresas (Conaprole, Calcar, Claldy y Pili) algo del dinero adeudado por el país caribeño. Ricardo de Izaguirre, presidente del Instituto Nacional de la Leche, aseguró que la posibilidad es manejada por la ministra de Industria, Carolina Cosse, pero la decisión final la tomará el presidente Tabaré Vázquez.

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