Vía telefónica desde Perú contactamos al ex Ministro de Comercio Exterior de Pedro Castillo y congresista por el período 2021 - 2026 Roberto Sánchez, que por éstas horas está al frente de las movilizaciones en las calles que intentan llegar a un acuerdo para convocar a elecciones generales y acabar con la dictadura de la Presidenta de facto Dina Boluarte.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMECaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El ex ministro del presidente electo Pedro Castillo se encuentra en una campaña junto con las fuerzas democráticas de Perú para romper el blindaje informático nacional e internacional que distorsionan los hechos que están sucediendo en el país.
Mientras los “analistas” se apuraron a definir a Perú como una nación institucionalmente endeble, las fuerzas que promovieron movilizaciones contra el Presidente Castillo son las mismas por su ideología y por su posicionamiento económico y social en la sociedad peruana que llevaron adelante el golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia, contra Zelaya en Honduras, contra Rafael Correa en Ecuador , contra Lugo en Paraguay, contra Dilma y Lula en Brasil, y recientemente atacaron las instituciones públicas en el vecino país.
La característica general son acciones de desconocimiento del veredicto popular en las urnas, avalado por una suerte de “dictadura parlamentaria” que impone sus exiguas mayorías y la acción del poder judicial como un partido político.
¿Cómo se inicia éste proceso que tiene a la comunidad democrática internacional en vilo?
Esta guerra por el poder empezó antes que él (Pedro Castillo) asumiera su mandato por investidura, por voto popular. Hubo todo un plan para desconocer su victoria popular, inventaron un fraude e incluso fueron a instancias internacionales.
Todo era producto de reuniones conspirativas previas a su mandato y que luego se aplicó en la acción de un congreso obstruccionista, teniendo la oposición la mayoría en el congreso, con interpelaciones, censuras, declarando la vacancia (destitución) del presidente, con asambleas públicas donde la oposición gritaba “muerte al presidente Castillo”, un clima de confrontación permanente.
Al principio del mandato el Presidente Castillo recomendado por el acuerdo nacional envió un proyecto de ley para lograr un equilibrio de poderes, que asegurara y regulara de una buena vez la cuestión de confianza que es una prerrogativa del Poder Ejecutivo y la Vacancia por irregularidad moral que es una medida que le corresponde al congreso.
De haberse regulado esto implicaba que ni uno (Ejecutivo) cierra al otro (Congreso), ni el otro tranca al otro.
Esta situación no resuelta nos tiene hace 5 años con 6 presidentes de la república, porque al no tener el presidente mayoría parlamentaria, ésta se dedica a obstruir, a imponer medidas contra el Ejecutivo.
El parlamento impidió el Plan Consenso por el Perú, reguló la cuestión de confianza limitando los derechos del Ejecutivo inclinando la balanza del poder hacia el congreso que en adelante se convirtió en una suerte de Dictadura parlamentaria, boicoteando toda la acción del gobierno.
En ese contexto invocamos la Carta Interamericana de la OEA, la Carta Democrática, vino una misión que luego de varias reuniones hizo un informe contundente invocando a la tregua y al dialogo político pero la oposición lo desechó, nunca hizo caso.
¿En ese contexto Castillo plantea la disolución del congreso?
Entiendo yo que sitiado, asediado, de forma unilateral procedió a intentar cerrar el congreso, una medida sin base jurídica, sin hacer el procedimiento que corresponde que es hacer una sesión de ministros donde conste en actas, o sea que solo fue un intento y en el acto el congreso lo destituye, sin respetar el debido proceso, sin otorgar el derecho a la defensa y a las dos horas lo pusieron preso.
Que inmediatamente tuvo una respuesta popular
Desde entonces las gentes de los pueblos profundos del Perú han salido a protestar en lo que entienden una lesión a su identidad y su cultura, el desprecio a su voto ciudadano y la respuesta ha sido más de 50 muertos hasta el momento por el Estado de sitio, los toques de queda, la militarización, la criminalización de la protesta diciendo que todos son terroristas, narcotraficantes; un relato hegemónico de los medios de comunicación contra los cientos de aimaras, quechuas, amazónicos del norte, centro, sur oriente, centro del Perú ejerciendo su derecho a la protesta.
El relato de las cadenas internacionales y analistas políticos sostienen una suerte de constante inestabilidad institucional en Perú desde hace décadas.
El sistema político en Perú es semi presidencialista con un peso del parlamento sin llegar a ser parlamentarista, pero que funciona cuando el Presidente dispone de una mayoría parlamentaria.
Hace cinco años esto no ocurre desde que Keiko Fujimori logró bajo el gobierno de Pablo Kuczinsky una mayoría parlamentaria que inició actividades obstruccionistas y fue atroz, imponiendo una suerte de dictadura parlamentaria que definía vacancias y la respuesta era el cierre del congreso, uno tras otro.
Son normas jurídicas muy ambiguas y eso es lo que el gobierno de Castillo quiso regular, el equilibrio entre los poderes pero fue desechado por la derecha política.
¿Pero quienes se benefician con estas crisis?
Los que desde hace 30 años se benefician de un régimen constitucional y político que en su momento puede haber establecido estabilidad macro económica, récord de exportaciones, 3% del PBI, peso de la moneda peruana en la región pero es un modelo económico que se basa ni siquiera en los 15 grupos nacionales con aliados internacionales alrededor del gas peruano, el petróleo, el cobre, el oro, los recursos del mar y que desde el año 1993 es neoliberal mercantil. El Perú es un Estado que no tiene un ápice de soberanía sobre sus recursos.
