—¿Cuál es el contexto histórico del delito en Uruguay? ¿Aumentó el lavado de activos?
—El lavado es la expresión económica de los delitos “por plata”. Todo delito que genera ganancias ilícitas necesita legitimar ese dinero. Si hay más crimen organizado, hay más lavado. Y sin dudas hoy tenemos más crimen organizado que antes.
El delito se tipificó en 1998, pero hasta 2005 no hubo ningún caso judicializado. El primer procesamiento fue en Ciudad de la Costa, y recién entonces comenzó realmente la historia del delito en Uruguay. En 2006, una evaluación internacional mostró un solo caso; en 2009, ya había 33 procesamientos. En 2019, GAFILAT registró 50 condenas, aunque advirtió que eran pocas para el riesgo del país.
El problema es que a partir de ahí los números cayeron: en 2023 el propio gobierno informó solo seis condenas en tres años. Es una caída enorme. Hoy hay más delitos que generan lavado, pero menos resultados. Esa falta de efectividad preocupa tanto a la SENACLAFT como al gobierno.
—¿Cuáles son las principales actividades o delitos que generan lavado en Uruguay?
—Históricamente, el narcotráfico es el principal. En 2009, de 33 procesamientos, 30 provenían del tráfico de drogas. La Policía Antidrogas trabajó muy bien en esa época, en coordinación con el Banco Central y la DGI. Además de drogas, hay otros delitos que también generan lavado: estafas, corrupción, contrabando. En total, la ley uruguaya prevé 33 delitos precedentes al lavado.
En cuanto a las actividades concretas, los lavadores usan el sistema financiero, inversiones inmobiliarias y estructuras societarias para ocultar quién está detrás de los fondos. También hay casos vinculados a zonas francas, importaciones y exportaciones, compra de autos de lujo, entre otros. Cada vez que se controla un sector, el lavado se desplaza hacia otro menos vigilado.
—¿Qué evaluación hace de la legislación uruguaya en la materia?
—La legislación es buena, incluso GAFILAT la consideró de las mejores de la región. El problema no está en la norma sino en la efectividad: tenemos las herramientas, pero no las usamos como corresponde. No aplicamos bien los controles, la supervisión ni las sanciones.
Hay un proyecto de ley en el Parlamento que busca justamente mejorar las condiciones de trabajo y corregir problemas prácticos. Pero el gran desafío no es teórico ni jurídico: es aplicar lo que ya tenemos y hacerlo con resultados.
—¿Por qué cree que la persecución del delito no logra mayores resultados?
—Yo creo que no es la justicia la que persigue poco, es que los uruguayos en general no somos conscientes de la gravedad que tiene ese delito.
Muchas veces los separamos de los delitos de sangre, de la violencia, de los sicarios, de las bocas de pasta base. Y atrás de cualquier sicario, atrás de cualquier boca siempre hay una estructura que depende del lavado de plata. Si el sicario o el gurí que en un barrio vende drogas y tiene una boca, afecta a la sociedad, hay que detectarlo, hay que castigarlo, hay que sacarlo de circulación. Pero si no tomamos conciencia de que atrás de esa boca hay un distribuidor, hay un mayorista, hay un tipo que lo trae del exterior, que la trae del exterior, ese tipo tiene otro nivel, tiene ganancias brutales. Eso le permite tener asesores que le dicen, no, esto no lo hagas a nombre tuyo, hacelo a nombre de esta sociedad. Le dan la forma de ocultamiento.
Ninguno de nosotros se siente víctima del lavado. Nos sentimos víctima de la inseguridad, de la violencia, de los robos de la droga, pero no del lavado. Y eso hace que toda la sociedad tenga una percepción de riesgo baja de este problema. Se controla poco, se investiga poco.
Nos sentimos víctimas de la violencia, de los robos, de la droga, pero no del lavado. Sin embargo, detrás de cada sicario o de cada boca de pasta base hay una estructura económica que depende del lavado de dinero.
Si no entendemos eso, no lo combatimos. El lavado parece un delito “de cuello blanco”, pero en realidad alimenta todos los otros. Esa baja percepción social del riesgo se traduce en poco control y poca investigación. Y algunas normas recientes incluso implicaron retrocesos. La reforma legal busca corregir eso, pero lo esencial es tomar conciencia.
—¿Cómo ingresa el dinero del lavado al país?
—Hay dinero que se genera en Uruguay —por ejemplo, en la venta de drogas, armas, estafas o corrupción— y también dinero que llega desde el exterior. En los años 2006 a 2008 detectamos organizaciones internacionales que traían plata desde España o México, muchas veces en efectivo, con “mulas” o transferencias.
Hoy sigue ocurriendo, pero con métodos más ágiles: giros bancarios, transferencias trianguladas o incluso movimientos informales en los que el dinero no se traslada físicamente. Y todavía se trae efectivo escondido, que no se declara en la frontera y luego se inyecta en la economía o se guarda en cofres fort, como vimos en el caso Balcedo.
—¿Qué pasa con el financiamiento de iglesias y partidos políticos?
—Son sujetos obligados por ley, es decir, tienen que controlar el origen de los fondos. Pero en la práctica han sido muy poco controlados. La ley de partidos políticos se actualizó, pero no funciona bien: en el papel está todo previsto, en la realidad no se cumple.
Pensamos que somos mejor de lo que somos, que no tenemos los riesgos que todos los países de la región tienen, pero parece que nosotros no. Entonces ahí hay una debilidad muy grande. Si no vemos los problemas no vamos a hacer nada para solucionarlos. Y eso es lo que en el tema del financiamiento de los partidos, en mi opinión, es lo que está sucediendo.
Cualquiera que entre a la web de la Corte Electoral verá que no hay información suficiente ni verificada. No sabemos si lo que se declara coincide con los gastos reales. Es una zona de riesgo enorme.
