Luego de la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), que marcó un hito en la historia reciente de ese país, se asentaron las bases para la búsqueda de espacios amplios de unidad y se abrieron escenarios de movilización que desde 2019 fueron generando un clima de cambio en la sociedad colombiana, y aunque la violencia y las organizaciones armadas aún operan en ese país, desde el Gobierno de Gustavo P etro se avanza en la intención de sellar un gran acuerdo nacional que permita cesar la violencia de forma definitiva, mientras se avanza en mejorar las condiciones de una población fuertemente atropellada por uno de los modelos neoliberales más arraigados en el continente.
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Francisco Maltés Tello tiene una larga tradición de lucha sindical en Colombia. Llegó a ocupar la presidencia de la Central Unitaria de Trabajadores entre 2021 y 2023, estando al frente de dicho organismo durante las decisivas movilizaciones que marcaron un antes y un después en la política colombiana y que fueron brutalmente reprimidas por el Gobierno de Iván Duque.
Maltés hoy es dirigente nacional del Pacto Histórico, fuerza de coalición que permitió juntar los esfuerzos dispersos de las expresiones alternativas en Colombia y llevar a la presidencia a Gustavo Petro, siendo este uno de los poquísimos países de Latinoamérica (si no el único) que nunca había transitado un gobierno alternativo a lo largo de su historia republicana.
Caras y Caretas conversó con Francisco Maltés sobre el balance de este año y medio de gobierno alternativo, las perspectivas políticas y electorales para 2026, año en que termina el mandato de Gustavo Petro y sobre cómo se ve al Uruguay de hoy desde esa parte del continente.
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La experiencia de un gobierno alternativo en Colombia es nueva en un país que viene de una fuerte inercia de derecha y es un referente del neoliberalismo más crudo en Latinoamérica. ¿Qué balance hace de este año y medio de gobierno el Pacto Histórico?
Gustavo Petro llegó al gobierno a partir de lo que se llamó en Colombia “el estallido social”, que inició el 28 de abril de 2021, donde se recogen las banderas de este movimiento y a partir de ahí se propone un programa de gobierno que finalmente resultó victorioso en las elecciones.
A partir de esa victoria, todas las fuerzas del establecimiento iniciaron la construcción de una narrativa en que el país se sumiría en una situación calamitosa en términos económicos y sociales con el fin de desanimar a la población. Sin embargo, a un año y medio de gobierno las cifras dicen otra cosa: el desempleo se ha reducido a niveles de hace 20 años por medio de la creación de 750.000 empleos, que además respetan los parámetros de la OIT, así como también se han reducido del 60 % al 57 % los niveles de informalidad. El promedio de devaluación del dólar no ha sido superior al de los demás países de la región, rondando la tasa de cambio en los $4.000 COP, así como se logró disminuir la inflación pospandemia a un solo dígito y el déficit fiscal que dejó el anterior gobierno se ha logrado reducir de cerca del 7 % del PIB a un poco más del 3 %, y reducir esta cifra en Colombia es muy importante, porque a ella viene ligada la tasa de interés a la que se pagan los préstamos de la nación.
De otro lado la oposición, por medio de la desinformación, ha venido promoviendo una serie de movilizaciones, donde desde el Gobierno se ha respetado ese legítimo derecho y no se han presentado situaciones como las del Gobierno Duque, donde cerca de 100 jóvenes sufrieron lesiones oculares, llegando a perder uno de sus ojos y cerca de 100 personas fueron asesinadas en las movilizaciones del 2021.
También la inversión extranjera ha tenido un repunte y el turismo ha aumentado cerca del 25 %. Entonces, pese a la agenda mediática instalada desde la ultraderecha, que quiere mostrar un panorama catastrófico, la realidad muestra que los logros son bastante sólidos en materia de gobierno.
El Gobierno ha impulsado una serie de reformas estructurales que han generado una fuerte oposición. ¿Cuál es el estado de esas reformas hoy?
En cuanto a lo que nosotros llamamos “reformas sociales” hemos encontrado dificultades. Las reformas a la salud, a la educación o al sistema pensional pretenden desmontar frentes neoliberales que se empezaron a instaurar desde los años 80, pero hemos encontrado ahí una gran resistencia en tanto las fuerzas alternativas representan únicamente el 25 % del Congreso y los avances han sido lentos. Sin embargo, esperamos que para el 2024 aumente la movilización social a favor de las reformas para que el Congreso de la República avance en esa dirección.