Es el sector social que a través de Dina Boluarte se viene a hacer del poder, el sector que ha homogeneizado económicamente al Perú y el que elaboró el plan golpista contra el Presidente Castillo sobre la base de una discriminación a su origen andino.
Por eso el pedido de la gente es la necesidad de un nuevo pacto social, porque Chile es dueño de su cobre, Bolivia de su gas y petróleo, Colombia de su energía, Ecuador de su petróleo pero el Perú no es dueño de nada porque todo lo vendió hace 30 años el gobierno corrupto de Alberto Fujimori, que se encuentra purgando cárcel por delitos de lesa humanidad.
Ese fujimorismo esta encarnado por su hija Keiko Fujimori que desde hace 5 años viene impulsando éstas crisis institucionales que benefician a los grupos económicos que tienen rango constitucional, son contratos ley con resguardo constitucional, que no se pueden revisar y son cosa juzgada en todo ámbito.
Por eso debemos ir hacia una asamblea constituyente y una nueva constitución que según el Instituto de Estudios Peruanos, el 60% de la población pide la libertad de Castillo y el 66% de los peruanos está convencida de la necesidad una Asamblea constituyente y un 70% rechaza el gobierno de Dina Boluarte.
Las grandes cadenas internacionales de comunicación han presentado a Castillo como el Presidente que iba a llevar a Perú a este caos, ¿esto responde a la acción de intereses internacionales?
Es una guerra por el poder que se vive en América latina y que ante la debilidad de sistemas democráticos y su institucionalidad y la acción de políticos que defienden los intereses de los pequeños grupos económicos contra los derechos de las mayorías a la salud, la educación la vivienda, lleva a que todos los poderes se unan. Los medios de comunicación en Perú juegan un rol lamentable; lo ha denunciado la comisión interamericana de derechos humanos, lo han dicho los altos comisionados de la OEA. La discriminación al origen cultural de los peruanos es un relato impuesto desde los medios de comunicación y desde la clase política y lo ha sufrido en carne propia el Presidente Castillo.
Y el poder económico lo ha hecho realizando boicots, por ejemplo cuando se había logrado reducir el valor de los alimentos y los combustibles, nunca los bajaron porque apostaron a la especulación y el golpe.
El sistema de justicia peruano, la fiscalía juega un rol complicado alejado de los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y el debido proceso.
Pedro Castillo por su origen estaba sitiado por la clase política, el poder económico, la mayoría en el congreso, los medios de comunicación, por el Poder Judicial, yo lo he vivido como ministro de Castillo desde su primer hasta el último día.
Todos los presidentes previos a Castillo han sido investigados por hechos de corrupción demostrados pero su sentencia está durmiendo el sueño de los justos, pero a Castillo lo acusaron de supuestos ilícitos y por primera vez en 30 años un presidente fue investigado por jueces y fiscales, allanaron su casa, el palacio de gobierno, las casas de sus padres e hijos, los ministerios, una judicialización de la política.
¿Cuál es la situación en este momento y de las fuerzas democráticas?
Quechuas, aimaras y amazónicos están en Lima, se alojaron en una universidad decana de América, la Universidad mayor de San Marcos y en un acto increíble más de mil policías con tanquetas allanaron la universidad llevando adelante la represión más terrible desde los años 90.
Todos los sectores nos encontramos en estado de movilización permanente, generado redes alternativas para informar lo que está pasando por que los medios de comunicación dicen que es un gobierno democrático abierto al dialogo, que los manifestantes son financiados por fondos del narcotráfico, de negocios ilegales, pero el gobierno no ha instalado una sola mesa de diálogo y dicen que esto se resuelve con la supremacía de la fuerza bélica.
El progresismo hoy está en las calles y denunciando la situación a la comunidad internacional.
Todo esto choca contra las culturas originarias
Claro, contra su concepción consuetudinaria de los beneficios de la comunidad, de la convivencia comunitaria; nuestras comunidades ancestrales han sido formadas durante miles de años, mientras que el derecho romano constitucional de nuestras democracias modernas apenas tiene 200 años en el Perú y es un supino error no entender esta situación que está en el centro de las protestas y la problemática social y su respuesta ha sido asesinar las gentes como en Ayacucho, en el Puno, reprimidos con el uso de balas.
¿Cuál es tu situación personal desde el punto de vista de la seguridad?
Yo soy congresista y se me está acusando por los delitos de sedición y rebelión por el intento de cierre del congreso en el mensaje de Castillo, un mensaje que los ministros no tuvimos conocimiento, no hubo sesión del consejo de ministros ni lo pudimos discutir, pero ya se me inicio el proceso de acusación y el 3 de febrero podré responder pero seguramente se aprobará el pedido fiscal de quitarme los fueros.
En ese contexto mi decisión no es aislarme ni ocultarme sino seguir en las calles liberando a los 192 detenidos y en la lucha democrática.
Roberto Herbert Sánchez Palomino (Huaral, 3 de febrero de 1969) es psicólogo, congresista de la república para el periodo 2021-2026 y fue ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo desde el 29 de julio de 2021 hasta su renuncia el 7 de diciembre de 2022.
Temas
Dejá tu comentario
