¿Cómo analiza los cambios que propone el Gobierno a la ley de lavado de activos, particularmente el nuevo umbral para transacciones en efectivo?, y ¿qué parte del esquema se ataca con las medidas propuestas en el proyecto de ley?
El proyecto de ley recoge lo que muchos especialistas venían reclamando, sobre todo a partir de la Ley de Urgente de Consideración y otras cosas que no tienen que ver con la LUC, sino más bien con la actualización de normativas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con criptomonedas, delitos ecológicos, el tipo de estructuras como Conexión Ganadera también ya van a pasar a ser consideradas. Entonces lo global como que comprende casi todas las cosas.
Después, bueno, podría haber debate en el umbral para realizar transacciones en efectivo y cómo eso está vinculado con los estudios de debida diligencia. Es arbitrario el umbral que se pone y puede dar a opiniones varias.
Después está todo un tema que es más controvertido, que tiene que ver con la propuesta de eliminar a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Para mí, eso es un error. Imagino que también tiene que ver con cuestiones de negociación, de carácter político y fiscal, no solo con la herramienta como tal. Me parece que la herramienta hay que seguir probándola con otros actores, con voluntad y percepción de riesgo, concientizados de que este es un problema. En la actualidad me parece que la prueba está que no lo tiene. Entonces, deslegitimar la herramienta Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, sin probar a otros actores que están motivados, digamos, para ocupar ese lugar, me parece un error.
Después hay otras cosas que son problemas de diseño institucional que, haciendo los cambios respectivos, se eliminarían algunos problemas que se presentan actualmente y que no tienen que ver, a mi juicio, con que la Fiscalía especializada sea un problema.
¿Tal vez le faltaron recursos y nunca estuvo trabajando óptimamente?
Hay varias cosas. Está el tema de los recursos, de que demoró casi dos años en contratar a un contador. Son recursos o es la lentitud del sistema de la burocracia, también la gente que está ahí, que le falta como más impronta. Después hay mucha movilidad interna en esa Fiscalía; se fueron dos fiscales adscritos. Después, la sinergia que tienen con la Policía, entiendo que no ha estado fluida y además que son casos muy complejos que necesitan más estructura.
Pero además de todo eso, como si fuera poco, hay un problema de diseño institucional, relacionado con que cuando llega un delito propiamente de lavado de activos, lo asume la Fiscalía especializada; cuando son delitos de lavado activos por encima de 1.200.000 unidades indexadas también lo atiende la Fiscalía especializada. Entonces ahí se choca un poco con lo que hacen las otras fiscalías y, como no hay buena sinergia, con las fiscalías de estupefacientes, por ejemplo, se generan problemas de diseño institucional o problemas también en la interna.
Hay cosas que no tienen que ver con la herramienta en sí. Hay que poner a la gente indicada.
¿Hay un tema de falta de cooperación también?
Sí. claro, porque hay mucho secretismo, desconfianza, feudos. Es verdad, se te puede caer una investigación por confiar un dato a alguien y que lo maneje mal. Bueno, hay muchas de esas cosas también.
Durante el anterior gobierno bajaron los reportes de operaciones sospechosas, pero en lo que va de la nueva gestión se nota otra impronta en la Senaclaft a cargo de la Cra. Sandra Libonatti, nombrando como asesores a especialistas en la materia como Gil Iribarne y Espinosa, que usted muy bien conoce. ¿Considera positivo ese cambio de actores?
Sí, claro. Todavía es difícil evaluar. Los actores que mencionaste son muy calificados y aparte tienen impronta, van para adelante, actúan de forma oficiosa también, no esperan que le pidan cosas. Ese era un problema en el período pasado.
La Senaclaft tiene competencias, y si hay un problema de agenda nacional, donde posiblemente haya un caso de lavado de activos, la Senaclaft no tiene que esperar que le manden hacer un peritaje de lavado. No, puede actuar por su propia voluntad. Y eso fue lo que ocurrió ahora con Conexión Ganadera y antes no ocurría.
Y con respecto a los reportes de operaciones sospechosas, todavía no tenemos los datos, pero en tanto se espera que se eleve la percepción de riesgos con esta nueva gestión de la Senaclaft, los reportes pueden aumentar. Sin embargo, los reportes no son milagrosos, así que en general los casos no son alimentados por los reportes.
Los profesionales (contadores, escribanos y abogados), que son sujetos obligados a informar reportes de operaciones sospechosas, se quejan de que debería recaer en el Estado y no en ellos la responsabilidad de aumentar el control de las actividades sospechosas de lavado de activos. ¿Cómo analiza esa tensión?
Hay varias cosas. Hay todo un tema que tiene que ver con generar sensibilidades, concientización con que el lavado de activos es un grave problema que ataca a la democracia, un grave problema que está vinculado con homicidios. Es muy importante empezar a concientizar a la gente de este tipo de delito. Eso tiene que ir de la mano con una revisión también de los reproches penales para delitos de cuello blanco, que generan consecuencias mucho más graves que una simple rapiña. A veces una rapiña puede tener más tiempo de carga penal que algún delito vinculado con el lavado de activos. Eso es complicadísimo entenderlo de esa manera.
Después, tenés por otra parte a quienes defienden lo que llaman la industria financiera, que son gente con poder económico y poder político, y no colaboran en todo esto porque se sienten agredidos. Ellos no entienden que cuando las cosas se hacen de manera legal, nadie lo va a estar persiguiendo por nada. Pero bueno, sí ocurren muchas cosas de lavado de activos, que por lo tanto hay que perseguirlos, y bueno, muchos de ellos se sienten como ofendidos porque sienten que se les está acusando, o están defendiendo ciertos intereses.