A partir de este balance, ¿cuáles son las perspectivas a futuro para el Gobierno de Gustavo Petro en términos de esas reformas estructurales?
Creemos que las reformas se van a lograr, tal vez no tal cual se han presentado, pero en lo grueso van a ser aprobadas a partir del aumento de la movilización social en favor de los cambios, y estamos seguros de eso porque se están llevando a cabo acciones pedagógicas en todo el país, pero también porque hay un sector del establecimiento mismo que ha comprendido que es necesario dar paso a estas reformas porque, de no hacerlo, posiblemente se genere un nuevo estallido social, que no sería contra el Gobierno sino contra los sectores más retardatarios que niegan unos mínimos cambios en el país. Y esto es verdaderamente importante, porque es esa movilización la que permite abrir la puerta para una posible continuidad de un gobierno alternativo en 2026.
En esa dirección, ¿qué perspectiva electoral se ve desde el Pacto Histórico para las presidenciales de 2026?
En este momento estamos reorganizando las fuerzas del Pacto, que es un frente compuesto por 13 partidos en los que hay un gran acuerdo sobre la necesidad de generar cambios en el país. Aunque hay diferencias sobre la magnitud de estos cambios, se continúa el proceso de reorganización con el fin de generar un programa único y unos mecanismos democráticos de elección para los cuerpos colegiados internos con un amplio espectro de participación de sus afiliados y afiliadas. De la misma forma se está prestando gran atención a los mecanismos de educación interna que formen a estos afiliados para las luchas que se están dando, de tal forma que lleguemos a 2026 en las mejores condiciones posibles para mantener a la izquierda en el gobierno.
¿Cómo se leen los resultados de las elecciones regionales del 29 de octubre pasado? ¿Ha quedado la sensación de que los resultados no favorecieron las apuestas del Pacto Histórico en lo regional?
Para estas elecciones se presentaron varias circunstancias que no permitieron obtener unos mejores resultados. En primer lugar hubo dificultades en la elección de varios candidatos a nivel interno por parte del Pacto Histórico. De otro lado hubo una campaña muy agresiva por parte de la ultraderecha que aún representa al establecimiento, lo que se juntó con un gran movimiento de dinero del narcotráfico y la corrupción en las regiones dirigida a la compra de votos, mientras que nuestros candidatos financiaron sus campañas con los recursos que el Estado provee por medio de la figura de reposición de votos, sin recibir dinero de contratistas o privados, lo que generó unos escenarios muy desiguales en el terreno electoral. Pero es indiscutible que tuvo que ver también un cierto nivel de desgaste del Gobierno, todos los gobiernos sufren un proceso de desgaste natural, que en nuestro caso hizo que no tuviéramos los resultados que esperábamos. Pero, aunque no son resultados excelentes, sí los consideramos satisfactorios, ya que se aumentó el número de gobernadores departamentales del Pacto Histórico, pasando de 3 a 9, mientras que se lograron 15 de 32 gobernaciones en coalición, se mantuvo el número de concejales y se aumentó el número de ediles.
Lo que desafortunadamente no se logró fue recuperar la alcaldía de Bogotá, que es lo que podríamos considerar como “la joya de la corona”, lo que ha dejado un sabor un poco pesimista. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Pacto Histórico logró mantenerse como fuerza política en Colombia.
Cambiando de escenario, ¿cómo se ve desde Colombia la situación política actual del Uruguay? ¿Se ha percibido el cambio de un país que hasta hace poco fue una referencia de estabilidad y equilibrio?
Claro que sí, pero es importante señalar que la corrupción es inherente a los gobiernos de derecha y ultraderecha; siempre se han enriquecido por medio de favores aún cuando siempre tratan de mostrar la mejor cara de su gobierno. Recordemos que Augusto Pinochet fue nombrado en diferentes ocasiones como la persona más honorable de Chile, pero cuando salió del gobierno se descubrieron, además de los horrores de la dictadura, que tenía muchísimas cuentas en dólares en el exterior, lo mismo sucedió con la dictadura en Argentina. Entonces es importante ver que estos gobiernos de derecha vienen manchados por esa corrupción, e incluso en muchas ocasiones directamente por el narcotráfico, como bien lo sabemos nosotros en Colombia, pero también ha pasado en Paraguay o en Ecuador, por poner sólo algunos ejemplos, donde la corrupción y el narcotráfico han logrado permear profundamente las estructuras del Estado. Por eso vemos con tristeza que no es una excepción lo que está ocurriendo hoy con el Gobierno de Lacalle en Uruguay.