Por otro lado, tenés el trabajo de los profesionales que más bien su reproche está vinculado con el tiempo que dedican a ese tipo de actividad y son cuestiones más operativas, lo que da cuenta de que también hay un problema de concientización sobre los riesgos realmente; y también tienen que entender que hay nuevos tiempos, hay que aggiornarse a los nuevos tiempos. Los nuevos tiempos en todo el mundo ponen a los sujetos obligados como colaboradores en materia de la detección del lavado de activos, porque son quienes están con los clientes, ellos no pueden eludir eso.
Pero por otra parte también hay que decir que es verdad que el Estado es el principal persecutor de este tipo de delitos. Después pasan un montón de cosas y te das cuenta de que no es así, de que el Estado se mueve muy lento, de que a veces es omiso. Entonces, claro, no se genera toda esa cultura asociada al riesgo donde todos tiran para el mismo lado. Entonces hay muchas rispideces sobre esos temas.
También hay que decir una cosa: quienes lavan dinero generalmente no utilizan estructuras que tienen cierto riesgo de que no puedan hacerlo, de que no puedan lavar. Finalmente van con actores que van a hacer su reporte para cumplir o no lo hacen, entonces ahí hay mucha cosa también para entrarle sobre el tema de la eficiencia del sistema.
En el caso de Conexión Ganadera, fallaron varios aspectos del sistema. ¿Cómo no se detectó esa gran maniobra fraudulenta durante tantos años?
Para mí hay un asunto de fondo de que el gran negocio es la protección, es lo que permite que esto funcione. Si no, no funciona. Hay personas especializadas en hacer que esto funcione y muchas veces no es que lo hacen, digamos, con una mala intención. A veces son en el marco de gauchadas, corruptelas no conscientes. Otras sí se dan en el marco directamente de corrupción. Pero, al fin y al cabo, lo que se protege es al negocio y ciertos intereses. La van navegando y piloteando hasta que explota todo.
Me parece que no hay que caer en la concepción de que todo esto no apareció en el radar, nadie lo vio, es una jugada maestra la que hicieron, todos fueron engañados... No, no, esto no ocurre en lugares que nadie ve, digamos a escondidas. Siempre hay gente que de alguna u otra manera visibiliza este tipo de cosas, lo que pasa es que lo tienen que denunciar. Bueno, ahí va todo el tema de lo que estábamos hablando: concientización, sensibilización con el riesgo de lavado de activos, pero al mismo tiempo con lo que está vinculado con corrupción, porque todo esto no se hace sin corrupción.
Hay un vínculo histórico entre el lavado de activos en Uruguay y la flexibilidad para recibir capital extranjero, al menos desde los años 70. ¿Cómo ha evolucionado esa relación en los últimos años?
Es una relación histórica. Ha cambiado mucho todo ese tipo de relación. También está condicionado por el Uruguay, por su capacidad de producir recursos. En parte, está necesitado de alguna inversión internacional. Entonces, es muy distinto lo que sucede cuando esa inversión llega a un segundo nivel de gobierno, a una intendencia que cuando llega a nivel estatal y cuando llega a nivel privado. Ahí hay muchas cosas para hacer.
Sobre todo en una época en los 70 y los 90, eso fue un grave problema. Hoy en día también sigue el problema; la estructura es distinta, pero sigue siendo débil.
Y bueno, ya ves lo que pasó con el caso de Boston River. Los hechos se dieron en el 2019, y recién en el 2021 la UIAF del Banco Central denunció, y en enero de este año se asignó el caso a la Fiscalía. O sea, pasaron seis años para analizar este asunto. La verdad es que las cosas no están funcionando bien a nivel burocrático.
¿Y los que lavan tienen otro tipo de velocidad, otro tipo de dinámica?
Eso ni que hablar, por supuesto.
El gran lavado de activos siempre está vinculado a gente de mucho poder, ¿son los grandes capitales los que abren la ventana para que otros capitales más espurios también puedan moverse y lavar sus ganancias?
Son riesgos. Cuando vos generás muchas facilidades para impulsar la obra pública, que vienen inyecciones internacionales del gran capital, ahí se te cuelan. El tema es que vos tenés que vigilar y tratar de detectarlo. Tampoco es que no tenés que favorecer la llegada de inversión extranjera, depende de cómo sea, por supuesto, pero sí tenés que generar los controles y es algo que no ocurre. Sobre todo la construcción es un buen ejemplo de eso.
En la red de lavado no solo están los que fabrican cuchillos -los creadores de sociedades anónimas offshore-, también hay personas casi intocables…
Se mezclan. Los vendedores de cuchillos son los especialistas que colaboran para que puedas lavar el dinero, hablando rápidamente. Y algunos de ellos son actores poderosos, no todos son clasemedieros. Tienen una larga reputación vinculados con la creación de estructuras societarias, que a priori se necesitan estudios que creen estructuras societarias, por supuesto. Así funciona el comercio, las finanzas, en fin. El tema es que hay una serie de hechos que históricamente se los vincula con hechos sospechosos.
En materia de investigación, ¿entiende que está en el debe, tanto en la Justicia como en el periodismo, profundizar en los delitos del poder?
Ni que hablar que los delitos del poder son mucho menos investigados por parte de todas las esferas de la sociedad que los delitos de los pobres por diversas razones.
¿Cuáles son esas razones?
Hay riesgos. Tienen mucho poder. Es desgastante meterse con ellos.
